![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/Ail%C3%ADn-Bullentini.png?itok=hQ9SqQ7C)
Finalmente, los delitos que tuvieron lugar en los centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno serán juzgados a partir de este martes ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. Por el momento y hasta tanto las condiciones impuestas por los cuidados frente a la pandemia de coronavirus no se flexibilicen, el juicio se llevará a cabo de manera remota. Serán juzgados 18 represores por 442 casos de violaciones a los derechos humanos, entre los cuales figuran secuestros, torturas, muertes y siete apropiaciones de bebés. Se espera que declaren alrededor de 500 personas a lo largo del debate que, por lo pronto, contará con una audiencia semanal. La inaugural estará dedicada a la lectura de los hechos por los que los represores en el banquillo deberán responder, acto que se extenderá durante las semanas siguientes.
El Pozo de Banfield es, quizá, el centro clandestino más grande que funcionó en la provincia de Buenos Aires en el marco del Circuito Camps, dirigido por la Policía Bonaerense, con los genocidas Ramón Camps y Miguel Osvaldo Etchecolatz a la cabeza. “Familiares y sobrevivientes en el año 84 presentaron la primera denuncia. Luego de la reapertura de las causas, recién en el año 2012 logramos que el primer tramo elevara a a juicio. Lamentablemente esto redundó en impunidad biológica, para muchos de los imputados”, apuntó Guadalupe Godoy, la abogada querellante integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que acompañó ese largo camino.
Los expedientes de Banfield y Quilmes se unificaron en instancia de juicio, tras años de postergaciones. Y con el costo de haber perdido a muches sobrevivientes que dejaron todo para obtener justicia. “Llegamos sin Adriana Calvo, sin Nilda Eloy, sin Cristina Gioglio, y muchos otros y otras sobrevivientes que fueron fundamentales en esta pelea. Y en este contexto tan particular, que nos genera un enorme desafío para visibilizar el juicio y acompañar a quienes tienen que testimoniar”, recordó Godoy.
Los testimonios de ellas tres, registrados en formato audiovisual en instancias anteriores, serán los primeros que se escuchen en el megadebate.
“Este juicio llega para echar luz sobre una parte esencial del Circuito Camps, para escribir el capítulo que faltaba sobre el funcionamiento de esa red de terror. Es un eslabón fundamental, una pieza que falta, muy esperado, postergado varias veces, y el que presumimos es el más grande de todos los que funcionaban en el circuito”, señaló el fiscal Hernán Schapiro, quien remarcó que por esa misma razón “es uno de los más complejos en analizar”.
Los centros clandestinos
El Pozo de Banfield, que tenía sede en el edificio de Delitos contra la Propiedad de la policía bonaerense, funcionó como centro de recepción y permanencia transitoria de los detenidos ilegales. Allí también funcionó una maternidad clandestina, que funcionó en el primer piso del edificio, donde las detenidas embarazadas daban a luz engrilletadas y mientras eran insultadas por los policías.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de ese partido bonaerense y allí a los detenidos se los sometía a torturas con picana eléctrica, submarino seco y a simulacros de fusilamiento y eran víctimas de violencia sexual. “El Infierno” se llamó al centro clandestino montado en la Brigada Lanús, que tenía sede en Avellaneda.
La unificación
El juicio que comienza este martes es producto de la unificación, en la instancia de debate oral y público, de las causas de los pozos de Banfield y Quilmes con la que investigó los crímenes de la Brigada de Investigaciones de Lanús, en donde funcionó el centro clandestino conocido como El Infierno. Ese juicio tenía fecha de comienzo para el 7 de septiembre, pero fue pospuesto tras el pedido de Miguel Angel Ferreyro, uno de los acusados, por supuestos problemas de salud.
Su defensor, Gastón Barreiro, solicitó que el debate se llevara a cabo junto al de los pozos de Banfield y Quilmes, que tenía fecha de inicio prevista para mañana. Los motivos: que ambos juicios se hallaban en el mismo momento procesal --con audiencias preliminares para analizar las condiciones del debate oral cumplidas--, que comparten casos a evaluar, imputados y contexto. La mayoría de las querellas acordaron.
Los imputados y las víctimas
El megajuicio que comienza este martes sentará a casi una veintena de imputados en el banquillo. Casi todos han sido condenados en juicios anteriores, en su mayoría vinculados a centros clandestinos que integraron el Circuito Camps. Miguel Osvaldo Ethecolatz y Jaime Smart, el ex médico policial José Antonio Bergés, Juan Miguel Wolk, Antonio Simón, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Carlos Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Ricardo Fernández, Enrique Barre, Eduardo De Lío y Alberto Candioti, Federico Minicucci, Guillermo Domínguez Matheu y Carlos Fontana. Etchecolatz, Smart y Wolk están acusados en El infierno, causa que suma a ex policía Ferreyro.
Los expedientes de Banfield y de Quilmes fueron instruidos y elevados a juicio por separado y unificados algún tiempo atrás y tras años de demoras. Juntos suman 427 casos, incluidos la apropiación de 7 niñez que permanecieron encerrados en Banfield, y el secuestro y abuso sufrido por Valeria del Mar Ramírez, una de las tantas chicas trans detenidas en Camino de Cintura, donde ejercían la prostotución para sobrevivir. Se trata del primer juicio que analizará delitos de lesa humanidad contra una persona trans.
La lista de imputados, no obstante, fue reduciéndose al ritmo de la impunidad biológica que otorga el paso del tiempo. En los últimos meses, dos represores fallecieron: el ex policía Gustavo Cacivio, condenado en otros juicios del Circuito Camps, y el ex juez Juan maría Torino, que estaba siendo juzgado en el debate oral por los crímenes de Brigada de San Justo.
