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Este domingo los chilenos concurrirán a las urnas para elegir si cambian la constitución de 1980, creada por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y que ha permitido un sistema económico que privatizó la salud y educación, estimuló el saqueó del estado en menos de monopolios empresariales y facilitó la extracción de recursos naturales que dañaron gravemente al medio ambiente. Serán dos papeletas: la primera con la opción “Apruebo” y “Rechazo” —el cambio de constitución— y la segunda, sobre la modalidad en caso de ganar la primera opción: “Convención Constitucional” (155 ciudadanos elegidos por la ciudadanía) versus “Convención Mixta” (86 parlamentarios y sólo 86 ciudadanos elegidos).
Debido a la pandemia, que suma 18.313 muertos sumando casos sospechosos atribuidos a la covid-19, la clásica polarización de la sociedad chilena se pudo ver sólo las en redes sociales. Entre memes, hilos de twitter y discusiones, llaman la atención los grupos de evangélicos que apoyan el “rechazo”, especialmente líderes como Kevin Valenzuela (una especie de Miley mezclado con Agustín Laje) que han llegado a decir que “Satanás está detrás de este proceso refundacional de Chile”. Algo que más que generar temor, provocó burlas por un discurso que, sin argumentos serios, recuerda mucho a integristas cristianos que apoyaban a Jair Bolsonaro o Donald Trump.
En las calles, al menos este viernes y con la campaña del plebiscito finalizada, el ambiente se ve tranquilo, en parte debido a la primavera ventosa y con temperaturas que promedian los 25 grados, y al proceso de desconfinamiento que ya ha permitido la apertura de restaurantes con mesas en la calle y la apertura de tiendas con aforo reducido.
ESTADO DE EMERGENCIA
Hace un año en Santiago se cumplía una semana del “Estado de Emergencia”, decretado el 18 de octubre tras una escalada de incidentes entre policías y manifestantes liderados por escolares que decidieron evadir el metro tras un alzas de precios, que se sumaban a otras alzas y declaraciones de ministros llamando a “madrugar” para aprovechar las tarifas bajas. Todo esto culminó con estaciones quemadas (en un caso aún sin resolver), barricadas y bombas lacrimógenas lanzadas a granel por las Fuerzas Especiales.
Aún impresiona cómo las fuerzas armadas volvían a desplazarse por la capital pero eran enfrentadas por nuevas generaciones que no tenían ningún temor a pesar de que esos días dejaron un total de cinco muertos, sumados a diez más por parte de carabineros.
Aun no se hablaba de cambiar la constitución, sino más bien de alcanzar un “nuevo pacto social”, discurso casi transversal en la elite política. Tuvo que ser debido a la organización de la sociedad civil, destacando cabildos autoconvocados donde se discutían y generaban documentos sobre la necesidad de cambiar el modelo político y económico del país, la protesta del 25 de octubre que llevó un millón de personas sólo en la capital de Chile y la huelga general del cuatro de noviembre que aceleró las cosas hasta que el 15 de noviembre se anunció tras una maratónica sesión en el Congreso Nacional un “Plebiscito por una Nueva Constitución”. Al amanecer la Plaza Baquedano/Italia, rebautizada por los manifestantes “Plaza de la Dignidad” amaneció cubierta de blanco, un hecho curioso y que contrastaba con voces críticas que alertaban sobre un acuerdo a espaldas de la ciudadanía que, por cierto, jamás dejó de protestar hasta marzo de este año.
Para el historiador, especialista en historia contemporánea de Chile, Marcelo Casals, el sistema político institucional se vio obligado a reaccionar ante la profundidad de la crisis y dar inicio a un proceso constituyente, cuestión que dada la historia reciente de Chile resulta bastante radical. “El último proceso constituyente se dio en el marco de una dictadura contrarrevolucionaria que se arrogó el poder soberano para construir un nuevo orden inmune a todo cambio sustantivo. La Constitución de 1980 tiene una serie de trampas constitucionales que rigidizaron el sistema hasta hacerlo estallar. Sin calle, sin protesta, en realidad, no estaríamos en esta situación”.
¿EL FIN DEL FANTASMA PINOCHET?
Sin excepción todas las encuestas coinciden en el triunfo del “Apruebo". Según la reciente Data Influye un 69 por ciento votaría por la primera opción frente a un 18 del rechazo. “Convención Constitucional” obtendría 61 por ciento de adhesión.
Para Casals no podría afirmarse nada más allá de eso. “Esa es la gracia de un proceso constituyente, que no hay parámetros preestablecidos que definan el nuevo orden institucional que salga de todo esto. Para aquellos de sensibilidad más conservadora esa es razón suficiente para inclinarse por el rechazo, pero para una mayoría social que dejó de creer en las supuestas bondades del neoliberalismo en economía y en el modelo de democracia semisoberana al decir de Carlos Huneeus en política, es una oportunidad de inclinar la balanza en su favor.
Casals explica que no es responsable hacer otras predicciones. “Existe un consenso sobre los fundamentos del orden político chileno que tienen larga data, y que obedecen a un imaginario republicano fuertemente compartido. Ese consenso tiene hoy una expresión más concreta que podríamos denominar socialdemócrata, también fuertemente difundida entre quienes salieron —salimos— a protestar en octubre del año pasado. En resumen, se exige al Estado probidad, igualdad en el trato, garantía de prestaciones básicas dignas e igualitarias, sobre todo en salud, educación y seguridad social, protección del medioambiente, políticas de reconocimiento de género y étnicas, y control de la feroz acumulación del gran capital a través de una nueva estructura impositiva progresiva y de leyes efectivas contra el extendido abuso empresarial.
Este plebiscito es “de entrada”. Luego vienen las elecciones de ciudadanos integrantes de la convención (ya sea mixta y constituyente) el 11 de abril de 2021, para luego dar paso a la redacción de la Constitución con un plazo de nueve meses, renovable por tres más. Finalmente hará un plebiscito ratificatorio “de salida” durante 2022. Si gana el "rechazo" se mantendría la Constitución de 1980.
