Una sucesión de crímenes conmocionaron a la ciudad, ya que en menos de 15 horas se registraron tres homicidios en Rosario y uno en Villa Gobernador Galvez. Si bien se trata de circunstancias diferentes entre sí -alguna de ellas aun no esclarecidas por parte de los fiscales- que engrosan las estadísticas expuestas por el ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain en los últimos días, cuando promocionó el convenio con la Nación para aplicar tres mil millones de pesos a su área, no deja de ser llamativo que durante el fin de semana se produjeran los homicidios. La escalada se da precisamente en las vísperas de la instalación y puesta en marcha de la oficina que tendrá el Ministerio de Seguridad de la Nación en la ciudad de Rosario. El martes desembarcarán en la ciudad con mayores índices de violencia urbana del país dos funcionarios de alto nivel de la estructura que conduce Sabina Frederic. Se trata del Luis Morales, Subsecretario de Acción Federal y Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal. Se trata de dos experimentados funcionarios, a pesar de su juventud, que aportarán al diseño de un plan de seguridad, que a casi un año de asumir el nuevo gobierno se espera empiece a rendir frutos. La doctora La Ruffa, politóloga y experta en seguridad ciudadana y cuestiones de género, ya ha mantenido un primer encuentro con el intendente Pablo Javkin, y lo propio hará la semana que comienza el abogado Morales, que desempeñó tareas en el área en la provincia de Buenos Aires y también en la órbita del Ministerio de Justicia.
La seguidilla de crímenes en la últimas horas disputaron con la evolución de la pandemia la preocupación de las autoridades, tanto de la provincia como del municipio. Fuentes consultadas consideraron llamativo que los episodios se encadenaran de este modo, aunque la descripción de los sucesos establecen que principalmente se trató de conflictos interpersonales que se saldaron de forma violenta entre familiares y conocidos.
En el primero de ellos, en la zona oeste de la ciudad, perdió la vida un joven de 23 años producto de disparos en las piernas y en el pecho. No muy lejos de allí, otro hombre que participaba de una fiesta clandestina fue asesinado con arma blanca. Con diferencia de algunas horas, otro joven de 25 años fue apuñalado por un vecino luego de una disputa por el volumen del sonido en otra fiesta, en este caso en Villa Gobernador Galvez. El último de los homicidios -que no está esclarecido todavía- se produjo en ocasión de una disputa familiar en la que el hijo de una mujer que discutía con su pareja puso violentamente fin a ese episodio con dos disparos que terminaron con la vida de su padrastro, en una vivienda que compartían en Cullen al 3400.
Si bien se tratan de muertes violentas pero no en ocasión de lo podrían llamarse “hechos de inseguridad”, como son los arrebatos, robos a mano armada o ajustes de cuentas; los expertos que llegarán a la provincia tendrán un enfoque más amplio para el abordaje de la problemática, que no se limitará a cuestiones estrictamente referidas al funcionamiento de las fuerzas policiales.
Por sus antecedentes y experiencia, tanto La Ruffa como Morales ampliarán el radio de acción en consonancia con lo expresado por Sain, quien en ocasión de la firma del convenio con la Nación explicó que “en las grandes ciudades, cuando hay un alto deterioro social como consecuencia del nivel de desigualdad, hay un inevitable aumento del delito. En esta pandemia no encontramos con una catástrofe social y estamos atravesando un proceso de crecimiento de los niveles de violencia social que se reflejan en los delitos de la calle”, describió el funcionario.
Lo cierto es que tanto el conglomerado urbano de Santa Fe como el de Rosario prácticamente triplican en casos a la media nacional. Un componente adicional a la descripción de Sain está dado por la sangrienta disputa territorial protagonizada por bandas narco cuyos lideres están presos, pero que esa situación no ha redituado en cuanto a la disminución de la criminalidad.
Por el momento, y a la luz de los anuncios, el empeño del gobernador Omar Perotti está puesto en combatir la “inseguridad” antes que en erradicar las condiciones estructurales que en muchos casos empujan -especialmente a los jóvenes- a buscar una salida a través de la economía del delito.