La política de inteligencia del macrismo estuvo al servicio del espionaje ilegal, les dijo Cristina Caamaño a los integrantes de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia en su primera presentación ante la comisión desde que fue designada como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La reunión, realizada por Zoom, duró alrededor de tres horas en las que la interventora repasó en 35 puntos los ejes de su gestión y anticipó que para fin de año podría haber un proyecto de ley para reformar la ley de inteligencia nacional.

El informe de gestión de Caamaño ante la Bicameral, que preside Leopoldo Moreau, duró cerca de una hora y después respondió preguntas. En ese tiempo, repasó los 35 puntos de la intervención. Dentro de los ejes de su gestión habló del recorte de los fondos reservados --que el próximo año no llegarán a representar un 10 por ciento del presupuesto total de la exSIDE-- o de la ruptura del maridaje entre servicios y Poder Judicial que impulsó después de su llegada al edificio de la calle 25 de mayo.

Caamaño informó que está trabajando en un proyecto para una nueva Ley de Inteligencia --que ya fue reformada en 2015-- y que está redactando el nuevo Plan de Inteligencia Nacional, algo que existió durante la gestión de Cambiemos, pero se usó para otros fines. “El Plan de Inteligencia Nacional funcionaba como una ficción mientras las actividades de Inteligencia reales comandadas por las máximas autoridades de la AFI se centraron en el espionaje ilegal”, dijo Caamaño a los integrantes de la Bicameral. La interventora lleva presentadas ocho denuncias contra sus antecesores en la AFI, que van desde administración fraudulenta hasta hechos de espionaje masivo durante las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 o la vigilancia y los seguimientos a familiares de los submarinistas del ARA San Juan.

El exdirector general de la AFI Gustavo Arribas se victimiza diciendo que esas denuncias son parte de una persecución política. En sintonía, la oposición empezó a reclamar en las últimas semanas la presencia de Caamaño ante la comisión del Congreso después de que se conociera que se habían filtrado actas de la AFI emitidas entre 2016 y 2018 que estaban incorporadas como prueba en la causa de Lomas de Zamora. Esa supuesta filtración sirvió como un caballito de batalla al macrismo para torpedear la investigación sobre el espionaje ilegal que está avanzando cerca del propio Mauricio Macri, tan cerca que ya fueron indagados los máximos directivos de la AFI macrista y su secretario privado, Darío Nieto.

Caamaño explicó que ella había contestado a un pedido del fiscal Santiago Eyherabide -- que investiga el espionaje junto con Cecilia Incardona-- y había enviado la información solicitada, que estuvo reservada hasta que las defensas de los imputados reclamaron que se subiera al sistema para poder ver las pruebas que había en su contra. Los fiscales accedieron y luego se produjo la filtración, por la que el macrismo aprovechó no sólo para denunciar a los fiscales, al juez Juan Pablo Augé y a Caamaño, sino también para reclamar la remoción de Incardona y Eyherabide al procurador general interino Eduardo Casal. “Los fiscales privilegiaron el derecho a la defensa”, explicó Caamaño, que recientemente se jubiló como fiscal. En la misma línea, la interventora también sostuvo que muchas veces se invoca el secreto o el secretismo --como lo hacen desde el macrismo-- como un pretexto para encubrir la inteligencia ilegal.