La Justicia le puso un freno al proyecto del Gobierno porteño de vender un amplio sector de la Costanera Norte para que desarrolladores inmobiliarios construyan un barrio de lujo en donde funcionó Costa Salguero. Mientras la Legislatura de la Ciudad avanza con una ley complementaria para rezonificar y dar capacidad constructiva a esos terrenos, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad hizo lugar al recurso de apelación que cuestionó la legalidad de la Ley N° 6.289 que autorizó la venta del predio y dictó una medida cautelar. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, sobre esas tierras sólo podrán adoptarse medidas de administración, evitando toda decisión que afecte de algún modo la titularidad del dominio del inmueble.
La decisión judicial hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, la Fundación Ciudad, el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas y la diputada nacional Gabriela Cerruti, luego de que, en primera instancia, el juez porteño Martín Furchi rechazara dictar una medida cautelar contra las disposiciones de la ley que autorizó la venta de las tierras.
La legisladora y las organizaciones habían solicitado un amparo a comienzo de este año al considerar que la ley aprobada el 5 de diciembre pasado, cinco días antes del recambio de legisladores en la Ciudad, no había cumplido con los requisitos constitucionales para su sanción, ya que la ley se aprobó en una sesión sin el procedimiento de doble lectura con audiencia pública como establece la ley. Y además, por violar la Constitución porteña y el Plano Urbano Ambiental (PUA) porque, según sostuvieron, no se puede privatizar la Costanera.
En este sentido, argumentaron que de acuerdo al artículo 8 de la Constitución porteña, los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación. Criterio ratificado en 2009 con el Plano Urbano Ambiental (PUA), a lo que se suma el principio de progresividad y de no regresión en materia ambiental reconocido en Tratados Internacionales y en la Constitución Nacional. Por todas estas razones, de forma y de contenido, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la totalidad de la Ley 6289.
Tras el rechazo del juez de primera Instancia, la justicia de Cámara, con muchas argumentaciones y ciñéndose a la cuestión formal, revocó la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la medida cautelar. Lo que quedó en el centro del debate, en este caso, es si el predio, como sostuvo el Gobierno para votar la ley sin doble lectura, pertenece al dominio privado de la Ciudad, o al dominio público como argumentaron los amparistas, hacia donde parece inclinarse el Tribunal.
En los fundamentos del fallo, el Tribunal consideró de forma unánime que la ley 6.289 "podría resultar lesiva de los procedimientos constitucionalmente previstos para la desafectación del dominio público, lo que permitiría tener por configurada la verosimilitud en el derecho para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada”.
Y señalan, tras un racconto normativo y judicial, que "pareciera que median diversos elementos para, cuanto menos, poner en tela de juicio la afirmación que surge del informe de la Gerente Operativa de la Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica del GCBA acerca de que el predio Costa Salguero constituiría un bien del dominio privado del Estado".
El abogado y titular del ODC, Jonatan Baldiviezo, dijo que Página/12 que "estos predios, tanto en la Constitución como en el Código Urbanístico y en el PUA dicen que son de dominio público de la Ciudad y por lo tanto precisan de un procedimiento de doble lectura, pero el Gobierno lo trató como un inmueble cualquiera y sancionó la ley en una sesión. El Gobierno presentó dictámenes propios donde decía, sin fundamentos, que era de dominio privado y el juez se guio por ese criterio. La justicia ahora analizó lo más sustancial, la cuestión de forma, y luego de un repaso normativo y de cómo otras causas judiciales trataron esos terrenos también como de dominio público, le dice al Gobierno que son terrenos muy importantes y que, por lo tanto, el tratamiento tendrían que haber el más riguroso en la Legislatura".
El proyecto que impulsa el Ejecutivo porteño contempla la construcción de un barrio premium con diez bloques de edificios que irán de los 18 a los 29 metros de altura en 7,5 hectáreas del predio de Costa Salguero, donde el metro cuadrado puede superar los 9000 dólares, y la concesiones con usos amplios, con construcciones de hasta 12 metros y un helipuerto, en las 14 hectáreas linderas, donde estuvo Punta Carrasco.
Baldiviezo señaló que "la sentencia no suspende el tratamiento del proyecto de ley que está en discusión en la Legislatura para darles zonificación a los terrenos, pero establece que hasta que no se resuelva la cuestión de fondo no se pueden vender", y en ese sentido, remarcó que "el proyecto de rezonificación se tendría que archivar".
En el fallo, firmado por los jueces Fernando Lima, Mariana Díaz y Esteban Centanaro, los magistrados también sostuvieron que si la Legislatura decide subsanar la inconstitucionalidad del procedimiento de sanción de la ley que aprueba la venta de Costa Salguero no debe tratarlo junto con la ley que está en tratamiento ahora para darle la zonificación y la capacidad constructiva al predio, que fue aprobada en primera lectura el 8 de octubre pasado.
Para Baldiviezo, "lo que queda claro con el fallo es que el Gobierno violó la Constitución, porque sabía que este año no iba a tener los 40 votos que necesitaba para sacar la ley, y, como no le daban los tiempos decidió avanzar igual. Por otra parte, como lo venimos manifestando desde hace tiempo, en la Legislatura no solo se tratan leyes para negocios inmobiliarios sino que ni siquiera se cumple con los mecanismos constitucionales y democráticos establecidos para aprobar las leyes. Ya no es que funciona como una escribanía, sino que es como tener un escribano falso".
La respuesta oficial
Tras la difusión de la medida, que fue ampliamente festejada en las redes sociales, el vicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo que "lo trabajaremos en la justicia, como corresponde, somos muy respetuosos de los fallos judiciales pero entendemos que la gente, la sociedad, tienen que tener acceso a los lugares con parques y plazas, que no los tiene hoy". Santilli dijo que la Ciudad "quiere abrirlo al espacio público" y explicó que se trata de "13 hectáreas de parques y de plazas" para "que la gente pueda disfrutar de su espacio, de su lugar". Y señaló que la idea es construir "en el 26 por ciento de ese espacio, que es mínimo, residencias y lugares de hábitat, como lo viene haciendo hace décadas la Ciudad de Buenos Aires".
Voces de la oposición
El legislador del Frente de Todos Santiago Roberto dijo a este diario que "la Justicia fallo en favor de la gente y le puso un freno momentáneo a Larreta en su intención de vender tierras públicas para hacer un negocio inmobiliario en la Costanera Norte. El proyecto para privatizar Costa Salguero y el de rezonificación, que ahora buscan sancionar Vamos Juntos y sus aliados, son una violación a la Constitución de la Ciudad y al Código Urbanístico, donde está claro que la costa ribereña debe ser de dominio público para todas y todos los porteños", y remarcó que "esperamos que el Gobierno de la ciudad escuché a la Justicia y a los vecinos y vecinas que quieren tener acceso libre al río".
En la misma línea, su compañero de bancada Matías Barroeteveña señaló que Larreta ”pretende avanzar en la venta de tierras públicas sin haber tomado nota de que el 10 d diciembre las cosas cambiaron. Ya no cuenta con los dos tercios que exige la Constitución y está apelando a estretegias que recuerdan a las excepciones del viejo Consejo Deliberante como denominar de dominio privado bienes que son de dominio público. Esto, junto con la cuestión ambiental, fue uno de los argumentos para dictar la cautelar”.
Juan Manuel Valdés (FdT), dijo que "esto nos da tiempo para replantear lo que se quiere hacer con el río. Esperamos que el Gobierno de la Ciudad escuche a la Justicia y que escuche lo que está reclamando la gran mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas: tener una costa con destino público, una ciudad sustentable con espacios verdes y con aprovechamiento de los recursos naturales, como es el río".
