Roberto Guillermo Bravo lleva 47 años viviendo en Estados Unidos. Se radicó allá un año después de la Masacre de Trelew, el asesinato de prisioneros políticos que él protagonizó. Desde entonces logró evadir la Justicia argentina. En un intento para que su impunidad no siga prolongándose más allá de las fronteras, cuatro familiares de sus víctimas presentaron una demanda civil ante una corte federal en el distrito sur de Florida contra el exoficial de la Armada, apoyados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y la Rendición de cuentas (CJA, por sus siglas en inglés). 

El 22 de agosto de 1972, 16 presos políticos fueron asesinados en un fusilamiento en la base Almirante Zar de Trelew. El hecho fue presentado por la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse como un intento de fuga frustrado. En realidad, fue una represalia por la fuga que habían protagonizado una semana antes junto con sus compañeros desde el penal de Trelew. Otros tres presos fueron heridos gravemente, pero sobrevivieron. Los tres sobrevivientes de Trelew fueron víctimas de la dictadura que se inició en marzo de 1976.

Bravo fue uno de los fusiladores, pero, a diferencia de dos de sus compañeros, nunca llegó a sentarse en el banquillo. Al momento de la masacre, era teniente de corbeta de la Armada, a la que se había integrado en 1964. Rápido, en 1973, logró irse como agregado militar a la embajada argentina en los Estados Unidos. Nunca volvió. En 1987 se naturalizó como ciudadano estadounidense. Argentina reclamó su extradición en 2010 y 2019, pero hasta ahora no hubo suerte.

La demanda ante la Corte de Florida fue presentada por Raquel Camps (hija de Alberto Camps, sobreviviente de la masacre de Trelew y víctima de la última dictadura), Eduardo Capello (sobrino de Eduardo Capello, asesinado en Trelew), Alicia Krueger (compañera de Rubén Bonet, asesinado en Trelew) y Marcela Santucho (hija de Ana Villarreal de Santucho, asesinada en Trelew).

“Los demandantes interponen esta demanda contra Bravo, solicitando una indemnización compensatoria y punitiva por su papel en la ejecución extrajudicial, el intento de ejecución extrajudicial y la tortura de sus familiares en la Masacre de Trelew y durante su detención de una semana en el Almirante Zar”, dice la presentación a la que accedió PáginaI12.

"Bravo conspiró con sus subordinados y otros oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas para planear y llevar a cabo la masacre de Trelew. Bravo conspiró y actuó de manera concertada con uno o más integrantes de las fuerzas militares argentinas de acuerdo con un plan, diseño y esquema común para torturar a los prisioneros políticos detenidos en la base Almirante Zar y para llevar a cabo la masacre de Trelew, como resultado de la cual Rubén Bonet, Eduardo Capello I, Alberto Camps y Ana María Villarreal de Santucho fueron sometidos a las violaciones aquí descritas", detalla la demanda.

El rol en la masacre

En la madrugada del 22 de agosto de 1972, Bravo y otros cuatro oficiales aparecieron en el pabellón donde estaban detenidos los 19 presos políticos. Le ordenaron al cabo Carlos Marandino que abriera las celdas donde los prisioneros dormían. Entraron a las patadas, los despertaron y les ordenaron que se formaran junto a la pared. Sin más, abrieron fuego.

Bravo empezó a gritar que todavía había alguno con vida. Así que empezó a recorrer las celdas. Entró al calabozo que compartía Camps con Mario Delfino. A Camps le pegó un tiro en el abdomen. A Delfino lo mató. Después hizo lo mismo con Alberto Del Rey. La metodología se reprodujo en todos los casos. Trece murieron en el acto. De los seis que quedaron heridos, sólo tres sobrevivieron.

Ana María Villarreal de Santucho estaba embarazada cuando la fusilaron de múltiples balazos. A Capello lo mataron de un tiro en la cara. Bonet sobrevivió inicialmente, pero murió después de pasar largas horas sin atención en la enfermería. Camps sobrevivió al igual que María Antonia Berger y Ricardo Haidar. Ellos tres terminaron siendo víctimas de la última dictadura.

En La Patria Fusilada, los tres sobrevivientes relataron a Francisco "Paco" Urondo sus días en Trelew. Camps señaló a Bravo como el militar más encarnizado con los presos políticos. "Había cuatro turnos de guardia, pero uno se empezó a destacar como verdugo: era el turno del teniente Bravo", relató Camps. "En el caso de Bravo, buscaba excusas para darnos la sanción. La sanción, por llamarla  así, era hacernos desnudar y hacer cuerpo a tierra boca abajo o de espaldas en el suelo; o pararnos lejos de la pared y después hacernos apoyar con la punta de los dedos en la pared; eso entumece los dedos".

Un represor en Miami

Bravo ya está al tanto de la demanda, fue notificado ayer. Acusado formalmente por la Justicia argentina en 2008, nunca dio explicaciones. En 2010, consiguió que un juez estadounidense rechazara su extradición. El año pasado, el caso se reabrió y Bravo fue detenido ante un pedido de extradición, pero lo liberaron después de pagar una garantía personal de 4 millones de dólares y una fianza de un millón de dólares.

El represor vive en una casona en el norte de Miami. Tiene pileta y hasta un yate propio. La vida en Estados Unidos fue especialmente provechosa para el exmarino. Como reveló este diario, Bravo montó una empresa que llevaba por nombre sus iniciales, RGB Group Inc. La compañía se dedicaba a prestar servicios médicos a las fuerzas militares estadounidenses.

La masacre de Trelew es considerada por la Justicia argentina como un crimen de lesa humanidad, algo que ratificó la Cámara Federal de Casación en 2014. El caso sigue pendiente de análisis en la Corte Suprema y fue uno de los expedientes que los organismos de derechos humanos y el Ministerio de Justicia le reclamaron recientemente al presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, que resuelva a la brevedad. En 2016, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama visitó el país, la extradición de Bravo fue reclamada también por los organismos y por la procuradora en aquel momento, Alejandra Gils Carbó.