Buscan a miles de bebés robados por el franquismo

Desde Barcelona

Si la Justicia en general va lenta en España, qué decir de su desarrollo en relación al capítulo más negro de su historia, ese que casi nadie se atreve a recordar. La Justicia prácticamente no se mueve en la búsqueda de los miles de desaparecidos durante el franquismo, y menos todavía en el esclarecimiento de los 30 mil bebés robados que en este periodo fueron contabilizados, ni de los que no figuran pero están, no sólo durante la dictadura sino también ya muy entrada la democracia. Por eso mismo, por este desinterés de las autoridades –o por el interés en mantener escondido para siempre el horror y sus responsables– es la sociedad civil la que tomó las riendas y consiguió que se dieran los primeros pasos. En Cataluña, después de 6 años golpeando puertas, asociaciones como SOS Bebés Robados fueron finalmente escuchadas y su Parlamento resolvió crear un grupo de trabajo para estudiar los casos de desaparición de bebés y niños tanto en los años de la dictadura de Franco como ya en democracia. 

La diputada Magda Casamitjana fue la impulsora de esta iniciativa que “quiere dar respuesta a las decenas de propuestas que se han hecho y las demandas de las entidades”, tal como lo explicó tras la sesión en el Parlamento. El objetivo final es un informe para la posterior aprobación de una ley muy clara sobre la desaparición de menores en Cataluña que permita acceder a los archivos que muchos hospitales, clínicas, maternidades e, incluso, iglesias se niegan a abrir. “Esperamos que se consiga, de una vez, investigar a fondo, y que nos declaren víctimas, como ya se ha conseguido en otras comunidades”, afirma Adelina Ruiz, presidenta de SOS Bebés Robados Cataluña. “A partir de aquí, justicia gratuita, ayuda psicológica, pruebas de ADN, investigación científica... Pero, sobre todo, justicia”, reclama la activista que desde el 2011 trabaja conjuntamente con el resto de entidades que desde diferentes ciudades del Estado conforman la plataforma. Las madres, los padres, los hermanos o los tíos de menores desaparecidos que se asociaron en Cataluña –200 personas– luchan a solas contra la indiferencia de las instituciones. “Yo busco a mis gemelas desde el año 80. Mi informe médico no apareció y por eso archivaron el caso, pero finalmente conseguí suficientes pruebas y hace tres meses se ha reabierto la causa”, explica Adelina Ruiz. “Tú  estás haciendo de detective y de todo y te tienes que mover sola, así que llegas hasta donde puedes llegar. Además, no tenemos el poder para acceder a los archivos porque el gobierno no nos quiere declarar víctimas y sin orden judicial ni siquiera se los dan a los fiscales”, puntualiza la presidenta de SOS Bebés Robados Cataluña. El reconocimiento del robo de bebés como un crimen contra la humanidad es una llave que el gobierno de Mariano Rajoy guarda recelosamente, mientras las víctimas no dejan de reclamarlo como indispensable para el avance de las investigaciones. Hace dos años, las familias perjudicadas tuvieron que marchar a Bruselas para que se atienda su petición y la Comisión Europea las reconoció como “claras víctimas de crímenes contra los Derechos Humanos”. En esta línea, también algunas comunidades españolas reaccionaron y los parlamentos canario y andaluz concedieron a los afectados la condición de víctimas, además de exigir al gobierno central la creación de una base nacional de datos genéticos y la repetición de las pruebas de ADN, fuera del negocio de los laboratorios privados. 

A pesar de la desatención oficial, las víctimas cuentan con la ayuda de otros actores que, como ellas, quieren conocer la verdad. En la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV) se conformó el pasado octubre el Comité Científico del Observatorio de Desapariciones Forzadas de Menores (ODFM), dirigido por el profesor de Derecho Internacional Público de la URV, Santiago Castellà, con el objetivo de dar voz académica y universitaria a esta cuestión y contribuir a la labor de las asociaciones de víctimas. El ODFM tomó como punto de salida la tesis doctoral de Neus Roig, antropóloga y presidenta del Observatorio, la cual investiga las desapariciones de bebés desde el comienzo de la dictadura hasta el año 1996. Desde el 38 hasta el 52. “Una vez acabada la guerra empiezan las desapariciones, porque las mujeres republicanas entran en las cárceles con sus hijos o embarazadas o son violadas dentro. Este es nuestro primer punto de estudio y es muy complicado por el hecho de que se ha destruido casi toda la documentación”, explica Neus Roig. Durante este período, la influencia de la Alemana nazi es patente en España y uno de los aspectos que lo revela es la implementación de la idea venida de las granjas de mujeres rubias que Hitler impulsó para promover la reproducción de “la raza aria”, según la cual si al bebé se lo separa antes de los 3 años y se le cambia la identidad no tendrá ningún recuerdo. “El psiquiatra español y comandante del ejército, Vallejo-Nájera llegó de Alemania considerando que no había que matar a los menores republicanos porque nos quedábamos sin niños, entonces convence de aplicar aquí esta doctrina y de sancionar la Orden de 30 de marzo de 1940 para permitir que se pudiera decidir quién era la persona o Institución adecuada para cambiar la identidad del menor y desvincularlo de su familia natural”, señala la Doctora Roig. Cuando, en 1952, dejan salir de la cárcel a las mujeres prisioneras que se habían arrepentido de ser republicanas, ya no se pudo recuperar a ninguno de los nacidos muros adentro ni de los mayores de tres años que habían ingresado con las madres porque una ley dictada en 1941 permitió destruir la documentación de los nacimientos en el Registro civil y sustituirla por las nuevas filiaciones. 

El ex juez Baltasar Garzón calcula que en esta etapa son 30 mil los niños desaparecidos. Desde el 52 hasta los años 60. En 1952 se creó el segundo Patronato de la mujer, para recoger a las madres solteras. “Durante la República española la mujer avanzó muchísimo, existía el divorcio y el hecho de ser madre soltera no se consideraba ninguna lacra, pero cuando se acaba la guerra y entra la iglesia católica ser madre soltera empieza a considerarse una deshonra familiar”, explica la antropóloga. “A partir de aquí se obligó a las madres solteras a dar a sus hijos en adopción porque nadie las daba trabajo y las mismas familias las echaban de casa”. De los años 60 hasta el 96. Esta etapa estuvo marcada por el poder del Opus Dei y sus acuerdos con Franco con el fin de que todas las familias tuvieran hijos. “La primera fuente fueron las madres solteras pero, como no había suficientes hijos, empezó el negocio de la venta de bebés con la complicidad de las monjas que regentaban las maternidades”, expone Roig. “Las adopciones son privadas hasta el 87 y los adoptados no tienen derecho a saber que lo son hasta el 96, a lo cual le sumamos que teníamos una Ley de Registro civil –que no se cambió hasta el 2014– que decía que todo bebé que nacía muerto no era persona sino que se consideraba feto, produciéndose un agujero legal que privaba de la posibilidad a los padres de ver a los hijos después del parto”, concluye la presidenta del Observatorio de Desapariciones Forzadas de Menores. “Hubo aproximadamente 300 mil bebés y niños desaparecidos a partir del año 52, a pesar de que no tenemos cifras exactas por la falta de acceso a la documentación. Los máximos responsables son ciertas órdenes religiosas que se lucraron con la venta de niños y subsidiariamente el Estado por permitirlo.”