Cuando el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentó el primer Informe de gestión sobre la estrategia de implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal, las ronderas feministas de la Fundación Soberanía Sanitaria que asumieron la tarea de gestionar en ese territorio celebraron hasta las lágrimas. Por primera vez esa trama paciente donde circulan todas las voces y saberes, había logrado un relevamiento que daba cuenta de las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) que se realizaron entre enero y junio de 2020, del uso del misoprostol y de los efectores que las realizan. Desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva que encabeza Carlota Ramírez y el equipo matricial de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud (DPEGS) se estaba poniendo en agenda y en números nada menos que el derecho a decidir como un componente integral de la política sanitaria, y a garantizar el acceso a los servicios de salud como estrategia central para eliminar la discriminación hacia las personas con capacidad de gestar. Ahora que volvió a tomar fuerza la posibilidad de que el proyecto del Ejecutivo sea enviado al Congreso en las próximas semanas, y que la primera resolución del gobierno bonaerense haya sido la adhesión al Protocolo nacional de ILE, el momento extraordinario de ese derecho como expresión política abre un inmenso espacio colectivo de poder, sin contextos patriarcales ni de pandemia que obturen el futuro. “El punto exacto que hace estallar la lógica patriarcal del modelo médico hegemónico es donde hay otre que decide y que trae otros saberes”, sostiene Ramírez, que recuerda el estado de angustia en que encontró a los equipos y el trabajo de resistencia que debieron hacer durante el gobierno de María Eugenia Vidal, para apuntalar casi de manera artesanal las políticas de salud reproductiva.

“A partir de 2018 creció mucho la demanda en todo el país, pero sobre todo en la provincia, y nos encontramos con equipos que resolvían situaciones críticas de acceso sin misoprostol, sin circuitos establecidos, a pura voluntad, poniendo el cuerpo y respondiendo a las demandas de las mujeres en su mayoría, porque tenemos pocas personas trans. No había datos, no sabíamos cuántas ILE se hacían, ni dónde, ni quiénes las hacían.”

¿Qué les permitió reconstruir ese informe?

-El diálogo con las regiones sanitarias y con los equipos de salud, que nos permitió tener una idea de la primera línea de efectores, de unas 10.000 ILE que no eran oficiales, de que no había misoprostol, y no se cumplía con el marco normativo vigente. Cada hospital tenía su propio protocolo, con variaciones diferentes de vulneraciones según la institución.

La adhesión al Protocolo de Nación marcó la cancha.

-Adherir al Protocolo con las firmas conjuntas del Ministerio de Salud y de La Ministeria, como llamamos al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, fue la primera decisión que traíamos cuando llegamos. Y fue un acto fundacional. La segunda fue la compra de misoprostol. Nación había mandado muy poco, y estábamos gestionando en la carencia.

El informe detalla que la única compra fue en 2016 de 300 tratamientos, y que al iniciar la gestión no había ninguna compra en curso.

-Nada. No había cómo responder a la demanda, y el otro problema eran los tiempos que demoran las compras. La directora de Equidad de Género y Salud, Sabrina Balaña, dijo compremos al LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado), y salió en dos meses. Además de conseguirlo a menor precio, nos dimos el gusto de comprar producción pública. Queríamos que no fuera sólo un acto burocrático, sino que tuviera un sentido político. La política de ILE se da en el marco de un proyecto de provincia, que se propone transformar el sistema de salud a disposición de las necesidades de la población. Para nosotras es un desafío transformar esa muralla entre el sistema de salud y lxs otrxs.

Y habla también de construir condiciones simbólicas.

-Veníamos pensando desde el trabajo colectivo con las rondas y nuestro libro, Salud feminista. Soberanía de los cuerpos, poder y organización (Tinta Limón Ediciones), cómo nombrar esta dirección que era programa y dependía de la Dirección provincial de Salud de la Mujer, Niñez y Adolescencia, un nombre que no identificaba la propuesta política y que se convirtió en la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud, horizonte más común y transversal a todo el Ministerio. Otra operación simbólica fue disolver la Dirección de Maternidad e Infancia, que liga el famoso binomio mujer-niñe, y crear otras áreas. Cuando desarmamos el binomio empezaron a aparecer más claramente los problemas de las mujeres, porque cuando hablás de la madre y le niñe, la mujer desaparece y todo es en función del niñe. Y también aparecieron problemas de les niñes como sujetxs de derechos con necesidades específicas de la salud, que no se subsumen a el vínculo materno. La idea es desanudar esas lógicas programáticas y ancladas en poblaciones, y pensar garantías de igualdad y equidad en el acceso de cada une, en función de su subjetividad y sus circunstancias. Nos estamos replanteando la mirada heteronormativa.

Pensar otras familias, por ejemplo.

-Sí. Tanto las que tienen hijes como las que no tienen son la misma población, y son los mismos equipos de salud pública para esa población. Pareciera que hay un grupo de mujeres que van a parir y necesitan un tipo de servicio, y otro grupo que va a abortar, y en realidad son las mismas mujeres en diferentes circunstancias. Por eso decimos que ILE es la manera de entrar en un debate sobre la autonomía de las personas. Es como la expresión más brutal de la negación de la autonomía y de la desubjetivación de los cuerpos de las mujeres, en el sentido que el modelo médico empieza a tomar decisiones sobre esos cuerpos.

¿Qué les resultó revelador del informe?

-En la línea de base, la provincia de Buenos Aires tiene 1.939 efectores del primer nivel de atención (Centros de Atención Primaria de la Salud-Caps): sólo un 6 % hacía ILE, es decir 120, y casi todos en el conurbano. En estos seis meses los aumentamos en un 10 %, y ahora son 194. Nos permitió ver el problema con el primer nivel, que los efectores son insuficientes y que están distribuidos de manera inequitativa. De los 166 hospitales municipales, 34 hacían ILE (20 %). Ahora la realizan 45. Tenemos el 80 por ciento de los hospitales provinciales y casi 45 equipos que practican ILE. Otro dato es que el 40 por ciento de las ILE llegan a hospitales, y el 57 por ciento al primer nivel de atención. Eso nos dice que el hospital sigue siendo una puerta de entrada al sistema de salud.

¿A qué edad gestacional llegan al sistema de salud?

-El 88 % llega en el primer trimestre, eso coincide con los datos internacionales. Sin embargo, en un 5 % la resolución es en el segundo trimestre. Entonces debemos analizar si llegan a la semana 12.5 y automáticamente son derivadas a un hospital o, lo que suponemos y nos preocupa, que llegan al sector y tardan en resolverlo. Los primeros meses hicimos rondas de fortalecimiento regional, generamos dispositivos centralizados de recepción y derivación, sumamos gente para ordenar la demanda por región sanitaria, y aumentó la secuencia del 0800. En abril teníamos 7 demandas diarias, ahora tenemos 19. Estamos desarrollando un seguimiento posterior de la secuencia y un control de calidad. Para Nación la secuencia termina cuando se deriva al efector, para nosotras termina cuando sabemos qué le pasó a esa persona y si se fue con un método.

Llama la atención que el 97 % de las causales sean por salud integral y sólo un 3 % por violación.

-Nos parece muy bajo, cuando observamos los porcentajes de niñas y de jóvenes que tenemos. Estamos poniendo especial atención en las menores de 13 años y haciendo seguimiento de los casos. A los equipos todavía les cuesta ver el problema de las niñas embarazadas, la verificación de causales. Queremos trabajar en que entiendan que la causal no sólo tienen que encontrarla en el diálogo con la mujer, sino que deben documentarla. Estaba tan clandestinizado el aborto en el sistema de salud, que los equipos lo hacían pero no lo documentaban. Escribirlo es un ejercicio nuevo.

El segundo trimestre es uno de los mayores desafíos del sistema de salud.

-Estamos lanzando una red de segundo trimestre, nos vamos a focalizar en los hospitales provinciales y en algunos municipales que acompañan. Venimos resolviendo bastante bien la demanda, pero a medida que avanza la edad gestacional de las mujeres, avanzan las dificultades de acceso. Hoy estamos desencadenando procesos. Tengamos paciencia, porque las políticas no se cambian en un año de gestión, y menos con una pandemia. El tema de la clandestinidad hizo que en los equipos nunca se hablara del segundo trimestre, y debemos ponerlo en agenda porque hay muchas fantasías y estallan las tensiones de lo que representa el aborto al interior de una institución sanitaria.

¿Cómo interseccionan políticas de cuidados, feminismos y articulación con colectivas?

-Es algo que las feministas sabemos hacer. Si bien ocupamos ciertos lugares ejecutivos, somos parte de una corriente histórica, popular y feminista, y llegamos con un acumulado que queremos que impregne el sector de salud. Incorporamos al Consejo Asesor de la Dirección a las colectivas Ni Una Menos, a Socorristas, Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Al comienzo del ASPO acordamos con las Socorristas que se comunicaran con nosotras cuando no pudieran asistir los abortos domiciliarios. Hoy siguen acompañando a las mujeres en el hospital, y los equipos y las instituciones deben permitirlo y promoverlo, porque es parte de pensar esta dimensión del cuidado en la salud.

¿Las rondas como espacio de pensamiento colectivo ayudan a desarmar esas tensiones?

-Es parte del desafío de traer esta lógica de construcción de una salud feminista al Estado. En 2018 nos planteamos defender la salud pública y transformarla entre todxs, y empezamos con las rondas, donde todas las voces y todos los saberes cuentan. Al inicio de la gestión rondeamos entre nosotras, sobre temas como parto respetado y fertilización asistida. Después armamos las rondas epidemiológicas con los equipos técnicos y las rondas de fortalecimiento con les referentes de cada región sanitaria, porque en la provincia de Buenos Aires las realidades son muy diversas. Nosotras decimos centralizar la gestión, descentralizar la implementación. Queremos hacer rondas abiertas a la comunidad, a los feminismos, a los equipos de salud y a los decisores políticos.

Y marcar nuevas agendas.

-Para pensar la salud hay que darle otra mirada. Y hablemos de saludes más que de salud, en función de qué es lo que las personas necesitan del sistema. Claramente el paradigma de los derechos cambia la ecuación, y quien marca la agenda es la comunidad, no nosotrxs. La ronda nos sirve para pensar esa agenda, para instalar temas, para pensar la gestión y hacia dónde vamos. Tenemos ideas, aparecen maneras de nombrar, pero siempre decimos pongámoslas a rondear. La ronda es un dispositivo político de construcción de políticas públicas.

¿Cuánto de la ronda viene a sostener en este contexto de aislamiento?

-Mucho. Nosotras estamos preocupadas por los resultados, pero los indicadores sanitarios requieren tiempo, y además somos coyunturales. No queremos quedarnos con el existismo del resultado, por eso ponemos el énfasis en los procesos de transformación colectiva para generar una trama que está legitimada y se va consensuando de una manera más feminista. Queremos dejar tramas muy potentes que después no se puedan desanudar, aunque cambie el gobierno. Cuando lográs que los procesos los tomen las personas, como dice Judith Butler, el sistema de salud es performático, y todo el tiempo produce subjetividad.

Y tiene lógicas patriarcales.

-Sobre todo los hospitales, que son el sector más conservador. Están acostumbrados a que decidan los directores o los jefes de servicio, sobre todo estos últimos, porque el poder está muy jerarquizado por la especialidad, y la tocoginecología tiene una mirada muy sesgada. Y si bien la pandemia nos cambió la agenda, también habilitó cosas porque suspendió el sentido común. En esa locura hubo que reorganizar el sector y eso nos permitió decir que la ILE y los métodos son prestaciones esenciales. Nosotras nos encargamos de ponerles el tema en la agenda todo el tiempo, y se van creando alianzas para que pensemos la gestión en forma colectiva y podamos superar la fragmentación del sistema. Esa es la destrucción del neoliberalismo, el individualismo.

Que el aborto sea ley este año completaría el horizonte de transformación.

-En las reuniones con equipos venimos planteando que el escenario es de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La ley es el horizonte, espero que salga este año. Y debemos construir el escenario de que esto viene para quedarse. Hay municipios donde no hay ningún nivel de atención, derivan directamente a hospitales. Va a ser un desafío cuando salga, porque ya no van a tener mucho resto. Queremos que los 44 hospitales garanticen ILE hasta la semana 24, como Ciudad de Buenos Aires. Que garanticen el traslado, y si no van a hacer la práctica, que lo pongan por escrito. Si logramos generar los dispositivos, podemos garantizar una mejora en el acceso al servicio de salud reproductiva al 40 por ciento de las mujeres de la Argentina, que habitan la provincia de Buenos Aires, y eso cambia las estadísticas del país. Es posible hacerlo, aún en la emergencia sanitaria.

¿Podemos derribar el mito de que los hospitales no van a colapsar por abortos?

-Claro, los números lo demuestran. Si observás que el 88 % son mujeres que recurren a la ILE en el primer trimestre, y que cuando sea interrupción voluntaria hasta se podría hacer por vía telefónica, lo que llega al hospital es el 12 %, y tenemos 55 hospitales provinciales que estarían en condiciones de hacerlo, más los 166 Caps. Pero hay una fantasía de que van a llegar mujeres en masa, con gestas de 24 semanas. Sucede que algunas autoridades disputan la autoridad sobre ILE y no quieren dar el brazo a torcer, sobre todo porque somos feministas, llenamos de verde la oficina y tenemos la foto de Evita. Nosotras también venimos a disputar poder y a disputar quién decide sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra salud reproductiva.

Desembarcaron para implosionar la lógica patriarcal del modelo.

-La lógica patriarcal del modelo médico hegemónico estalla cuando hay otre que decide, que trae otros saberes. Cuando una mujer dice estoy embarazada y no quiero, y decido yo, tengo razones para elegir y la ley me avala. Meter la cuña de ILE como práctica sanitaria empieza a desarmar las lógicas de poder, porque es donde se pone en juego algo de la centralidad del modelo médico, que es la autonomía. Es disputar el sentido de que las mujeres pueden ir al sistema de salud a elegir la vida que quieren tener, y el sistema las tiene que ayudar.

Esa disputa sigue creando resistencias hacia adentro del sistema.

-Porque no tiene que ver con la enfermedad, sino con el deseo, y lo que hace el modelo médico es patologizar el deseo, porque no puede leerlo, y ahí vienen el maltrato y el disciplinamiento. Si no querés ser madre, algo está mal con vos. Por eso hablamos de generar políticas orientadas por las contingencias y no por ese afán normalizador del sistema de salud, que tengan que ver con el deseo y con las necesidades de las personas en el territorio. Quieren normatizar los cuerpos que tienen útero como órgano biopolítico, porque no se trata de los cuerpos de las mujeres o de los cuerpos feminizados, es el útero como órgano de intervención por lo que representa, que además se convierte en un órgano de control muy central al capitalismo. Es la reproducción de la fuerza de trabajo y de consumidores, y es la reproducción de subjetividad, porque cuando el sistema de salud maltrata a las mujeres, lo que se disciplina es su libertad para desear y para gozar, en función de cumplir con una producción de subjetividad: entraste a un hospital y te convertiste en mamita.