Desde Río de Janeiro

El domingo 15 de noviembre los 5.570 municipios brasileños elegirán alcaldes y concejales. Y en un grueso puñado de ellos, todos en el área metropolitana de la ciudad de Río de Janeiro, un nuevo elemento político está reforzando, con énfasis, su actuación electoral.

Trátase de los “milicianos”, como son llamados en Brasil los bandos de sicarios, oriundos de las policías civil y militar, y de bomberos.

No se trata exactamente de una novedad. En 2018, las “milicias” tuvieron importante rol junto a los electores de Jair Bolsonaro, de su hijo mayor, Flavio, que llegó al Senado nacional, y llevaron a un desconocido juez, Wilson Witzel, al gobierno de Río (ahora alejado por la Justicia, por corrupción).

La familia presidencial, a propósito, en especial Bolsonaro y Flavio, tiene antiguas vinculaciones con una de las más crueles “milicias” de Río, la “Oficina del Crimen”.

Basta con recordar la cercanía del clan con un sanguinario “miliciano”, Adriano da Nóbrega, excapitán de la Policía Militar de Río, y la mano derecha de la familia, el exsargento Fabricio de Queiróz.

Nóbrega fue fusilado en un escondite en el interior de Bahía, y Queiróz está, junto a la esposa, en prisión domiciliaria.

Lo que impresiona este año es la manera abierta con que los “milicianos” advierten al electorado de amplias áreas tanto de Río como de municipios vecinos sobre las consecuencias de no elegir a sus candidatos. Ellos son presentados a los habitantes de las localidades por la “milicia”, tanto en reuniones convocadas en algún bar como en las residencias de las familias previamente advertidas sobre la “visita”.

Tal actuación, ampliada con base en experiencias anteriores, se resume en acompañar atentamente el resultado, examinando las actas de urnas. Cuando otro candidato que no es el “indicado” aparece con más votos, los votantes de la región son advertidos de que están en peligro. Este año la advertencia vino por anticipado: los “cabos electorales”, encargados de trabajar para determinados candidatos, fueron avisados de que en caso de derrota estarán “en la mira”, o sea, pasibles de sufrir agresiones violentas o ser sumariamente fusilados.

Otro método estrenado ahora consiste en que los habitantes de regiones controladas presenten su comprobante de voto para recibir pequeñas cantidades de dinero. Y al mismo tiempo son advertidos de que en caso de que el candidato “correcto” sea derrotado, habrá represalias.

A todo eso se reforzó un hábito registrado en elecciones anteriores: candidatos a cualquier puesto, tanto legislativo como ejecutivo, no pueden hacer campaña en áreas controladas sin autorización del comando “miliciano”. Al menos doce candidatos a concejal en ciudades de la región metropolitana de Río fueron asesinados durante la actual campaña, y más de medio centenar fue amenazado.

El sociólogo José Claudio Alves, que estudia las “milicias” desde hace veinte años, dijo al diario Folha de S.Paulo que las elecciones de 2020 serán el momento de apoteosis de los paramilitares.

Alves entiende que el discurso de la extrema derecha defendiendo la eliminación sumaria de “bandidos” y que se arme a la población, concentrado especialmente en el actual presidente Bolsonaro, favorecerá la elección de candidatos vinculados a las “milicias”. Otro factor, claro, son las amenazas previas, renovadas a cada día.

Surgidas hace poco más de veinte años, inicialmente las “milicias” se dedicaban a dar combate al narcotráfico en las zonas menos favorecidas de Río y ciudades vecinas. Actuaban al margen de la ley, bajo el beneplácito de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.

Muy rápidamente aumentaron su radio de acción y pasaron a la extorsión, vendiendo de todo, desde butano a servicio de televisión por cable, dominando el transporte y, claro, ofertando “planes de seguridad”. En varios puntos del área metropolitana se asociaron a los narcotraficantes, y avanzaron en la invasión de áreas públicas con construcciones ilegales.

Con la llegada de Bolsonaro a la presidencia y del ahora defenestrado Wilson Witzel al gobierno provincial, las “milicias” descubrieron nuevas fuentes de ingreso. Y desde el inicio de la pandemia, perfeccionaron sus métodos: ahora venden plazas en hospitales públicos.

Frente a la inercia general, 57,5 por ciento del territorio de la ciudad de Río está bajo control “miliciano”. Eso significa que poco más de la tercera parte de la población – casi dos millones 200 mil personas – viven en esas zonas. Hay 165 barrios de la región metropolitana que son blancos de disputa entre traficantes y paramilitares. Eso significa otros casi dos millones 700 mil personas. En Río, solamente cinco barrios están libres de “milicianos”.

De las urnas de noviembre saltará un número significativo de criminales. Ellos van a legislar. Y no hay cómo impedirlo.