Cuando se está por cumplir un mes desde que abrió el per saltum pedido por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli más otro desde que fue presentado, la Corte Suprema sigue sin tomar una decisión sobre la validez de sus nombramientos por el mecanismo de “traslado” con que el gobierno de Mauricio Macri los puso en cargos estratégicos en Comodoro Py. Esta demora, infrecuente en este tipo de recurso, fue subrayada con tono de reproche a lo largo de la semana pasada por los medios afines a la oposición, que ansían la confirmación de los nombramientos a dedo. La dilación, paradójicamente, también genera malestar en el oficialismo del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a las/los jueces/zas, y que está demandado por el trío BBC por haber generado la resolución que puso en jaque sus designaciones. Lo que inquieta allí es el futuro de las vacantes en la Cámara Federal porteña donde, con la salida de Bruglia y Bertuzzi quedaron en total cuatro lugares libres de seis. Ese tribunal hoy es exclusivamente manejado por Martín Irurzun y Mariano Llorens. De lo que decida la Corte, dependerá la suerte del concurso que ya está en la recta final para ocupar al menos dos de esos lugares y la posibilidad de extenderlo a uno o dos cargos más a cubrir entre los aspirantes que ya concursaron.

La Cámara Federal de Comodoro Py, a la que Bruglia y Bertuzzi fueron incorporados en 2018 sin concurso ni acuerdo del Senado, tiene un papel central en la dinámica y el destino de las causas que tramitan en el fuero federal porteño. En ese tribunal se consolidó la llamada “doctrina Irurzun” y fue respaldada la causa "cuadernos" pese al fórum shopping de origen y al desfile de “arrepentidos” cuyos dichos no fueron grabados. Allí se gestaron los esfuerzos fallidos porque Cristina Fernández de Kirchner fuera imputada en la causa de “la ruta del dinero” contra Lázaro Báez. En los últimos tiempos, y con la sola firma de Llorens, la Cámara Federal dio varios pasos en favor de atraer a los juzgados de Retiro la causa sobre espionaje ilegal del gobierno de Cambiemos, como pretende el macrismo. Son sólo algunos ejemplos.

Lo que diga la Corte no sólo será determinante para establecer criterios sobre traslados de jueces/as en general, lo que afectaría a una decena de designaciones, sino que impactará en el futuro de la Cámara Federal. El concurso 412, para dos cargos libres, está avanzado y hay un orden de mérito provisorio. Pero no se sabe qué pasará con los dos los lugares que ocuparon Bruglia y Bertuzzi. ¿Quedarán libres y se abrirá un nuevo concurso o se ampliará el actual? ¿Quedarán ocupados por ellos? Por ahora, por efecto del per saltum supremo, el Consejo tiene prohibido avanzar. Castelli no entra en esta parte de la polémica porque él había pasado de integrar un tribunal oral federal en San Martín a otro en Comodoro Py. Un dato que agrega complejidad es que uno de los jueces que integraba por concurso la Cámara Federal, Eduardo Farah, que había sido trasladado a San Martín, pidió ante el Senado volver. Dijo que había sido presionado por el macrismo cuando concedió la libertad de los dueños del Grupo Indalo. 

La Corte Suprema adquirió rituales propios de la pandemia. Excepto la jueza Elena Highton de Nolasco, los supremos concurren a sus despachos en el cuarto piso del Palacio de Justicia y aprovechan para hacer reuniones informales presenciales de dos o de a tres. Nadie confía en los Zoom o videollamadas. El acuerdo formal, entre los cinco integrantes es una vez por semana, por lo general expeditivo. Se hace en forma remota, aunque la mayoría esté bajo el mismo techo. Los jueves suelen firmar sentencias, algo que pueden hacer en forma electrónica. Para el per saltum no está claro que se vayan seguir las costumbres, ya que están habilitados todas las horas y días y en el máximo tribunal consideran que no están fuera de término, que podrían sacar el fallo esta semana aunque no hay certezas. La semana pasada, mientras algunos medios alineados con la oposición decían que los supremos se verían por Zoom a las 11 de la mañana, nada de eso pasaba, según cuentan en el tribunal. Parece haber más interés afuera de la Corte que adentro por apurar el fallo.

Un dato llamativo es que el tribunal acortó los plazos del per saltum y en lugar de cinco días, les dijo 48 horas al Consejo y al Procurador para presentar sus posturas; pero sigue demorando su propia decisión, de la que se cumplirá un mes esta semana. Es común en la actual composición de la Corte, que ante tantos rumores de guerra interna --algo que quedó marcado a fuego después del golpe que desbancó a Lorenzetti de la presidencia corteasana-- al menos intenten fallos que muestren consenso. Al día de hoy, los que no se hablan son Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti. El resto intercambia ideas y da señales de protagonizar un debate interno intenso. El trío Horacio Rosatti- Juan Carlos Maqueda- Lorenzetti (el mismo que firmó las acordadas en 2018 que planteaban un proceso complejo para nombrar jueces/zas con intervención del Consejo, el Ejecutivo y el Senado) busca una posición común aunque por ahora propongan diversas soluciones. Lo que haga Highton es un misterio para el resto, que dice estar esperándola. Rosenkrantz es el único que blanqueó su postura pro trío BBC.  

Los cortesanos se toparon en los últimos días con interlocutores erráticos de uno y otro lado. Algunos muestran hermetismo. Otros deslizan buenos resultados para ambos bandos. Excepto desde la presidencia cortesana, hay un mensaje común de no querer afectar a Alberto Fernández ni la gobernabilidad, con un tema que de manera insólita se convirtió en eje de la pelea política. Con todo, hay una amenaza latente de que el fallo en ciernes no le  terminaría de gustar a nadie. Está por verse. 

En el Consejo prevén distintos escenarios para cubrir las vacantes en la Cámara, según lo que diga la Corte. Hay un orden de mérito provisorio para dos cargos: Diego Amarante, Roberto Bioco, Alejo Ramos Padilla, Federico Feldtmann, Ivana Quinteros, Franciso Posse, Marcelo Martínez de Giorgi. Si el tribunal avala los traslados y dice que son permanentes, los consejeros terminarán el concurso sólo para dos vacantes ya que volverían Bruglia y Bertuzzi.  El "problema" con esta variante, es que habilitaría al gobierno a hacer traslados libremente. La Corte podría decir sin más que los traslados de los BBC, o de alguno, son inválidos. Difícil que esto suceda. La salida que se lleva todas las apuestas es la que podría decir que los traslados no son permanentes pero que los BBC o alguno/s de ellos pueden seguir en sus puestos hasta que terminen los concursos. En esta opción o la anterior, el oficialismo del Consejo analiza ampliar el concurso con quienes ya rindieron examen y no abriría uno nuevo. Agregará uno o dos candidatos, dependiendo de lo que pase con Farah, cuya posibilidad de regresar también está sujeta al fallo supremo y/o a lo que diga el Senado. Para designar necesitará nueve votos, dos tercios, que podría conseguir pero no tiene asegurado.