El pedido de justicia por los falsos positivos en Colombia alcanzó al actual presidente y a su antecesor. Los familiares de cinco jóvenes que fueron ejecutados por miembros del Ejército colombiano y presentados como guerrilleros abatidos en combate hace casi nueve años afirmaron que Juan Manuel Santos y Alvaro Uribe deben pedir perdón por esos crímenes, que la justicia consideró son de lesa humanidad. Luego de la condena de entre 37 y 52 años de cárcel que el lunes recibieron los 21 militares vinculados al caso, la madre de uno de los jóvenes asesinados consideró que aunque la pena resulta ejemplarizante, hace falta que el Estado se disculpe y limpie la memoria de las víctimas. “Solo quiero que pidan perdón el Ejército Nacional, el señor Uribe, que era el presidente, y el señor Santos que era en ese entonces el ministro de Defensa”, afirmó Carmenza Gómez, madre de uno de los muchachos muertos por las balas militares.
“Aunque nosotros esperábamos la pena máxima que es de 60 años, nos sentimos satisfechos. Hubo compañeras que aceptaron la sentencia anticipada y los responsables pagaron solo un año y medio de cárcel”, dijo Gómez a Noticias Caracol. Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez vivían en Soacha, municipio contiguo a Bogotá, y aparecieron muertos en 2008 en el departamento de Norte de Santander, adonde habían viajado tentados por una oferta laboral que resultó inexistente. En noviembre pasado, los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de esos asesinatos, entre quienes se encontraba un coronel, fueron declarados culpables pero la justicia estableció que las condenas iban a conocerse a principios de abril.
Según las pruebas recolectadas por el Juzgado Primero Penal de Cundinamarca, los jóvenes fueron reclutados de manera engañosa y llevados hacia una aldea ubicada en el municipio de Ocaña, en Norte de Santander, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate.
Entre sus principales conclusiones, la investigación de la Fiscalía General determinó que dentro del Ejército operaba una red dedicada a buscar a jóvenes desempleados y que tenían problemas con las drogas, para llevarlos a diversas regiones del país utilizando como pretexto que en esas zonas los esperaban ofertas de trabajo. Las víctimas, finalmente, eran ejecutadas y vestidas con uniformes camuflados para ser mostradas como si fueran guerrilleros o miembros de otros grupos armados que habían sido abatidos en combate.
