La comunidad del Pueblo Wichí Yokuespehen, que hace un año y medio se trasladó al kilómetro 20 de la ruta nacional 86, a 20 kilómetros de la ciudad de Tartagal, en el departamento General San Martín, fue desalojada este miércoles último en el marco de una causa que investiga la Fiscalía Penal N° 2 de esa ciudad norteña, a cargo de Rafael Medina, y el Juzgado de Garantías 1, cuyo titular es Nelson Aramayo. La medida se llevó a cabo pese a estar vigente la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, que prohíbe los desalojos de las comunidades.
Hasta donde se pudo reconstruir, diferencias internas en la comunidad de origen, ubicada en el kilómetro 16 de la ruta 86, llevaron a parte de estas familias a moverse al kilómetro 20. Integrantes de la comunidad Yokuespehen (y también miembros de otras comunidades wichí) indicaron que entienden que el territorio de uso ancestral incluye a las tierras ocupadas más recientemente. El titular registral, Jorge Panayotidis, denunció a estas familias por usurpación.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que el desalojo se llevó a cabo sin incidentes, "todo fue tranquilo", y que las familias se retiraron "voluntariamente" del territorio en conflicto, 400 hectáreas.
Al analizar el expediente judicial las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se dieron con que “la comunidad no tuvo defensa ni traslado a un defensor oficial ni a los organismos competentes para que se exprese si está o no contemplada por la emergencia territorial”, dijo el director jurídico del organismo nacional, Julián Fernández Duarte, en comunicación con Radio Nacional Salta.
Sin embargo, el secretario de Asuntos Indígenas de la provincia, Luis Gómez Almaraz, afirmó ante Salta/12 que desde que se inició la causa se hicieron dos presentaciones para evitar el desalojo. Pero lo único que consiguieron fue una prórroga por siete días, de una acción que finalmente tuvo lugar. En la primera de las presentaciones se solicitaba la suspensión del desalojo dado que se debía estudiar el caso de la comunidad. Aramayo no aceptó esta posibilidad y ordenó el desalojo. Luego se hizo una nueva presentación para conseguir una prórroga de 7 días que se venció el miércoles pasado, cuando finalmente se dispuso sacar a la comunidad del lugar.
Según indicaron a Salta/12 Jorge Altamirano y Joaquín Esteros, miembros de las comunidades wichís Loila y La Mora 2 (también de Tartagal), antes de que el desalojo se concrete existió algún acercamiento de técnicos de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia. A pesar de ello, señalaron que estos técnicos no hicieron lo suficiente para evitar el desalojo. Y añadieron que sospechan que algunos técnicos estarían favoreciendo la división de las comunidades originarias y por lo tanto, su desorganización. “Siempre estamos acompañando y trabajamos para construir y unir. Me gustaría que no se dividieran. Pero es propio y razonable que por una cuestión de liderazgos se separen”, fue la respuesta de Gómez Almaraz ante las percepciones de los originarios.
Respecto a la situación que se generó no solo en esta comunidad, sino también en El Algarrobal (en Pichanal, departamento Orán), donde un referente fue acusado de usurpar su propio territorio ya relevado, el funcionario provincial afirmó: “como Estado hacemos mea culpa”. En esta línea dijo que existe un vacío legal “porque nos falta la ley de instrumentación de propiedad comunitaria que está hace cuatro años en el Congreso de la Nación y se solicita que sea tratada para que se pueda hacer real y efectiva” la entrega del territorio a las comunidades.
Fuego y lluvia
“Es la filosofía del divide y reinarás”, dijo Esteros a Salta/12 al sostener que ante la falta de acompañamiento a las comunidades existe una importante desunión que los termina perjudicando. “Yo soy de los que cree que hay que mantenerse unidos, y mantener la cultura, pero soy minoría”, afirmó.
Altamirano, por su parte, explicó que las familias que se desmembraron desde el kilómetro 16 y fueron desalojadas el miércoles, “querían sembrar y hacer sus artesanías para hacer lo suyo. Pero no los dejaban en la comunidad” de origen, y fue entonces que se trasladaron al kilómetro 20. Describió que las casas que tenían “algunas eran de madera, pero como no hay mucha madera, otras eran de plástico, que es lo que más se usa”.
El día que la Policía llegó “los chicos quedaron pálidos”, contó Altamirano describiendo el temor que sintieron. La Policía desarmó las casas y dejó las pertenencias al costado de la ruta, y a sus habitantes también.
El mismo miércoles 21 y el jueves 22, entre las 5 y las 19, otras comunidades indígenas acompañaron al grupo desalojado con un corte de ruta sobre el kilómetro 5. “Ahí son como 50 comunidades originarias”, dijo Esteros para explicar la razón de que el corte se hubiera realizado en ese lugar. Solo por intermediación de Fernández Duarte en coordinación con algunos funcionarios de la provincia se logró firmar un acta que puso un impasse. Esteros y Altamirano sostuvieron que en ella se selló el compromiso de crear una mesa de diálogo para superar el conflicto. Mientras, según contó Altamirano, el jueves “alguien” prendió fuego al lugar que antes ocupaban las familias wichí. “Estaban preocupados, tenían sembradíos y sus animalitos”, dijo el vocero.
Luego del fuego vino la lluvia y entre la noche del viernes y el sábado quedaron mojadas las pertenencias de las familias que decidieron quedarse al costado de la ruta enfrente de territorio que ocupaban, en una zona que pertenecería a Vialidad Nacional.
