Un día después de las críticas que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla le dedicó al procurador general interino Eduardo Casal por sus miramientos frente a la rebeldía del fiscal Carlos Stornelli, la cuestión de la duración en el cargo y las formas de remoción del titular del Ministerio Público vuelve a estar en discusión. Este viernes, a partir de las 16.30, se reunirá por Zoom la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Oscar Parrilli, para tratar tres proyectos que presentaron el año pasado distintos sectores de Juntos por el Cambio. La agenda seguirá el lunes con una nueva reunión de la Bicameral del Ministerio Público, que acumula varios casos contra el procurador interino, entre los que se cuentan nuevos cruces por la persecución a la fiscala del caso Correo Argentino, Gabriela Boquín.

La comisión que preside Parrilli tratará dos proyectos presentados el año pasado por la senadora Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) y otro introducido por Martín Lousteau (Unión Cívica Radical) junto con otros 17 senadores. Las dos iniciativas limitan el mandato del procurador --que en la actualidad no tiene límite más que el de los 75 años de edad--, aunque no alteran los dos tercios necesarios para su designación. En el caso del proyecto de Crexell, se establece que el procurador dura cinco años en el cargo con una única posibilidad de renovación. En el caso de Lousteau, el mandato se prolonga por seis años y puede renovar una vez. Lousteau también sugiere que, en caso de vacancia o licencia, quien reemplace al titular del Ministerio Público sea un fiscal coordinador de distrito (como lo establece la ley orgánica actual) o, en su defecto, el funcionario de mayor antigüedad.

Después de una campaña para forzar a renunciar a la procuradora Alejandra Gils Carbó, su cargo quedó ocupado desde fines de 2017 por Eduardo Casal, el procurador fiscal ante la Corte de mayor antigüedad --que no pasó por el acuerdo del Senado--. Mauricio Macri logró que Gils Carbó renunciara, pero no pudo conseguir el apoyo para su candidata, la jueza Inés Weinberg de Roca. El candidato de Alberto Fernández para la Procuración General es el juez federal Daniel Rafecas, cuyo pliego ingresó en el Senado antes de que comenzara la pandemia. El oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para designarlo sin el apoyo de sectores de la oposición, que se muestran intransigentes y en los últimos tiempos han dado señales de encolumnarse en la defensa y el sostenimiento del procurador interino. Casal, mientras tanto, dictamina en cada oportunidad que tiene contra el oficialismo, como lo hizo en el caso de los tres jueces trasladados durante el macrismo que resisten el regreso a sus tribunales de origen.

Rafecas ya ha dicho que está de acuerdo con que se limite temporalmente el mandato del procurador, como ocurre en las provincias y en otros países de la región. Pero no está de acuerdo en que se quite el requisito de los dos tercios para la designación del titular del Ministerio Público. Hay algunos juristas que entienden que ese requisito puede atenuarse si el cargo deja de ser vitalicio. Este tema está siendo discutido actualmente en el consejo consultivo que deberá presentarle para el 18 de noviembre próximo una propuesta de reforma al Presidente en organismos claves de la Justicia, como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura o el propio Ministerio Público. Según fuentes del consejo, aun no hay una mayoría sobre cuáles serían los criterios de designación para el procurador.

Una pata del lawfare

El lunes, se reunirá la Comisión Bicameral del Ministerio Público que preside el senador Martín Doñate (Frente de Todos), quien ha sido muy crítico de Casal, al que definió como una de las patas del lawfare. La comisión tendrá en agenda los concursos que motorizó en los últimos días el procurador interino para designar fiscales después de una parálisis de más de un año. Una de las sorpresas que circuló en los chats de los judiciales es que el fiscal Stornelli estaba como evaluador en uno de los concursos para elegir fiscales generales ante los tribunales orales del fuero Penal Económico de la Capital Federal. El miércoles, Ramos Padilla le recordó la cobertura que la Procuración le había dado a Stornelli para estar en rebeldía durante nueve meses. Lo paradójico es que Stornelli, procesado por ser parte de una asociación ilícita paraestatal con espías, pueda funcionar como evaluador de otros fiscales.

La contracara del caso Stornelli es lo que sucede con la fiscala Gabriela Boquín, a quien Macri ha mencionado en cuanta entrevista dio en los últimos días como quien persigue a su familia por pretender que pague la deuda del Correo Argentino. Casal apuró un sumario contra la fiscala por supuestos malos tratos laborales, que los dos gremios de trabajadores judiciales desmienten y tildan como un armado. Boquín ya expuso largamente ante la Bicameral. Casal mandó una carta para desmentirla. Quería decir que ella, en realidad, se había opuesto al traslado de un empleado, pero la fiscala le mandó copias a Doñate de mails que intercambió con altos funcionarios de la Procuración que dejan en claro que el rechazo venía de Casal. Ese traslado se desbloqueó cuando el empleado testimonió contra Boquín.

La situación de Boquín volverá a estar en agenda de la Bicameral del Ministerio Público. Es probable también que le requieran información a Casal para saber si los fiscales cumplieron con lo que establece la ley del arrepentido en cuanto al registro de las declaraciones para ser contrastadas a posteriori. Ya se sabe que las grabaciones de los arrepentidos del caso de los cuadernos, que estuvo a cargo de Stornelli, no están.