“Me lo mataron por la espalda”. Sin parar de llorar, Soledad repitió una y otra vez, ante la prensa local, la forma en que la policía asesinó a Joaquín Paredes, su hijo de 15 años. En la noche del sábado, el chico se había reunido con un grupo de amigos en una casa de Paso Viejo, un pequeño pueblo cordobés de apenas 1033 habitantes. En la madrugada del domingo, cuando regresaba a su domicilio, por razones que se investigan, cinco policías que fueron detenidos, dispararon “a mansalva”, dijeron los testigos, y además de matar a Joaquín hirieron a otros dos jóvenes.

Fuentes policiales dijeron, al principio, que los uniformados “tuvieron que responder porque fueron brutalmente agredidos”, pero la versión se diluyó en horas. Fabiana Pochettino, la fiscal de Deán Funes que llegó a Paso Viejo para investigar el hecho, reunió pruebas que la llevaron a ordenar la detención de los cinco policías involucrados. La imputación es por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policías”.

Se le sumará el cargo de “lesiones graves” por los dos chicos heridos, uno de los cuales recibió un disparo en una pierna. Los policías detenidos son Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) Iván Alexis Luna (25) y el sargento Jorge Luis Gómez (33). Además de su detención, fueron separados preventivamente de la fuerza.

El sepelio del joven asesinado se hizo en el cementerio local y del cortejo fúnebre participaron centenares de personas, un hecho inusual para esa localidad tranquila del Departamento de Cruz del Eje. “No se entiende el ensañamiento ni la tragedia, estaban reunidos charlando, tomando algo, no le hacían mal a nadie”, repiten los familiares. Las versiones de los testigos, algunos de ellos los chicos que estaban con Joaquín, hablan de “decenas de vainas” en el lugar del hecho, lo que lleva a pensar que pudo haber sido “una masacre”. Los chicos estaban en la calle, regresando a sus casas.

Las únicas armas secuestradas son las reglamentarias de los cinco policías detenidos. Se realizan los peritajes para determinar de cuál de ellas salió la bala que mató a Joaquín, quien el 2 de noviembre cumplía 16 años. El impacto lo recibió por la espalda y la bala quedó alojada en el pecho. Las fuentes judiciales señalaron que hay que determinar si hubo responsabilidad colectiva y también las autorías en el caso de los dos chicos heridos de bala.

El hecho conmocionó a toda la provincia. El gobernador Juan Schiaretti le ordenó al ministro de Justicia y DDHH, Julián López, que se ocupara del caso. La Universidad Nacional de Córdoba dio a conocer un comunicado en el que expresó su repudio a “estos hechos de violencia estatal” y exigió “una investigación pronta e imparcial sobre los responsables”.

Cristian Paredes, el papá del chico asesinado, aseguró que su hijo “se había juntado con unos amigos a comer un asado en una casa. Ya estaba regresando cuando pasó la policía y ocasionó toda esta tragedia en la que hubo ensañamiento porque lo balearon por la espalda, sin ningún motivo”. El padre aseguró que “no hay forma de explicar ni de justificar la balacera ni la muerte” de Joaquín. El cuerpo del joven fue sepultado este lunes en el cementerio de esa localidad, ubicada en el noroeste de la provincia.

Soledad, la madre de la víctima, pidió “por favor” que “se haga justicia y que los policías paguen por lo que han hecho, porque me arrebataron la vida de mi hijo que tenía solo 15 años, le pegaron un tiro por la espalda”. Joaquín tiene tres hermanos, trabajaba actualmente en la siembra de papa y asistía a clases virtuales de tercer año en la escuela secundaria 306 Doctor Amadeo Sabattini.

En el comunicado difundido por la Universidad de Córdoba, se señaló que “este caso de homicidio policial no corresponde a una práctica aislada ni a excesos por parte de agentes de la fuerza, como tampoco es una práctica aleatoria”. Por eso, las autoridades universitarias reclamaron “la urgente necesidad de que las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba dispongan y ejerciten políticas de seguridad respetuosas de los Derechos Humanos”.

La fiscal de la causa, Fabiana Pochettino, informó a la prensa local que la policía intervino porque los chicos “hicieron una reunión no permitida por la pandemia” y fueron a “disuadirlos”. Lo que no se explica, de todos modos, es “por qué se produjeron los disparos y la muerte”. La fiscal comentó, además, que después del asesinato del chico “algunos de los jóvenes que participaron de la reunión y algunos vecinos” se dirigieron a la subcomisaría local donde se produjeron “algunos desmanes y destrozos producto del enojo” por lo sucedido.

Las fuentes judiciales dijeron que, además de las armas reglamentarias, se secuestraron los teléfonos celulares de los cinco policías detenidos y la vestimenta que llevaban puesta con el propósito de determinar quiénes fueron los que dispararon.

El ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, anunció que “todo personal de las fuerzas de seguridad que acciona el arma de fuego sin riesgo inminente, deberá responder ante la Justicia”. Agregó que el uso del arma de fuego “es un recurso extremo en caso de riesgo de vida” de los uniformados. Mosquera sostuvo que desde el gobierno se trabaja para “desterrar todo tipo de violencia institucional”.

La titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, confirmó que los cuatro agentes y el sargento fueron pasados a “situación pasiva”, junto con el superior de turno, cuyo nombre no se dio a conocer. Becerra dijo que los policías detenidos intervinieron porque habían recibido una denuncia por presuntos disturbios en el lugar del hecho.

Los vecinos del barrio dijeron, en cambio, que “los chicos no molestaban a nadie y fue la policía la que comenzó a disparar sin motivo, luego de pasar por el lugar en un patrullero”.