Con la firma del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y las demás autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), fue apelada anoche la última resolución en la causa por Facundo Castro. "Para investigar a las fuerzas policiales es necesario apropiarse genuina y fuertemente de una dimensión de los Derechos Humanos, dado que la violencia criminal que caracteriza a las policías traduce una masiva violación de los derechos básicos elementales, del derecho a la vida y la integridad física por cuyo resguardo nuestro país enfrenta responsabilidad internacional", dijo el organismo en el texto presentado ante los camaristas federales de Bahía Blanca, y al que accedió Página12. 

"La decisión (apelada) se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo", dijo la CPM sobre la reciente resolución de la jueza federal de Bahía Blanca Gabriela Marrón que rechazó una gran cantidad de medidas de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas de la causa Facundo Astudillo Castro. 

Página12 informó el lunes que los fiscales especiales Andrés Heim y Horacio Azzolin habían elaborado una extensa solicitud de medidas de pruebas, en el marco de elementos consolidados como el hallazgo de rastros de ADN compatibles con el perfil genético del joven de Pedro Luro, entre ellas el secuestro de 50 teléfonos de oficiales superiores de la Policía Bonaerense y el allanamiento de sedes policiales de Villarino. Heim y Azzolin también apelaron ante la Cámara, donde argumentaron que "un Juez no puede hacer una defensa corporativa respecto a los integrantes de la institución policial destinatarios de la medida de coerción que fuera rechazada". Y los abogados de Cristina Castro se sumaron con su firma al escrito presentado por la CPM.

"Ante la gravedad institucional de este hecho, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación profunda, expeditiva y eficaz; sin embargo, la actitud de la jueza Marrón es diametralmente opuesta, y de seguir este camino sólo será garantía de impunidad", dijo el organismo de derechos humanos provincial, que es querella institucional en esa causa en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Esta magistrada se había expresado en duros términos en su resolución de rechazo de las medidas. A su criterio, Facundo nunca pasó por las comisarías de Mayor Buratovich, Teniente Origone o ninguna otra; y consideró que los policías no pueden ser "chivos expiatorios", que no pueden ser "perseguidos por su condición de policías" porque eso "reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país”.

La familia de Facundo y los abogados de Cristina Castro, junto a la querella de la CPM y a los fiscales Heim y Azzolín entienden que "con las pruebas que existen en la causa Facundo Astudillo Castro la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte". Sobre la base de ese material probatorio, los fiscales pidieron el secuestro de los teléfonos celulares de los policías superiores de los agentes vinculados a la investigación y el allanamiento de destacamentos policiales donde se encontraron objetos pertenecientes a Facundo Astudillo Castro, además de un rastro humano compatible con el perfil genético del joven. 

"A pesar de la enorme pertinencia de este pedido, fundado en pruebas ya existentes en el expediente, la jueza Marrón rechazó una gran parte de las diligencias solicitadas por los fiscales y las querellas", dijo la CPM al informar que "la decisión fue apelada ante la Cámara Federal". Y advirtió que "la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que será garantía de impunidad". La abogada Margarita Jarque, que interviene en el expediente, dijo que "cuando se investiga delitos de gravedad institucional, como la desaparición forzada de personas, las recomendaciones internacionales y las reglas y principios procesales de la normativa nacional obligan a las y los funcionarios judiciales a adoptar medidas que promuevan una investigación profunda, expeditiva, eficaz y respetuosa de las víctimas; todo lo contrario a lo que está haciendo la jueza Marrón". Por su parte, la familia evalúa la recusación de la magistrada e incluso una denuncia penal.

La CPM fundamentó su crítica al decir que "denegar las peticiones probatorias de los fiscales tiende a establecer una peligrosa brecha entre la verdad material y la verdad judicial". Y agregó que "en la arbitrariedad de sus decisiones llega a cuestionar la palabra de Cristina, la mamá de Facundo, víctima y querella en la causa". Y "se pronuncia para desacreditar al perito adiestrador canino Marcos Herrero, y de esta manera busca restar valor a dos pruebas claves de la causa: el amuleto hallado en el puesto de vigilancia de Teniente Origone y un pedazo de turmalina encontrado en un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca, el mismo que el 8 de mayo, sin razón alguna y alejado decenas de kilómetros de su radio de circulación, estuvo en la zona donde posteriormente fueron hallados los restos de Facundo".