Un grupo de universidades públicas y sectores del Estado nacional comenzaron a brindar apoyo técnico y estrategias de comercialización a las empresas recuperadas por sus trabajadores. Son más de 400 pymes castigadas durante el gobierno macrista por el deterioro del mercado interno, los tarifazos, la apertura importadora y la falta del acceso al crédito.

La secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Avellaneda, Liliana Elsegood, explicó que la iniciativa surgió en la UNDAV, “que desde su origen ha desarrollado una articulación cotidiana y sistemática con el territorio, jerarquizando y valorando la construcción de conocimiento con las organizaciones populares”.

En diálogo con el Suplemento Universidad, Elsegood destacó que el proyecto “debe ser entendido no sólo como actividades anecdóticas que las universidades realizamos, sino como parte de una mirada y una planificación estratégica de un modelo de universidad comprometida con el desarrollo nacional, que no puede ser prefigurado desde los países centrales y que debe estar anclado en las necesidades, aspiraciones y la cultura de nuestro pueblo”.

A fines de septiembre, la UNDAV mantuvo una segunda reunión de asistencia para la readecuación productiva de curtiembres de la zona, junto a cooperativas del rubro. Participaron las empresas recuperadas Curtimplex, La Teresa y Cacique Trujui, además de integrantes del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina.

Además de la UNDAV, participan de estos emprendimientos conjuntos las universidades de Buenos Aires, La Plata, Quilmes, Lanús, General Sarmiento, San Martín, José C. Paz, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, San Juan y La Rioja, a través de la Red de Extensión Universitaria (REXUNI). La articulación con el Estado la realizan con los titulares de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo Murúa, y de la Subsecretaría de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles del Ministerio de Educación, Leandro Quiroga.

Para Sebastián Palma, secretario de Extensión de la UNLP, “las fábricas recuperadas representan la preservación y la generación de puestos de trabajo que organiza y garantiza el emprendimiento económico, dándole valor preponderante al trabajador por encima del capital”.

“Son una muestra de que el lucro no es una condición necesaria para la producción o la prestación de servicios desde el ámbito privado. La recuperación de empresas en nuestro país conforma un proceso que, si bien se inició durante el período neoliberal de los noventa, fue durante la recesión y la crisis del régimen de convertibilidad (entre 1998 y 2001) cuando cobra fuerza”, puntualizó Palma.

Con respecto al tipo de apoyo al sector, precisó que “se coordina la construcción de variables productivas y distintos tipos de asistencia técnica y capacitaciones, que están relacionados con los ciclos o momentos” y graficó: “Suele suceder que en las primeras etapas del proceso de recuperación de una empresa es importante el aporte de profesionales de las universidades nacionales y de otros estamentos del Estado que acompañan la consolidación de los colectivos y de sus capacidades productivas o de servicios”.

Proyección federal

Las empresas recuperadas son todas aquellas firmas que funcionan bajo gestión de sus trabajadores y trabajadoras. Están conformadas como cooperativas y provienen de una experiencia anterior quebrada o vaciada por empresarios, y son administradas por sus antiguos y nuevos empleados.

En el país hay 415 empresas recuperadas en las que trabajan cerca de 18 mil personas. Entre las principales figuran metalúrgicas, alimenticias, textiles, gráficas, gastronomía, industria de la carne, medios de comunicación y construcción. Hay también de hotelería, vidrio, minería, calzado, astilleros, editoriales, turismo y servicios públicos, entre una treintena de rubros.

Casi el 50 por ciento se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y solo el 3 por ciento en el noroeste del país, según datos del Registro Nacional de Empresas Recuperadas, organismo que por primera vez comenzó a confeccionar un listado oficial en la materia. Un puñado de cooperativos se ubica en Córdoba, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Mendoza, San Luis, San Juan, Río Negro, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego y La Pampa.

Más allá de los casos mayoritarios en los territorios porteño y bonaerense, la idea de la iniciativa es federal. La secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Eliana Perniche, aseguró que esa casa de estudios “ha realizado diferentes acciones y programas desde hace tiempo con proyectos de investigación que recorrieron diferentes etapas, para ponernos en diálogo con las comunidades y trabajar a la par”.

“Los conectores son diferentes personas de las instituciones y la universitaria con representantes de las empresas recuperadas, que miran hacia el futuro y participan familias completas. En el proceso dialéctico nos transmitieron que existe un vacío gubernamental que en principio radica en el desconocimiento. Desde la universidad podemos decir que cada una de las empresas tienen el valor agregado de más alto nivel”, señaló Perniche a este suplemento. Y enfatizó que durante el macrismo el sector de las empresas recuperadas fue “castigado” por las políticas neoliberales.

Por su parte, la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Liliana Ortiz Fonzalida, recordó que las firmas que debieron recuperarse por parte de los trabajadores son el fruto “de las diferentes crisis económicas en la historia reciente del país, que provocaron el cierre de empresas”.

Ortiz Fonzalida citó como antecedente a esta vinculación entre universidades y empresas a la propuesta lanzada en 2018 por el rector de la UNLaR, Fabián Calderón: la creación de la Comisión de Economía Social, Solidaria y Territorial, en el ámbito de la Secretaría de Extensión, conformada por docentes, nodocentes, estudiantes y graduados, “que trabajan o estudian la temática, y por cooperativas, mutuales o representantes de la economía popular que les interesa el trabajo con la universidad”.

Recuperar el empleo formal

Desde el Ministerio de Educación, Quiroga aseguró que “muchas universidades están acompañando a las empresas recuperadas en todo el país, porque estamos pensando en políticas pospandemia para ese sector”.

“Vamos a acompañar el fortalecimiento de esas experiencias teniendo en cuenta todo el recurso humano de las universidad públicas nacionales. Tenemos que articular programas específicos”, subrayó Quiroga a este suplemento.

Precisó que entre el respaldo que podrían hacer las universidades para las empresas recuperadas figura “el asesoramiento y apoyo técnico”, y ejemplificó que “hay muchas unidades académicas que trabajan con el tema de las energías sustentables”.

“Otras podrían ser estrategias de comercialización, para las empresas de sectores productivos. La idea es empezar a fortalecer el sector para la post pandemia con diferentes herramientas, porque es muy complejo hacerlo de manera virtual. La idea básica es recuperar el empleo formal”, enfatizó el funcionario.

La lucha de los trabajadores

“La escala y las características del fenómeno de las empresas recuperadas han sido de tal magnitud que concitó la atención intelectual y política en otros países”, reflexionó el director decano del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Rodolfo Pastore. Y remarcó que “en gran medida ello se explica, además del origen estructural, por los antecedentes organizativos y de lucha por derechos de los trabajadores argentinos”.

De las pymes rescatadas, el 16,1 por ciento son metalúrgicas; 13,25 alimenticias; 11,33 gráficas; 10,36 textiles; 5,78 gastronómicas; 4,82 industrias de la carne, 4,58 medios de comunicación; 3,37 construcción; 3,37 salud; 3,13 educación; 2,89 plástico y 2,65 cuero y marroquinería, según datos de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas.

La lista se completa con los rubros madera/aserradero (2,41); química (2,41); transporte (2,17); calzado (1,69); comercio (1,93); logística y servicios (1,20); minería (1,20); hotelería (0,96); vidrio (0,96); combustible (0,72); papel (0,72); caucho (0,48); agropecuaria (0,24); astilleros (0,24); editorial (0,24); laboratorio (0,24); turismo (0,24) y servicios públicos (0,24).

Pastore advirtió que “luego de cuatro años de crisis neoliberal con tarifazos de servicios públicos, caída del mercado interno, apertura importadora y estanflación, la pandemia vino a agudizar los problemas de sostenimiento que enfrentan las empresas recuperadas”.

En declaraciones a este suplemento, destacó que el gobierno del Frente de Todos haya generado “ámbitos específicos para atender las necesidades del sector”, como la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas y la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Esa Comisión Técnica Asesora fue creada en junio pasado y tiene como tarea específica confeccionar y mantener actualizado el Registro Nacional de Empresas Recuperadas, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. La base de datos se constituye con información colectada por el registro del INAES, con la colaboración del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas dependiente del Programa Facultad Abierta de la UBA.

El análisis de Pastore sirve para pensar el presente y vislumbrar el futuro: “El escenario actual es crítico y requerirá de un esfuerzo conjunto para poder afrontar los efectos en las organizaciones que ya se encuentran funcionando, como así también en el acompañamiento de aquellas experiencias que inicien el camino de recuperación, ante el grave contexto de crisis y situación compleja de muchas empresas en la actualidad”.