Procesado esta semana por integrar una asociación ilícita paraestatal durante el macrismo que tuvo entre sus objetivos a los funcionarios del kirchnerismo, el fiscal Carlos Stornelli viene descollando en las últimas semanas con el impulso de causas contra funcionarios de la gestión actual. Mientras trata de mantener a flote la denuncia contra la defensora del Público Miriam Lewin por la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales NODIO -- en la que mostró una pluma pomposa --, Stornelli sigue en su cruzada para encender una denuncia con ribetes desopilantes que involucra a cinco altos funcionarios en un supuesto plan pro-impunidad.

Aunque menos promocionada que su pedido de cautelar e indagatoria contra Miriam Lewin, Stornelli impulsa una causa contra Carlos Zannini (Procuración del Tesoro), Juan Martín Mena (Secretaría de Justicia), Félix Crous (Oficina Anticorrupción), Guillermo Nissen (Inspección General de Justicia - IGJ) y Horacio Pietragalla (Secretaría de Derechos Humanos). Los denunciantes son básicamente los mismos que hicieron la presentación contra Lewin: los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Graciela Ocaña, Jorge Enríquez, Álvarez de Lamadrid, entre otros.

Los diputados macristas dicen que los funcionarios son parte de un plan para “desbaratar las investigaciones y avanzar hacia la impunidad de (Cristina) Fernández de Kirchner, sus hijos y algunos de sus excolaboradores”. Según ellos, se habrían nombrado a partir de diciembre a funcionarios vinculados para evitar que las causas avancen.

Los aportes para el supuesto plan pro-impunidad de cada uno de los denunciados no tienen desperdicio. Por ejemplo, Zannini no haría que la Procuración del Tesoro participe en la recuperación de activos en causas de corrupción. Mena, por su parte, habría hecho depender de su Secretaría el Programa de Protección de Testigos -- que incluye a los arrepentidos y estos habrían pedido su salida del programa. Lo cierto es que los cambios al Programa empezaron durante el macrismo, cuando buscaron pasarle el área a la Corte, a la Cámara de Casación e incluso a la Cámara Federal sin demasiado éxito. En el caso de Pietragalla, critican que la Secretaría de Derechos Humanos se haya interesado por la situación de Ricardo Jaime y Martín Báez en las causas o que Félix Crous haya desistido querellas en las causas Hotesur y Los Sauces inicialmente. De Nissen dicen que, desde la IGJ, bloquea el acceso a información del Instituto Patria porque es la “usina de ideas (...) de donde salen los criterios sobre el lawfare”, que serían los que buscan “desprestigiar” las causas.

Stornelli adhirió a ese planteo e impulsó una serie de medidas que buscan básicamente auditar la tarea de distintas áreas del Estado. Por ejemplo, como los denunciantes dicen que la Procuración del Tesoro debería participar del recupero de activos, Stornelli pidió todos los expedientes vinculados a este tema que se hayan sustanciado desde el 10 de diciembre del año pasado o pretende que la IGJ conteste si tiene un legajo vinculado al Instituto Patria o en qué expedientes se presentó la Secretaría de Derechos Humanos.

La causa, en realidad, se inició con una denuncia contra Crous -- que después se amplió a otros funcionarios -- por haber desistido las querellas en Hotesur y Los Sauces, un debate que desde la Oficina Anticorrupción saldaron esta semana con la resolución que establece que el organismo no querellará en ninguna causa y será reperfilado hacia las políticas de prevención de la corrupción. En ese tramo, la jueza María Eugenia Capuchetti le dijo a Stornelli que no había delito porque la Oficina tiene la facultad de querellar pero no la obligación de hacerlo, y decidió sobreseer a Crous. Incluso Capuchetti con cierta delicadeza le sugirió que estaban haciendo forum shopping porque había una causa con similar objeto, pero que el fiscal Federico Delgado no impulsó porque dijo que, podía no compartir la decisión de Crous, pero eso no implicaba que hubiera un incumplimiento en sus funciones.

Stornelli no se amilanó y apeló. En su cruzada, contó con el aval del fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, que dijo que era “inadmisible consentir el cierre de la investigación por un acontecimiento sospechado de corrupción atribuido al titular de la Oficina Anticorrupción”. La Cámara Federal porteña tiene aun por resolver la apelación de Stornelli - Agüero Iturbe contra el sobreseimiento de Crous y decidir quién investiga la otra trama que fueron edificando Stornelli con las denuncias de Juntos por el Cambio, tres referentes de la Coalición Cívica y la abogada Silvina Martínez, porque Capuchetti la mandó a sorteo, diciendo que se trataba de una investigación diferente a la que ella originalmente tuvo en su poder.

El tándem Stornelli - Agüero Iturbe viene funcionando con cierta sintonía en otra de las empresas que persigue el fiscal procesado: traer las causas de espionaje que tramitan en Lomas de Zamora a Comodoro Py, como reclaman los imputados Gustavo Arribas y Darío Nieto y los damnificados Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. Lo paradójico es que un fiscal procesado por ser parte de una trama de espionaje con sectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y con el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio sea el que busque hacerse de la causa de Lomas. De hecho, el viernes, en su dictamen sobre el espionaje en las cárceles, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide trazaron una línea entre las escuchas que la AFI hacía en las causas con las transcripciones que llegaban a manos de Stornelli para impulsar denuncias contra la causa que lo tiene como imputado en Dolores.

“No hay duda ya que Stornelli fue una parte involucrada en la maquinaria de persecución desplegada por el macrismo. Fue uno de los actores elegidos para llevarla adelante”, le dice a Página|12 el abogado Alejandro Rúa, que querella en Lomas y en Dolores y que representa a Crous en la causa actual. “Lo que está desplegando ahora es una estrategia de defensa. Sigue jugando el mismo juego que antes, pero ahora lo hace en forma cada vez más desesperada y solitaria”, agregó.

Stornelli no sólo tiene abierto el frente judicial, sino también que las críticas por su actuación como fiscal y su sostenimiento arrastran al actual procurador interino Eduardo Casal, que lo ayudó a ganar tiempo para no presentarse a indagatoria en Dolores. Mañana, cuando se reúna la bicameral que monitorea al Ministerio Público, la comisión requerirá informes a Casal en dos temas que tocan al fiscal Stornelli. En primer lugar le van a preguntar por qué apuró concursos para cubrir vacantes de fiscales que estuvieron congelados por un año y medio y sostuvo en uno de ellos a Stornelli -- que nunca estuvo en una situación de concurso-- como evaluador. Su permanencia ocasionó la renuncia del juez de la Corte Suprema santafesina Daniel Erbetta, quien se excusó por razones de mínima ética académica y judicial por no querer compartir un jurado con un fiscal que está siendo investigado penalmente. El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) se sumó ayer a la ola de repudios.

En segundo lugar, la bicameral le va a consultar a Casal qué se hizo desde la Procuración para que los fiscales cumplieran con la ley del arrepentido que obliga a tener grabaciones de las declaraciones. Stornelli descolló con el uso de la figura del arrepentido en la causa cuadernos, pero olvidó cumplir con la ley. Por último, la comisión va a pedir informes al juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado sobre una causa que tramita allí y en la que presuntamente estaría involucrado Stornelli en la compra-venta de objetos nazis. En Comodoro Py y alrededores se aburre el que quiere.