El presidente Alberto Fernández tiene resuelto enviar al Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) antes de que termine este año parlamentario. O sea, a más tardar en el mes de noviembre. Se hará, conforme se anunció en numerosas oportunidades, con otro proyecto de ley. “El Plan de 1000 días” para dotar de asistencia estatal a embarazadas que quieran continuar la gestación.

El envío conjunto responde a un imperativo ético tanto como a una sugerencia, tiempo atrás, de la jerarquía de la Iglesia Católica.

El mandatario tenía otros planes y otro calendario que la pandemia trastocó. En estos meses alegó que era poco prudente instar el proyecto por dos motivos. El primero que el sistema de salud priorizara todo lo vinculado con el coronavirus.

El segundo era desalentar todo tipo de movilización callejera. La cautela, impuesta por la peste, priva al movimiento feminista de una herramienta esencial.

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El largo tiempo transcurrido, la perspectiva insatisfactoria de diferir el tratamiento legislativo al año próximo, preelectoral, terminaron de decidir al Presidente. Influyeron también los pedidos de las mujeres que integran el Gabinete. Conforme informó en PáginaI12 la periodista Mariana Carbajal, hace pocos días “la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto redobló su reclamo al Presidente para que cumpla con su promesa (…) salió en redes sociales a interpelar directamente al mandatario: ‘Apretá el botón verde’, dice uno de los flyers con la imagen de Alberto Fernández”. El mandatario se apresta a hacerlo.

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Según allegados de Palacio solo faltan afinar detalles del Plan para 1000 días. En especial, armonizarlo con normas similares que rigen ya en varias provincias. San Juan, comentan en la Casa Rosada, se encuentra entre las más avanzadas.

La perspectiva de un conflicto con la jerarquía Católica siempre está presente. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un comunicado alertando al Gobierno. Afirma “así como la dignidad de la vida y la promoción de los derechos humanos son conceptos centrales en una agenda democrática, la situación general de la salud pública, planteada por esta dolorosa coyuntura, hace insostenible e inoportuno el intento de discutir una ley de estas características”. El documento lo firma el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, muy afín al Papa Francisco. Anticipo ofensivo, dirían los futboleros.

En su momento comenzará el poroteo de los votos. Tal como ocurrió años atrás el Senado será el escollo mayor. En la Casa Rosada confían que el apoyo del Ejecutivo ayudará a construir mayoría con base en el Frente de Todos.