Como ocurrió con el caso Vicentin, la política infiltrada en grupos rurales y la oposición histórica al peronismo de los productores de la zona núcleo, está llevando un conflicto privado y de nexos familiares a una batalla contra el Gobierno Nacional. En el marco de de una denuncia de Dolores Etchevehere contra su hermano, el ex ministro de Agricultura de Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere, por presuntos delitos económicos, estafa, falsificación de firmas y vaciamiento de compañías de la familia, se inició una campaña para vincular al Ejecutivo que conduce Alberto Fernández a una supuesta maniobra de aval a la ocupación de tierras. Además de armar una épica para una “nueva 125, más dura que la del 2008”.
“Vienen por todo, a quedarse con lo nuestro, hay que defender la propiedad privada”, escribió un dirigente rural en el grupo de Whatsapp Gurú Ganadero, que nuclea a empresarios, terratenientes y ex funcionarios del PRO. Se le pegó otro criador de ganado, quien agitó “una nueva 125, más dura que la del 2008”. El tono del mensaje fue unánime en ese grupo y en los que tienen las Sociedades Rurales de todo el país. Los más entusiastas llamaron incluso a un banderazo el 8 de noviembre, aprovechando la próxima protesta de Juntos por el Cambio contra el Gobierno Nacional.
Este jueves, de madrugada, Dolores recibió un extraño recado de parte de uno de los movilizados en respaldo del ex ministro macrista. Le ofreció un “salvoconducto” para “tratar de salir de la provincia sin ningún problema, sin que nadie los toque ni nada”. El negociador voluntario le explicó en tono amenazante que “yo puedo estar muy tranquilo, pero no todos están tranquilos acá”, tras lo cual le informó que ya había hablado con la Policía para que “se puedan ir sin problemas”.
No fue la única amenaza recibida por el grupo. La diputada cordobesa de Juntos por el Cambio Patricia De Ferrari se preguntó, en su cuenta de twitter, “Falta mucho para que aparezcan los falcon verde para impartir justicia a la medida de Grabois y compañía?”, en clara alusión a los vehiculos usados en la última dictadura para “desaparecer” personas. Ante la catarata de repudios, la legisladora retiró el tuit señalando que su intención no había sido amenazar al dirigente social y abogado con su desaparición.
Poco sirvieron las gestiones de la política para encausar la situación. En algunas estuvo al frente el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en contacto con los ruralistas de la zona de Santa Elena, localidad en la que está el campo en cuestión. El dirigente, incluso, sondeó con la Jefatura de Gabinete nacional el asunto de fondo, pero no hubo definiciones sobre un tema que el Ejecutivo observa sin jugar cartas.
Recapitulando, Dolores Etchevehere presentó a inicios de la semana una denuncia contra sus hermanos por delitos cometidos en la provincia de Entre Ríos. Según la hermana del ex ministro, eso la llevó a alejarse y ceder el 40 por ciento de su herencia al Proyecto Artigas, un modelo de producción agraria sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, que funcionaría en el terreno en disputa. En la denuncia de Dolores hay delitos que van desde usurpación de tierras fiscales y “actos aberrantes contra la integridad física”, hasta vaciamiento de sociedades de la familia y diferentes niveles de fraude al Estado.
Naturalmente, el agro tiene lecturas simplistas de los conflictos, entendibles en el marco de la contienda histórica con el peronismo y de relaciones tormentosas con el poder. La primera, que como el dirigente social Juan Grabois es abogado de la hermana de Etchevehere, la Nación está jugando. La segunda, que la presencia de Gabriela Carpineti, funcionaria del Ministerio de Justicia, fue una intromisión del Ejecutivo. Y la tercera, un mito que estalló en los chats: que la titular del Inadi, Victoria Donda, había dormido en el campo con los presuntos ocupantes, una versión luego desmentida. “Si la metieron a Victoria Donda, para mi la hermana es una oKupa más!. Por los hechos te conocereis, escribió otro dirigente del campo sobre Donda.
Ingeniería en conflictos
En esa línea, la agrupación Campo más Ciudad, organizadora de la marcha por Vicentin y la armadora de las que ocurren todos los feriados contra las medidas del Gobierno, elaboró un flyer que circuló en redes y celulares. Se ve una toma área de tractores y camionetas en la entrada de la chacra de Etchevehere, con la frase: “Resistan entrerrianos, resistan. Todo el país está con ustedes”. En paralelo, convocaron a sumar el asunto a las consignas de la marcha del 8N. Este caso llegó a alinear, incluso, a los que desprecian a Etchevehere por haberles subido las retenciones al campo durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Ese conglomerado de Campo más Ciudad, activo en Twitter y redes de Whatsapp, concentra al establishment agropecuario, a ex funcionarios de Cambiemos y a financistas de las campañas de los principales dirigentes del PRO. Casi un think tank de Etchevehere y David Lacroze, el ex Sociedad Rural que saltó a la fama por increpar a la entonces presidenta Cristina Fernández y financia al partido de Macri desde su génesis.
En ese sector conocen de primera mano la historia de conflictos en la familia Etchevehere y hasta muchos le dan la razón a la hermana. Fuentes de Campo más Ciudad admitieron ante este diario que “es todo producto de un enfrentamiento de hermanos, que viene de larga data”. Algunos, de hecho, hasta conocen al dedillo que la sucesión de esa familia fue un caso que duró 10 años y recuerdan las disputas entre hermanos que generó el vaciamiento del Diario de Paraná, donde también colisionaron Dolores y Luis Miguel. “Hay que subirse igual, este gobierno nos está haciendo la vida imposible y se va a poner peor”, expresó la misma fuente, mencionando al caso como un hito aprovechable políticamente en plena guerra incipiente con el Ejecutivo.
La mano del partido
El scrum para nacionalizar desde la ruralidad el conflicto de Etchevehere sumó una pata política fuerte. Los legisladores de Cambiemos por Entre Ríos emitieron un comunicado calificando de “pandemia nacional” la toma de tierras y exigiéndole que intervenga en el asunto. Firmaron, entre otros, el mellizo Alfredo De Ángeli, uno de los nexos entre Cambiemos y el campo ultra. El “Melli, uno de los que saltó a la política tras la disputa por las retenciones móviles, es uno de los alfiles rurales de la titular del PRO, Patricia Bullrich, y tiene mucho predicamento en las entidades del sector de la provincia. Esa influencia se vio reflejada en comunicados masivos de algunas organizaciones.
El temor de que este caso sea un avance sobre la propiedad privada también aglutinó a las Sociedades Rurales, que salieron a jugar fuerte. “Si la Justicia no nos protege, si la Ministra de Seguridad no nos protege, si las fuerzas policiales y de seguridad no nos protegen, no nos quedará más remedio que protegernos solos, unidos y organizados, a estos nos están llevando”, redactó la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Gualeguay. Y remató: “Si la reacción de los ciudadanos no les resultó demostrativa en el año 2008, esta vez tendrá que ser aún más contundente, aún más demostrativa del malestar que nos aqueja, pues esta vez no nos quieren robar la producción, esta vez nos están robando nuestras propiedades, directamente”.
También sentó posición la Mesa de Enlace de Santa Fe, que pidió al gobierno garantizar la propiedad privada. Según supo este diario, la Mesa de Enlace nacional, aún enfrentada con Etchevehere, banca la idea de que el caso de los campos de la familia en Entre Ríos reviste gravedad institucional.
