Por el momento el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, logró esquivar pasar la noche en una celda ya que la jueza de Garantías 6, Sandra Espeche, no hizo lugar al pedido de detención solicitado por la Fiscalía y se limitó a ordenar que el ex jefe comunal y la ex secretaria de Hacienda municipal, Carmen Rosa Méndez, deberán permanecer en sus domicilios constituidos y les prohibió salir del territorio provincial.

Cornejo se encuentra imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (en cuatro hechos), todo en concurso real, mientras que Méndez lo está por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, en concurso real.

Para desestimar el pedido de detención solicitado por la fiscal Verónica Simesen de Bielke, Espeche argumentó la ausencia de legajo fiscal al momento de la presentación.

Cornejo fue imputado en marzo pasado, tras irregularidades detectadas en el registro de gastos sin documentación respaldatoria para el control de legalidad de la erogación. Además, se le atribuyó la adquisición con fondos públicos mediante el pago con cheques de una camioneta Chevrolet que no fue registrada a nombre del municipio. En la misma causa está imputada Méndez.

En el pedido de allanamiento y detención la Fiscalía sostuvo que “surgen elementos suficientes para sostener que Cornejo y Méndez disponían de los fondos municipales a su antojo, sin rendir cuentas en absoluto y que además, ese dinero proveniente de fondos públicos –principalmente de la coparticipación– era utilizado en beneficio personal y no público”.

La fiscal señaló que “de la extracción de mensajes del teléfono celular del imputado Cornejo se permite inferir que se utilizaban los fondos públicos con un total y absoluto descontrol, constituyendo plazos fijos, retirando el dinero en 'bolsos' y sin poner en conocimiento de la existencia de la cuenta, principalmente del Banco Patagonia para llevar a cabo sus actos ilícitos”.

“Nos encontramos ante una investigación de actos de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Municipio y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo, resultando Cornejo –como máxima autoridad del Ejecutivo municipal– y Méndez –como tesorera y secretaria de hacienda- las piezas fundamentales para llevar a cabo tales actos”, dijo la fiscal.

Simesen de Bielke se apoyó también en la auditoría que se le hizo al municipio por el período 2017 – 2019, que arrojó como resultado el faltante de 84 millones de pesos y de los que “aún se desconoce el destino de los fondos públicos comprometidos, cuya ubicación y recuperación es -por su naturaleza- uno de los objetivos prioritarios para los intereses generales de la sociedad”.

Hasta hoy, si bien existe una inhibición general de bienes, no se ha podido hallar en su totalidad el destino que se le ha dado a los fondos públicos presuntamente desviados.

Por ello la Fiscalía concluyó que “si bien ambos se han presentado a prestar declaración, nos encontramos claramente ante una de las hipótesis previstas en la teoría de los riesgos procesales constitutiva del 'peligro de fuga'” y además que sus libertades constituyen un riesgo para el proceso en curso, su detención resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación. Ante esta certeza de parte de la fiscalía, es que estarían analizando la apelación a la resolución de la jueza.

La jueza Espeche, que se reunió ayer con Cornejo en la Ciudad Judicial antes de desestimar la orden de prisión, fijó para el ex intendente la obligatoriedad de presentarse dos días a la semana, en horarios fijados por resolución, para garantizar su constricción a la ley, mientras que Méndez deberá hacerlo también dos días a la semana en horarios distintos.

Para ambos, la jueza fijó la prohibición de salir de la provincia y del país sin autorización judicial previa, para lo cual se ordenó al imputado Cornejo la entrega inmediata de su pasaporte.

Además, deberán abstenerse de concurrir a cualquier tipo de reunión y se fijó la prohibición de contacto con otras personas imputadas en la causa. Se les asignó asimismo consignas policiales ambulatorias.