Juan Grabois aseguró que Isabel Rodríguez Varela y Manuel Etchevehere, hija y nieto del ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla y autoridades de la Sociedad Rural, violentaron el departamento y amenazaron a los hijos de Dolores Etchevehere para extorsionarla en el marco de la disputa por la herencia de la familia.
El abogado de la única heredera mujer de una de las familias más poderosas de Entre Ríos, dio los detalles del episodio que llevó a que los hijos de Dolores deban estar custodiados por la Policía Federal: "Les patearon la puerta y les dijeron tienen las horas contadas. Es un edificio nuevo y lograron entrar por la puerta principal hasta llegar a su departamento". Agregó que "esto ya se denunció en el mismo juzgado que también tramita la denuncia por extorsión, amenazas y violencia económica".
"Ayer fueron a amenazar a mis hijos, por lo que el juez federal, dispuso su custodia", denunció Dolores Etchevehere a través de un video en la cuenta de twitter del Proyecto Artigas.
Mientras en Capital Federal los integrantes de la familia violentan departamentos y amenazan a los hijos de Dolores, el ex ministro de agricultura, ganadería y pesca macrista Luis Miguel Etchevehere presiona para lograr el desalojo de los "intrusos" a la estancia Casa Nueva en Entre Ríos, una de las tierras en disputa donde funciona el Proyecto Artigas, bajo el argumento de un avance contra la propiedad privada. Dentro del grupo de intrusos se encuentra su hermana Dolores Etchevehere y el resto de los integrantes de este proyecto que tiene como objetivo llevar adelante un modelo agrario sostenible en tierras donadas por Dolores.
Con camionetas, jinetes, tractores y un discurso de violencia en que tratan a los ocupantes de negros de mierda, "de esos que odiamos tanto", integrantes de las corporaciones agropecuarias concentraron en el ingreso de la estancia. Desde allí, Luis Miguel Etchevehere, aclaró ante las cámaras de televisión que eran "gente pacífica que nos estamos manifestando al costado de la ruta, republicanos y respetuosos de la ley y la justicia".
Las denuncias realizadas por su hermana producto de una investigación de más de once años por actos de corrupción, violencia e impunidad, que incluyen falsificación de firmas, administración fraudulenta, evasión fiscal por cuentas en el exterior no declaradas, lavado de dinero, explotación laboral, acceso a tierras fiscales a precios viles y violencia económica, exponen una situación disímil a la narrativa que el ex presidente de la Sociedad Rural quiere instalar.