El Gobierno envió al Congreso dos proyectos de ley enfocados en la industria de la construcción. Uno otorga incentivos tributarios para inversiones en obras y la posibilidad de blanquear dinero para destinarlo a la actividad, y de esta forma “movilizar ahorros”. El otro plantea un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario para vivienda, dejando atrás el sistema UVA para el deudor, y reemplazándolo por una tasa ajustada a la variación salarial. El objetivo es por un lado “dinamizar la economía y generar puestos de trabajo” y por el otro “atender el déficit habitacional”, según indicó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Blanqueo

Uno de los proyectos apunta a beneficios tributarios para quienes canalicen sus ahorros en inversiones en construcción. Serán eximidos del pago del impuesto sobre bienes personales durante dos años y obtendrán crédito fiscal igual al uno por ciento del desembolso. También propone el diferimiento y ajuste al impuesto a las ganancias y al impuesto sobre las transferencias de inmuebles, adecuado el monto imponible a su evolución en términos reales y alineando el momento del pago al momento de percibir los ingresos por la inversión, según explicó Guzmán en su cuenta de Twitter.

Sin dudas la novedad del proyecto pasará por el blanqueo de capitales. Los inversores podrán declarar ante la AFIP tenencia de moneda nacional o extranjera en una cuenta bancaria, siempre y cuando se destine a la construcción. Deberán pagar un único impuesto con una alícuota creciente en el tiempo, pero no se le cobrarán todos los impuestos por no haber tributado, y quedará liberados de cualquier acción penal, por lo que no regirá la figura de evasión fiscal. “Se le concederá un bloqueo fiscal respecto a la eventual omisión de impuestos nacionales sobre esos fondos”, aseguró Guzmán.

Créditos

El otro proyecto detalla la letra chica de las medidas económicas que había anunciado el Gobierno a principios de octubre, dónde anticipaba la creación de un sistema de promoción del crédito hipotecario, actualmente inaccesible. Las líneas serán para construcción sobre terreno propio, adquirir o cambiar una vivienda por una a estrenar (sólo para primera escritura), adquirir o cambiar de vivienda única para ocupación permanente, refacción, ampliación o terminación.

Los nuevos créditos hipotecarios se actualizarán por variación salarial (CVS) para el deudor, mientras que para el acreedor será por unidades actualizadas por CER, un coeficiente que refleja la evolución de la inflación, y por el Índice del Costo de la Construcción (ICC), para que no se pierda el “incentivo” para los bancos. Para cubrir el descalce entre salarios e inflación, y fomentar el mercado de capitales, se creará la Sociedad Hipotecaria Argentina, que administrará el Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción, que será el que cubrirá los desfasajes de cuotas. 

El fondo fiduciario será solventado con una porción de la cuota del crédito (prima que deberá pagar el deudor), aportes de las entidades bancarias, la misma rentabilidad del propio fondo y aportes iniciales que hará el Tesoro Nacional. Otra de las tareas del fondo será la de la educación financiera: “Permitirle al deudor comprender el mecanismo de ajuste y cuantificar riesgos”, detallaron fuentes oficiales.

Acuerdos

Las medidas terminaron de definirse este miércoles tras una reunión en el Ministerio de Economía en la que participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, empresarios del sector privado, sindicatos y legisladores, dado que el proyecto deberá ser aprobado por el Congreso. Tras el comienzo del acuerdo económico y social esta semana, el Gobierno busca avanza en políticas consensuadas con los distintos sectores, y de manera similar lo hará en las próximas semanas con un proyecto de ley agroindustrial.

Participaron diversos funcionarios del gabinete económico: Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Mercedes Marcó del Pont (AFIP), Cecilia Todesca Bocco (Jefatura de Gabinete), Claudio Moroni (Trabajo) y María Eugenia Bielsa (Hábitat). Por parte del sector privado participó Ivan Szczcech y Ricardo Griot, presidente y vice de la Cámara Argentina de la Construcción, quienes en julio pasado le habían alcanzado al gobierno un borrador con un proyecto de blanqueo similar. De ese mismo borrador habían participado miembros de la Uocra, que también se hicieron presente en la reunión de este miércoles: Gerardo Martínez (secretario general), y Gustavo Gándara (subdirector). Del lado del Congreso, participaron la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, y la presidenta de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, Magdalena Sierra.