Tras analizar la prueba presentada por el actual intendente de San Lorenzo y denunciante, Manuel Saravia, quien adjuntó los resultados de una auditoría encargada por el municipio, la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, solicitó a la Jueza de Garantías Nº 5 interina, María Edhit Rodríguez, la elevación a juicio de la causa en contra de Ernesto Fernando “Kila” Gonza, su ex secretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y su hermano y ex concejal, Aldo Dalmiro Gonza.

En el caso del ex intendente, Siemesen de Bielke lo acusa de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en cinco hechos, además de haber realizado negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función. Mientras que el ex secretario de Hacienda, está acusado de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en dos hechos, y Aldo Gonza también está acusado por peculado, pero en su caso en calidad de partícipe.

En junio, el intendente Saravia denunció a su antecesor por irregularidades en su última gestión. La denuncia también comprendía a su hermano y a  Guaymás. Entre otros faltantes, se señaló que los tres tenían acceso a una “caja chica paralela” de donde se retiraron más de $4 millones mediante la firma de unos 90 recibos sin valor legal. 

En ese momento, la fiscala imputó a los tres implicados y ahora decidió pedir su elevación a juicio tras sumar la presentación del ex presidente del Concejo, Juan Pablo Dávalos, y los resultados de la Auditoría General de la Provincia, entre otros elementos de prueba. 

“En la auditoría que realizó la actual gestión municipal se determinaron una serie de incumplimientos de la normativa que regula el manejo del municipio y el uso de los fondos de manera discrecional”, dijo Siemesen de Bielke a Salta/12. La fiscala detalló la existencia de los vales por retiros de fondos, que en su conjunto superaban los $3 millones, y que servían para distintos gastos de campaña “en elecciones o personales”. Esos recibos llevaban la firma del por entonces secretario de Hacienda y el ex concejal Aldo Gonza.

Agregó que el ex jefe comunal “celebró un contrato consigo mismo”, adjudicándose una parcela en el cementerio por el lapso de 99 años “lo cual, además de estar prohibido por el Código Civil, es un delito”.

Sumó a todo eso otras irregularidades como el uso de maquinarias municipales sin establecer cuál era el parque automotor propio, "igual que se sumaban facturas de carga de combustible sin justificar, lo que más o menos ocurre en la mayoría de los municipios”, aclaró la fiscala.

“Los vales decían claramente que eran utilizados para las elecciones y estaban firmados por el hermano del intendente”, subrayó, y recordó que en la auditoría se advirtió un faltante por la compra de 80 tablets adquiridas para enseñar a votar de manera electrónica y "no pudimos encontrar ninguna”.

En cuanto a la defensa de los imputados, explicó que solo presentaron “una serie de descargos fundamentalmente atacando a la auditoría municipal”, que para Simensen de Bielke tiene visos de verosimilitud y “es fundamental para el juicio”. Mientras que consideró que la auditoría realizada por la provincia es menos específica “porque es solo de legalidad, no de gestión, por lo que no se auditó el uso de fondos, pero la realidad es que el municipio se manejaba con una caja chica discrecional, como si fuera la plata de su casa”.

Resaltó que le llamó mucho la atención lo parecidos que fueron los descargos de Gonza y de Manuel Cornejo, el ex intendente de Campo Quijano, también imputado por peculado. “Lo que cuestionan es que ambas auditorías no habían cumplido con las normas técnicas de la aseveración, pero eso no va en contra de que tengan los elementos suficientes como para imputar”.

En caso de avanzar, el intendente y los demás implicados podrían tener una pena que va de los 2 a los 10 años de prisión, según prevé la figura de peculado, aunque “habrá que ver qué entiende el tribunal que los juzgue”. A eso se suma otra causa que pesa en contra de Ernesto Gonza y que data de 2016, “así que vamos a tratar que se agilice para que se acumulen y se traten en un mismo juicio”.

Manuel Saravia solo se remitió a contestar que espera que se haga justicia y que sea “con la prontitud con la que se debe actuar”. Y que si se determina que es culpable, “le caiga el peso de la ley como a cualquier ciudadano, porque la comunidad se merece que los funcionarios públicos seamos conscientes que administramos recursos ajenos”.

Con respecto a las pruebas que aportó a la fiscalía, afirmó que para él son contundentes, “se dieron innumerables irregularidades y manejaron recursos municipales como si fueran propiedad de ellos”. “En San Lorenzo, hasta el 10 de diciembre, estuvo gobernando la impunidad de funcionarios que se creían dueños del municipio y no debe ocurrir nunca más”, concluyó el jefe comunal.

Fiscalía Penal para San Lorenzo

Ayer el intendente Manuel Saravia, junto al procurador General de la Provincia, Manuel Cornejo, inauguraron una Delegación de la Fiscalía Penal 1, que estará a cargo de la auxiliar Analía Alisio.

Para Saravia, es un gran avance, “porque ya San Lorenzo no es una villa veraniega, sino un centro poblado que ha crecido muchísimo”, y se animó a decir que todo el ejido municipal, “hoy no tiene menos de 50.000 habitantes”. Por lo que consideró que significa llevar la justicia al propio territorio y que los ciudadanos tengan una boca más donde denunciar, sumándose a las dos comisarías existentes, e incluso agilizando las diligencias de los policías.

Cornejo en tanto consideró indispensable que el Ministerio Público tuviese una delegación “que seguramente se transformará en Fiscalía”, e informó que próximamente se abrirá otra dependencia en Atocha, “porque creemos en la justicia de proximidad, que la gente directamente pueda acudir a la fiscalía a expresar sus problemas y tener acceso a la justicia”.

Con respecto a la decisión de abrir una delegación en aquella localidad, aseguró que se mueven en base a un mapa del delito, “vimos un crecimiento delictivo que nos hacía pensar que era necesario hacer algunos cambios urgentes”.

El procurador general aclaró que no solo se recibirán denuncias del orden penal, ya que también funcionará una oficina de mediación del Ministerio Público, “que tendrá la obligación de dar asesoramiento gratuito a la gente que venga”.