Los tiempos cansinos de la Corte Suprema de Justicia no sólo se traducen en demoras para confirmar condenas de represores. También afectan a los procesos de restitución de identidad de hombres y mujeres apropiados durante el terrorismo de Estado. A más de nueve años del pedido original del Ministerio Público Fiscal, su Unidad Especial para Casos de Apropiaciones reiteró la solicitud al tribunal que preside Carlos Rosenkrantz para que habilite con urgencia al Cuerpo Médico Forense (CMF) a colaborar en las exhumaciones a fin de obtener las muestras de las que luego el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) extrae, almacena y analiza información genética. La unidad que conduce el fiscal general Pablo Parenti precisó que son aproximadamente 260 las exhumaciones de familiares de víctimas requeridas por el Banco (que carece de los recursos materiales y humanos necesarios) para poder contrastar perfiles genéticos, a los que se suman los de jóvenes fallecidos que podrían haber sido víctimas del plan sistemático de apropiaciones implementado por Videla, Massera & Cía.
El origen del problema data de 2010, un año después de que el Congreso sancionara la ley 26.448 que erigió al Banco como único organismo habilitado para obtener, almacenar y analizar información genética en las causas de lesa humanidad. La Unidad que encabezaba el fiscal general Jorge Auat, con Parenti como coordinador, instó entonces a la Corte a adecuar la actuación del CMF a la nueva ley, ya que muchos juzgados le encargaban peritajes que por falta de medios o de capacidad delegaba en laboratorios públicos o privados con criterios dispares.
En diciembre de aquel año, mediante la resolución 4102/2010, el tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti fue mucho más allá del pedido. En lugar de limitarse a ordenarle al CMF que se abstuviera de intervenir en el procesamiento y la comparación de muestras de ADN, le prohibió todo tipo de intervención en causas que investigaban apropiaciones. Ya a mediados de 2011 Auat y Parenti le advirtieron al tribunal el conflicto que había generado esa resolución y la falta de recursos del Banco para extraer ese tipo de muestras de cuerpos sin vida.
Nueve años más tarde el pedido sigue esperando respuesta aunque el problema se agravó “ya que con el correr de los años se han incrementado sensiblemente los casos de personas fallecidas sobre quienes es necesario obtener muestras para extracción posterior de ADN”, advierte Parenti.
La Unidad destaca que “se registran aproximadamente 260 exhumaciones de familiares cuya incorporación es requerida por el Banco Nacional de Datos Genéticos, a las que se suman otra cantidad de jóvenes fallecidos cuya identidad se sospecha y donde se demanda el mismo procedimiento”. “Estos últimos revisten la singularidad de que en su mayoría fallecieron hace pocos años, por lo cual sus restos aún se encuentran en estado cadavérico y requieren la intervención antes mencionada de profesionales especializados. Esta circunstancia también se extiende a los familiares, quienes con el paso de los años y debido a su avanzada edad murieron en el último tiempo sin recuperar a su ser querido desaparecido/a”, remarca.
La resolución de 2010 que también firmaron Carlos Maqueda y Elena Highton “se convirtió hoy en un obstáculo para la concreción de medidas de prueba que justamente las leyes y el Código Procesal Penal de la Nación establecen” y que “es necesario sea removido” ya que “se encuentran pendientes cientos de exhumaciones en trámite en diversas causas judiciales que incluyen tanto a familiares de personas detenidas desaparecidas como a jóvenes sospechados de su verdadero origen, donde sería de gran utilidad la colaboración y trabajo mancomunado entre el Cuerpo Médico Forense y el BNDG”, se explica en el pedido dirigido a Javier López Calderón, secretario de la Unidad de Superintendencia de Delitos de Lesa Humanidad del máximo tribunal.
