Siempre advertía sobre “el riesgo que implica la tendencia de la abogacía a encasillar y clasificar todo”, porque “no deja de ser una forma de pretender adaptar la realidad a lo que nosotros pensamos”. Mario Juliano, el juez de Necochea que murió el jueves por la noche mientras encabezaba una travesía solidaria, dejó un legado de frases y reflexiones, pero sobre todo, un ejemplo humanitario, progresista, en sus fallos y en su vida cotidiana. Lo lloran su familia, sus amigos, sus pares y de manera especial, las personas privadas de su libertad.

Como juez en lo criminal de Necochea, se manifestó a favor de legalizar el cannabis, sentenció que no es delito que una mujer haga topless en la playa, se manifestó en contra de la condena a perpetua y bregó para que los presos tuvieran acceso a un celular para hacer menos duro el aislamiento por la covid-19.

Fiel a sus convicciones, Juliano, a los 64 años, estaba encabezando una travesía que imponía recorrer 280 kilómetros en el marco de una cruzada solidaria para reunir el dinero necesario para que una familia sin techo tuviera acceso a una vivienda. Como pocos jueces lo hacen, trabajaba en forma permanente para mejorar las condiciones de encierro en los penales bonaerenses.

Entre otros fallos que generaron polémica, en 2017 dijo que quitarse el sostén en la playa “no es delito” y desautorizó un procedimiento policial contra tres mujeres que disfrutaban del sol en las playas de Necochea. Desestimó la acusación porque en los fundamentos se había citado una norma establecida por la dictadura militar que no cumplía “con lo que marca la Constitución”.

Juliano era director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal. Durante el año pasado estuvo presentando su libro, que en el título y en el contenido brega Por una agenda progresista para el derecho penal en la Argentina.

Otra de sus batallas fue en favor de la implementación del juicio por jurados populares, por entender que los ciudadanos comunes tienen “una mayor imparcialidad” que los propios jueces, en relación con su advertencia sobre la tendencia de los letrados de imponer sus puntos de vista “por encima de la realidad de los hechos”.

Una vez decretada la cuarentena por la pandemia, emitió un fallo para habilitar el uso de teléfonos celulares por parte de los internos en las Unidades Penales 15 y 44 de Batán y 37 de Barker, antes de la resolución del Ministerio de Justicia que hizo extensiva la medida a todas las cárceles de la provincia.

También se manifestó en contra de la política de “encarcelamiento indiscriminado” y el uso abusivo de la prisión preventiva. “En esa reunión se hablará de conceptos poco conocidos: que hay que ser prudentes a la hora de decidir, que la prisión preventiva debe ser excepcional, que hay que apelar a formas alternativas a la prisión”, sostuvo antes de participar en una reunión con magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Su preocupación por mejorar las condiciones de detención en las cárceles bonaerenses era una forma de encontrar caminos para impulsar la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Su objetivo era desarrollar estrategias tendientes a disminuir la conflictividad social y mejorar la convivencia pacífica de la sociedad.

El deporte y la solidaridad era una combinación a la que apelaba para asistir a quienes tenían alguna urgencia, perfil que lo distinguía a la par de su larga trayectoria en el Poder Judicial. El año pasado había organizado una actividad denominada “Pedaleando por un techo”. En ese caso, recorrió en bicicleta un trayecto de 1500 kilómetros para resolver necesidades habitacionales de un atleta no vidente.

Ahora, junto con colaboradores y amigos, se había propuesto recorrer 280 kilómetros “por un techo digno”, en favor de una familia humilde integrada por diez personas. La idea era recorrer 25 kilómetros por día, acompañado entre otros por el atleta Leonardo Conti.

Estaba disfrutando de la travesía y así lo hacía conocer en las redes sociales: “La vida nos sigue sonriendo: se dio vuelta el viento y parecería ser que hoy lo volveremos a tener de cola para regresar hasta el cruce de Fernández”, lo que significaba completar un recorrido de 27 kilómetros. Así lo expresó en su cuenta de Twitter, en plena maratón, cuando habían emprendido el tramo final. Las donaciones acordadas con gente solidaria como él eran el pago de mil pesos por cada uno de los 280 kilómetros, para reunir un total de 280 mil pesos.

Juliano tenía seis hijos, de 4 a 31 años. Una de sus hijas mayores “es cultivadora y consumidora de cannabis”, hizo saber a través de una carta pública. En el texto resaltó: “Estoy orgulloso de mi hija y de su opción de vida, y tengo la certeza de que difícilmente se verá involucrada en situaciones riesgosas relacionadas con las drogas”.

La vida del juez progresista se esfumó como consecuencia de un infarto que le puso un triste final a la que fue su última actividad solidaria. La idea era unir, en etapas, las localidades de Quequén, Juan N. Fernández, Claraz, La Dulce, Ramón Santamarina y Necochea. El fallecimiento de Juliano supone una pérdida importante para la pluralidad de criterios en el Poder Judicial.

“Era un adelantado, y quizás la persona más generosa que conocí”, señaló a Página/12 Sandra Saidman, integrante de APP y jueza de Faltas en la ciudad chaqueña de Barranqueras. Su postura, afirman quienes trabajaban a su lado, siempre hacía ruido. “Cada meta, cada iniciativa, siempre tenía por delante un objetivo colectivo y para las personas menos favorecidas, tanto para las personas privadas de su libertad como para los sectores vulnerables de la sociedad”, relató Fernando Gauna, abogado y director ejecutivo de APP.