Referentas de partidos y agrupaciones políticas del Frente de Todos de Salta aunaron esfuerzos con organizaciones sociales para consensuar un protocolo de acción en situaciones de violencia de género y/o discriminación por razones de género en el ámbito partidario. La intención manifiesta es lograr que los partidos políticos de la provincia lo acepten y apliquen en breve, haciendo del protocolo una herramienta más para incidir y transformar la vida partidaria en favor de la igualdad de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+.

La situación que se vivió con el ex diputado nacional Juan Emilio Ameri, ocurrida el 25 de septiembre, no solamente derivó en su renuncia a la banca y su expulsión del FdT salteño sino que trajo a la luz denuncias públicas de acoso hacia mujeres militantes. La senadora nacional Nora Giménez afirmó que fue un hecho que atravesó a toda la militancia del espacio, dado que derivó en intercambios, preocupación y reclamos sobre la falta de acción ante tales denuncias. 

"La gran responsabilidad no es negar la situación, sino enfrentarla y eso nos llevó a concluir que lo que hace falta son herramientas que permitan abordar estas situaciones", contó Giménez a Salta/12. Así fue que se trabajó un protocolo de acción con aportes de partidos, agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil. 

Este instrumento se aprobó por consenso la semana pasada y ahora buscarán que los partidos políticos que integran el FdT lo adopten a través de resoluciones internas, para que cuando realicen sus respectivos congresos lo incorporen como un "compromiso permanente dentro de las políticas de género", sostuvo Giménez. Luego se intentará que la acción se reproduzca en la mayoría de los espacios partidarios de la provincia. 

Para Adriana Amendolía, referenta del Frente de Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro, se trata de una herramienta para "tratar de igualar los tantos porque lamentablemente los hechos de violencia dentro del ámbito político son recurrentes" y  existe una continua exposición a situaciones de violencias, sea en marchas, reuniones internas de los partidos o en la conformación de las listas electorales, indicó. 

"Así como se hizo la ley de paridad de género, tenemos que seguir avanzando y el protocolo es un gran avance", subrayó. Añadió que existe una necesidad de transformar los partidos políticos en favor de la igualdad social que permita a las distintas identidades de género "ocupar los lugares que no nos dejan ocupar" por la permanencia de un sistema machista y patriarcal. 

En la misma sintonía, la dirigenta de la agrupación política La Compañera, Candela Ramallo, afirmó que el protocolo es "una manera de poner en discusión las desigualdades de género, de visibilizarlas y hacernos cargo, buscando herramientas para abordarlas". 

En tanto, la abogada y gerenta de Anses de la UDAI Norte, Susana Aramayo, manifestó que lo realizado fue un proceso de elaboración a la inversa de lo que se hace comúnmente dentro de los partidos. "Lo que hicimos fue aunar las voluntades, los saberes y las decisiones de las mujeres en primer lugar", dado que se trata de un sector que "viene siendo absolutamente castigado desde épocas inmemoriales".

Ante ello, destacó la legislación vigente y de avanzada que tiene Argentina en materia de género, como la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y la Ley 26.743, de Identidad de Género. 

Con ello dijo que en Salta faltaba un protocolo de intervención y actuación a pesar de contar con estas leyes. "No contábamos con la forma de aplicarlas", señaló, y destacó que "esto ha generado un movimiento transversal e igualitario" entre las participantes. 

Mujeres Trans Argentina afirmó que la posibilidad de elaboración de este protocolo también es parte de un cambio generacional dentro del espacio político y social. "Es importante seguir construyendo en cada uno de los territorios y más en los ámbitos donde se toman las decisiones que nos impactan socialmente", indicó su referenta Luz Bejerano. 

Señaló que el conocimiento sobre las situaciones de violencia de género y violencia política están presentes socialmente y por eso, es necesario aplicar iniciativas que puedan dar esos cambios y reconocer que "la inclusión se tiene que dar en todos los espacios". 

Principales puntos 

El protocolo mantiene como principios rectores un asesoramiento gratuito ante las denuncias, el respeto, la confidencialidad y privacidad de la denunciante y la no revictimización. Este último principio fue uno de las más discutidos, enfatizando que se evitará la "reiteración innecesaria del relato de los hechos, como así también, la exposición pública" de la persona o los datos que permitan identificarla. 

Otro de los debates también estuvo en la necesidad de garantizar diligencia y celeridad  para evitar "demoras injustificadas" y que el procedimiento en cada situación pueda ser concretado en el menor tiempo posible. En la recepción y resolución de los casos primarán la sensibilidad y promoción de los derechos, un abordaje integral e interdisciplinario y un tratamiento con perspectiva de género. 

Se insta a que los partidos constituyan un Programa institucional de abordaje integral contra la violencia de género y discriminación por razones de género. Tal Programa deberá estar integrado por una coordinación, dos miembros de la conducción partidaria, dos integrantes del espacio que reconozca a las mujeres y diversidades dentro de cada partido, sea un frente o una secretaría. En caso de no tenerlo, instar su formación. 

El Programa también tendrá un equipo técnico formado como mínimo por una psicóloga y una abogada, quienes realizarán asistencia y asesoramiento de carácter primario. 

Leyes obligatorias

Candela Ramallo sostuvo que este primer acto permitirá organizar capacitaciones, talleres, encuentros en los partidos con base en la perspectiva de género y particularmente, en violencia. "Es importante generar espacios y acciones para fortalecer los procesos de desnaturalización de las violencias e ir más profundo cuestionando la estructura patriarcal", aseveró. 

Ante ello, las militantes impulsaron la obligatoriedad de la Ley Micaela dentro de los partidos políticos. La ley fue promulgada en enero de 2019 y establece capacitaciones en género dentro de los tres poderes del Estado. 

De lograr su cumplimiento en los partidos, se generarían espacios "más equitativos que escuchen las voces de las compañeras para poder cambiar o mantener decisiones políticas inclusivas y con justicia social", manifestó Bejerano. 

Nora Giménez también hizo referencia a la Ley de paridad: aún "estamos muy lejos de su cumplimiento", dijo. "Es una bandera que tenemos que seguir impulsando para generar un cambio de fondo", añadió en referencia a su cumplimiento dentro de los distintos espacios de la vida política, sean partidarios, sindicales, cooperativos o de organizaciones sociales.