La fiscala penal de Pichanal, Sofía Fuentes, decidió este viernes prorrogar la audiencia de imputación al presidente de la Comunidad El Algarrobal, Nelson Campos, al que pretendía acusar formalmente de usurpar su propio territorio
La audiencia pasó para el martes que viene, pero la fiscala puso como condición que sea de manera presencial, es decir, que los abogados (que se encuentran en Salta Capital), viajen hasta Pichanal, en el departamento Orán. Ello tras rechazar el pedido de que el acto se concretara de forma remota. El abogado defensor Martín Plaza sostuvo que con esta decisión la representante del Ministerio Público Fiscal “pone en peligro el derecho a la defensa técnica, legal y eficaz” de Campos.
“Dice que estamos exceptuados dentro del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), y que podemos ir dado que están autorizadas las audiencias presenciales y que ella no tiene las posibilidades tecnológicas” para acceder a una audiencia remota, dijo Plaza a Salta/12.
“Tuve al menos tres audiencias por videollamada con la Fiscalía de Embarcación (en el departamento San Martín), en donde sólo se hizo por whatsapp”, añadió el abogado para graficar que no existe ningún tipo de condiciones o exigencias requeridas cuando se trata de medios tecnológicos para concretar audiencias de manera remota. “Lo único que se requiere es tener un celular relativamente nuevo y conexión a Internet”, afirmó. En principio, en Pichanal existe buena conectividad para realizar este tipo de conexiones.
Para Plaza, lo de Fuentes es “más una excusa que otra cosa”, con una decisión que a su entender “pone en peligro el derecho a la defensa técnica, legal y eficaz” de Campos. Y es que si bien los abogados, pueden pedir un permiso de circulación para viajar, “por responsabilidad social una vez que volvamos debemos hacer cuarentena”, explicó Plaza, que asumió esta defensa junto a la letrada María Cecilia Jezieniecki. Ambos integran el Colectivo de Abogados Populares, Plaza es además miembro de la Agrupación HIJOS de Salta.
Para Plaza, la finalidad de Fuentes es “criminalizar la lucha de los hermanos en el reconocimiento del territorio”, y entendió que con resoluciones como esta rompe con la “objetividad” de la investigación a su cargo.
En cuanto a los pasos a seguir indicó que por el corto tiempo, si bien podría apelar la resolución de la fiscala no habría una decisión de alzada antes del martes, cuando se debe concretar la audiencia de imputación del presidente de El Algarrobal.
Campos fue imputado luego de que lo acusaran de usurpar el territorio que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció como de uso ancestral de la comunidad wichí de la que es referente, lo cual sucedió en 2018, previa aprobación de la resolución del relevamiento en el Congreso de la Nación.
EL INAI pidió recaudos materiales y jurídicos
El INAI informó ayer que por este caso se envió un escrito a la fiscala Fuentes para que “se tomen todos los recaudos, tanto materiales y jurídicos, en el sentido que cualquier medida o proceso judicial se enmarque en la interculturalidad”.
El organismo nacional recordó que la Comunidad El Algarrobal, del Pueblo Wichí, se encuentra en una causa relacionada estrictamente con la defensa de la posesión de la tierra comunitaria indígena, reconocida por el INAI mediante Resolución 323/2018 (6/12/2018) como de ocupación actual, tradicional y pública.
También se le comunicó a Fuentes que en la provincia de Salta se realizaron los relevamientos territoriales de comunidades indígenas indicados por la Ley 26.160 en el marco de diferentes convenios firmados entre el INAI y esta Provincia.
“Actualmente es política del gobierno nacional garantizar la construcción de soluciones dialoguistas, generando los espacios de consensos en el marco del estado democrático como modo de resolución alternativa por fuera del marco penal”, sostiene el comunicado del INAI. El organismo comunicó a la Fiscalía de Pichanal que el Ministerio Público Fiscal y sus auxiliares “efectúe un control de convencionalidad entre las normas internas y las convenciones de derechos humanos en materia indígena adoptado por el Estado en el concierto internacional y constitucional, en oportunidad de expedirse y valorar la especial situación de vulnerabilidad de las personas pertenecientes a Pueblos Originarios y la problemática territorial padecida por la Comunidad wichí”.
“Solo echaría nafta al fuego”
Como adelantó Salta/12, el director jurídico del INAI, Julián Fernández Duarte, mantuvo el jueves último una reunión virtual con el Procurador General de la provincia, Abel Cornejo. De esa reunión, que se realizó por medios tecnológicos, participaron además el coordinador de la zona norte y la directora de Tierras de la Secretaria de Agricultura Familiar Campesina Indígena, Ignacio Garzarón y María José Castillo; la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Salta, Jorgelina Juárez, y el diputado de Orán, Iván Mizzau; la abogada Chyntia Flores; Jocha Castro Videla (del Movimiento Evita) y la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro.
Según se informó oficialmente desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), Cornejo recordó la propuesta de conformar una Mesa de Concertación para el uso de la Tierra y la Emergencia Habitacional y su instrucción al cuerpo de fiscales de llamar a mediaciones y evitar el uso de la fuerza o la represión “como alternativa ante los conflictos que agravan situaciones generadas por la emergencia social y el escándalo moral, que es la pobreza”, porque ello, “solo echaría nafta al fuego”. La Procuración Insistió en que la única solución posible debería “adoptarse desde un punto de vista humanitario, de los derechos humanos y político, sostenido por el equipo de mediadores del MPF".
También señaló la necesidad de que se cumpla con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre los ex lotes fiscales 14 y 55. Pues si bien este es un conflicto en la jurisdicción de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, las disposiciones de la Corte IDH son aplicables a otros grupos de pueblos originarios afectados por la conflictividad en sus territorios de uso ancestral.
Fernández Duarte y María José Castillo coincidieron en que la vía de solución es política y la funcionaria manifestó su preocupación por la criminalización de una situación que no requiere una definición penal. También pidió que el MPF establezca un protocolo para prohibir desalojos cautelares y que se prorroguen los previstos, tal como lo establece la normativa vigente.
Finalmente, Fernández Duarte compartió que preparan un anteproyecto de ley para que todos los poderes del Estado se capaciten en Derecho Indígena, tal como sucede con Ley Micaela porque “se necesitan seriamente políticas públicas y una mirada intercultural, además de la capacitación de fiscales en esa rama del derecho”.
