“Hay que investigar lo que el Gobierno de la Ciudad omitió sobre Iron Mountain, porque hubo advertencias de que era el pasto seco donde se iba a prender la llama”. En diálogo con Página/12, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, sostuvo que el gobierno nacional aportará, a través de la Policía Federal, “todo lo que esté a su alcance para la búsqueda de verdad y justicia” sobre las responsabilidades institucionales en el incendio y derrumbe de los galpones de la empresa Iron Mountain, en 2014, cuando murieron diez personas.

El compromiso fue asumido en una reunión virtual realizada el jueves con familiares de las víctimas. Fue el segundo encuentro, ya que en enero se habían reunido con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. En esta ocasión, se analizaron las posibilidades que se abren ahora, ya que a fines de septiembre, la Cámara de Casación les restituyó a las familias el rol de querellantes en el juicio oral que se realizaría el año próximo y en el que hay 17 imputados.

La reunión contó con la participación, además de Fuks, del jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, y el titular de la Superintendencia Federal de Bomberos, Alejandro Carella, además de los legisladores del Frente de Todos Claudio Ferreño, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Victoria Montenegro y Juan Manuel Valdés. De la reunión participaron familiares de los bomberos y rescatistas que murieron en el derrumbe.

Fuks recordó que los familiares expresaron, en las dos reuniones, “el sentimiento de abandono por parte del gobierno anterior”, tanto de las autoridades porteñas encabezadas por Horacio Rodríguez Larreta como del ex presidente Mauricio Macri. .

En el derrumbe murieron trabajadores de Protección Civil de la Ciudad, bomberos voluntarios y de la Policía Federal. Los familiares le expresaron a este diario que “nunca tuvieron ningún acompañamiento” durante el gobierno de Cambiemos, al punto que la Policía Federal nunca hizo un acto en conjunto con los familiares para recordar a las víctimas de la tragedia del 5 de febrero de 2014.

Fuks comentó que en el caso de las víctimas que eran bomberos de la Federal hubo “cosas tremendas” como cuando fue a la Legislatura el ex carapintada Juan José Gómez Centurión, quien era director de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad cuando ocurrió el incendio. Gómez Centurión, que no está procesado en la causa, aseguró que lo sucedido se debió a “problemas en la conducción del operativo”, que estuvo a cargo del comisario inspector Leonardo Arturo Day, una de las víctimas fatales.

En enero, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recibió a los familiares.

Cuando sucedió el hecho, no había sido creada todavía la policía de la Ciudad, de manera que el gobierno porteño le echó toda la responsabilidad a la Federal. “Por esas razones –dijo Fuks— el gobierno de la Ciudad fue ocultando lo relacionado con los familiares, señalando que todo se debía a un mal control de la Policía Federal”,

Fuks, sobre la base del fallo en el cual se dictó el procesamiento de 17 personas, muchos de ellos funcionarios de la Ciudad, señaló que “está más que comprobado, sobre todo por los peritajes, que obviamente hubo omisión de las normativas que tenían que seguirse, de manera independiente de quien fue el que prendió el fuego”, que la justicia confirmó que fue intencional.

Una de las falencias más notorias es la falta del certificado de habilitación del depósito de Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas y el hecho de que no se tomara en cuenta, por parte de las autoridades de control de la Ciudad, de al menos cinco advertencias que se habían presentado sobre las irregularidades que hacían prever la posibilidad de una tragedia semejante.

Fuks consideró que es “muy importante” el fallo de Casación que le restituyó a los familiares la condición de querellantes, con vistas al juicio oral. El funcionario dijo que la reunión con los familiares “tuvo el valor del respaldo del gobierno nacional que está dispuesto a aportar todo lo que esté en su poder en materia de información sobre lo relacionado con el control y la administración”.

Aclaró que no podía señalar datos concretos porque “hay que esperar qué es lo que demande la justicia”. Precisó que “no se trata de algo que se hace en contra de Rodríguez Larreta, porque en mi caso, como legislador de la Ciudad (en 2014), estoy en esto desde el primer día y los familiares vienen planteando todo esto desde el primer día”. Uno de los puntos en los que hay coincidencia entre gobierno y familiares, es el cuestionamiento a que nunca se haya citado a prestar declaración a Gómez Centurión, cuando era la máxima autoridad de control de la Ciudad en febrero de 2014.

Fuks afirmó que “lo que se viene ahora, es investigar a fondo todo lo que la Ciudad ha venido omitiendo en todos estos años, que es de dónde vienen las fallas, porque los peritajes y los fallos de la justicia están corroborando que hubo una responsabilidad de la administración de la CABA que debe determinarse porque había una cantidad de advertencias previas de que ese depósito, en esas condiciones, era el pasto seco donde se iba aprender la llama”.