Ni los muros de las cárceles fueron un escollo para el espionaje que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegó durante el macrismo. A los presos kirchneristas los espiaron hasta cuando seguían los resultados de las primarias del año pasado y registraron hasta cuántos minutos dedicaron al festejo. La vigilancia se extendió a sus familiares, a sus abogados, a jueces u organismos de derechos humanos que organizan visitas a las cárceles. Todo quedaba registrado en los chats de los penitenciarios. Frente a ese escenario, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pidieron ayer que se convoque, por primera vez, a indagatoria a los altos mandos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y a tres altos funcionarios de la dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI, que jugó un rol clave en el armado de causas durante el gobierno de Mauricio Macri. Si el juez Juan Pablo Augé así lo decide deberán volver a declarar por el espionaje penitenciario el extitular de la AFI, Gustavo Arribas y siete agentes de los Súper Mario Bros, que hicieron tareas de inteligencia ilegal tanto en las cárceles federales como en las del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Los fiscales se despacharon con 25 pedidos de indagatorias por el sofisticado sistema de espionaje en las cárceles, que habría logrado una comunión de intereses entre el SPF y la AFI. La novedad es el llamado a indagatoria de Emiliano Blanco, exdirector del SPF, junto con otros funcionarios de importancia como Cristian Suriano (director de Análisis de la Información del SPF), o de Miguel Ángel Perrota (director de Asuntos Internos) y del asesor Fernando Carra. Con ellos, los fiscales entienden que deben responder preguntas otros cinco penitenciarios más.

El otro aspecto novedoso del dictamen de Incardona y Eyherabide es que piden que llamen a indagatoria a tres funcionarios de la poderosa Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos, que se expandió notablemente durante la gestión de Gustavo Arribas. De ese área deberán comparecer, si Augé así lo decide, su titular, Juan Sebastián de Stefano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, un exempleado del juzgado de Claudio Bonadio que trabajó en la AFI. Según los fiscales, Jurídicos no sólo creció en influencia, sino que sumó cuestiones operativas. Por ejemplo, Ruda Bart estaba a cargo de las escuchas que se hicieron en las cárceles. Esas escuchas se filtraban y llegaban, por ejemplo, de forma anónima a manos de Elisa Carrió para que presentara denuncias para intentar contrarrestar el D'Alessiogate.

El espionaje en las cárceles funcionó bajo un convenio de cooperación que firmaron la AFI y el SPF en 2018, cuya existencia fue revelada por este diario. Por estos hechos, los fiscales también pretenden que vuelvan a indagatoria Arribas y su número dos, Silvia Majdalani. También Alan Ruiz y siete agentes del grupo Súper Mario Bros que eran los que estaban en contacto con los integrantes del SPF. Según consta en los chats, los Súper Mario Bros seguían un “método” para recolectar información de los presos. También tenían un semáforo según la importancia que les daban a los “amigos especiales” que debían monitorear.

Por el espionaje en el SPB, los fiscales también reclamaron la indagatoria de tres integrantes del área de Operaciones Técnicas de Contrainteligencia de la AFI, que habrían ido a cablear la alcaidía de Melchor Romero junto con Andrés Rodríguez, un exempleado del SPB que se fue en comisión a la AFI. La versión era que la AFI se embarcó en esa empresa para esperar una detención de Hugo y Pablo Moyano.

La metodología

Para los fiscales, el espionaje en las cárceles se sirvió del llamado sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), un invento del macrismo, que les permitió a las autoridades del SPF tener información directa de los presos kirchneristas. Se valieron de su condición de funcionarios públicos y usaron infraestructura del Estado -- como son las cárceles -- para hacer actividades de espionaje ilegal, sostuvieron Incardona y Eyherabide.

Entre sus víctimas estuvieron Carlos Zaninni, Amado Boudou, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Chueco, Víctor Manzanares, Oscar Thomas, Fernando Esteche, Juan José María OIazagasti, Fabián de Sousa, Rafael Llorens, Daniel Pérez Gadin, Carlos Santiago Kirchner, Gerardo Ferreyra, Claudio Minicelli, Juan Pablo “Pata” Medina, Cesar Milani, Nélson Lazarte, Omar “Caballo” Suárez, Rafael Resnick Brenner, entre otros funcionarios, sindicalistas o empresarios ligados al kirchnerismo que estuvieron presos en las cárceles federales.

El espionaje se organizó de la siguiente manera:

  • Se pedían reportes diarios a los celadores, que incluyeran quiénes visitaban a los presos;

  • La información circulaba en un chat de agentes de inteligencia penitenciarios que se llamaba “círculo de confianza” y llegaba hasta la cima del SPF;

  • Carra, a cargo de una oficina de Promoción de Derechos Humanos del SPF, también se habría acercado a los presos para obtener información y hacérsela llegar a Suriano;

  • La información se compartía con la AFI, que tenía el semáforo de los presos;

  • Se instalaron cámaras en los pabellones --que eran monitoreadas desde el área de Inteligencia del SPF-- y se pincharon los teléfonos, que eran escuchados por una división dependiente de Jurídicos de la AFI, que nunca antes había tenido esa función;

  • Las transcripciones de las escuchas terminaban siendo filtradas, tomaban estado público y muchas veces acababan nutriendo causas judiciales impulsadas por distintos sectores de la entonces coalición gobernante.

De lo único que hasta ahora Comodoro Py no reclamó la competencia fue del legajo vinculado al espionaje en las cárceles. Ayer, el camarista Mariano Llorens decidió no esperar que sus pares de la Cámara Federal de La Plata se pronunciaran y le pidió a la Casación qué diga dónde debe tramitarse la causa por el espionaje en el Patria. Arribas y compañía prenden velas para la mudanza a Comodoro Py.