La comunidad campesina indígena Tusca Pacha, de Palpalá, en Jujuy, vivió ayer una jornada de tensión extrema debido a un desalojo llevado a cabo por la Policía de la provincia. Hubo 4 demorados, tres quedaron imputados por desobediencia y judicial y fueron liberados por la tarde. 

La orden de desalojo fue dada por el juez Jorge Zurueta, a pedido de la fiscala Liliana Colqui.

En el territorio en disputa, la Comunidad del Pueblo Kolla Tusca Pacha y la Asociación San Marcos de Los Alisos habitan y desarrollan agricultura familiar. El conflicto es con la inmobiliaria Sucre, cuya propiedad adjudican al secretario de Asuntos y Relaciones Municipales, Javier Gronda, y a Alfredo González, que, según las organizaciones sociales, sería pariente del funcionario. 

Las personas detenidas integran el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Rosa Gutiérrez , José Luis Fuentes Alcoba, Andrés Deymona y Anastasia García, quien es además delegada provincial de la Secretaria de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Excepto García, a los demás los imputaron por desobediencia judicial.

La presidenta de la comunidad Tusca Pacha, Juana Mamaní, dijo a Salta/12 que la Policía desalojó y rompió la vivienda de Mariela Cañizares, que habita con su hija de 6 años. Además, contó que como autoridad comunal quiso denunciar el operativo violento y en la Comisaría 51 de Palpalá no se la recibieron. "A la compañera Herminia Portal le apuntaron en la frente con un arma. A un niño de 12 años le hicieron heridas en el brazo", y hay 7 personas heridas, entre ellas niños, sostuvo. 

Mamaní detalló que aún hay órdenes de desalojo para 5 familias de la comunidad y continúan las máquinas en el lugar. Ayer, las 6 de la mañana, alrededor de 100 policías rodearon el predio, y "avanzaron desarmando las casitas, tirando la bandera wiphala". Añadió que hubo violencia institucional y de género porque tiraron a mujeres sobre espinas, y las llevaron detenidas. 

"La policía rodeó la comunidad desde temprano, no dejaba ni ingresar ni salir a la gente que iba a trabajar. Nosotros tenemos hace un año este problema con Gronda que amenaza con desalojarnos", indicó Mamaní, quien dijo que son poseedores desde hace muchos años de esas tierras en que vivieron sus ancestros. Sin embargo, dijo que las pruebas presentadas por la comunidad ante la fiscala y el juez no han sido tenidas en cuenta al ordenar este desalojo. 

"Colqui es una funcionaria que no necesitamos porque como mujer mandó a violentar a las mujeres originarias que trabajamos en el campo", expresó la referenta. "El desalojo fue al principio del territorio, hay orden de desalojo de 5 familias. Está la máquina amenazando. Esto nos genera preocupación. La inmobiliaria nos hizo un juicio civil", contó.

Según Mamaní, la inmobiliaria pretende vender esos terrenos, y para ello se colocaron postes y se anuncia que tendrán agua y luz. Sin embargo, señaló la contradicción de que al tramitar ella estos servicios para la comunidad no se los concedieron porque le decían que eran terrenos inundables. 

La comunidad está integrada por 100 familias que poseen 80 hectáreas, tres son productores de vacas. En la mañana del martes, les quitaron 2 hectáreas y, según dijo Mamaní, quieren avanzar sobre 15 hectáreas más. "Los policías hicieron que retiremos a las vacas, eran como 30, las llevamos al corral de otro hermano", detalló.

En la tarde, Mamaní y otros referentes pudieron radicar las denuncias contra la Policía por violencia institucional y de género y por violencia contra las infancias. 

Proyecto inmobiliario 

La abogada María José Castillo, quien acompañó a las comunidades del territorio como parte del equipo jurídico del MNCI y que ahora es directora de arraigo rural y tierras agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, informó a Salta/12 que hay un proceso civil y también penal. 

"Hace unos años empezaron dos personas a pedir desalojos, antes se fueron suspendiendo por distintas presentaciones (que se interpusieron en defensa de las comunidades). Esta orden de desalojo se hizo efectiva", explicó Castillo.

La abogada indicó que ayer había alrededor de 60 personas de comunidades originarias, también integrantes de organizaciones sociales, de organismos nacionales como el INADI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), concejales, legisladoras y legisladores provinciales, entre ellos Fatima López, del Movimiento Evita; Alejandra Cejas, del FpV; Natalia Morales, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y Emanuel Palmieri, del PJ. Aún así se llevó a cabo el desalojo violento, con "balas de goma y máquinas rompiendo pertenencias de las familias como ranchos, hornos de barro y sembradíos". 

Castillo sostuvo que la orden de desalojo no estaba firme porque había otras presentaciones que resolver. Indicó que el INAI había realizado una presentación en el marco del expediente por la ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, que prohíbe los desalojos.

Además, destacó que una ordenanza municipal declaró a la zona en disputa como área de interés periurbano para la producción de agricultura familiar, y como territorio ocupado por familias campesinas e indígenas. En contraposición, "el proyecto inmobiliario es para instalar un parque industrial sin consulta, sin participación, quieren imponerlo sin conocimiento público", sostuvo Castillo. Añadió que los funcionarios del gobierno provincial y del Poder Judicial no contestaban el teléfono. 

Castillo precisó que en Jujuy estuvieron viendo al menos ocho casos de conflictos de tierras, donde "nunca se llevó de esta manera un desalojo". Señaló que las personas demoradas son referentes sociales, que fueron golpeadas, "todo agravado por la situación de pandemia, en el operativo, en su mayoría eran hombres, no hubo protocolo en materia de género", afirmó. 

La Mesa de los Organismos Nacionales en Jujuy emitió un comunicado de repudio al desalojo. El Pami, la Universidad Nacional de Jujuy, el INADI, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Anses, SENASA, ENACOM, Conicet, INTA, la Administración de Parques Nacionales consideraron que la medida es violatoria de los derechos humanos, individuales y colectivos; afirmaron que en una sociedad democrática los problemaso deben ser resueltos de manera pacífica; repudiaron particularmente la detención de García, y responsabilizaron al Ministerio de Seguridad, al Poder Judicial y al gobernador Gerardo Morales.