La fiscala penal de Pichanal, Sofía Fuentes, decidió ayer suspender la audiencia de imputación prevista para hoy a las 12 contra el presidente de la comunidad del Pueblo Wichí El Algarrobal, Nelson Campos, por la supueta usurpación de un terreno que se encuentra incluido en el uso ancestral territorial.

La imputación se conoció a inicios de la semana pasada, cuando los miembros de la comunidad decidieron limpiar parte del territorio de uso ancestral demarcado por el relevamiento que realizó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2018. La delimitación está enmarcada en la ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, que además impide los desalojos de las comunidades desde 2006, cuando fue aprobada.

Según la cédula de notificación que se envió a los abogados defensores de Campos, Martín Plaza y María Cecilia Jezieniecki, la suspensión de la audiencia de acusación formal se decidió ante la conformación de “la mesa de diálogo formada entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Dirección de Tierras de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena (SAFCI), la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Salta y la Procuración General de la Provincia”.

Sin embargo, se pudo conocer que Fuentes hizo la resolución tras recibir directivas del procurador general de la provincia, Abel Cornejo. La semana pasada, a raíz de esta situación en El Algarrobal, Cornejo había mantenido reuniones con referentes institucionales de la Nación que intervinieron al tener conocimiento de lo acontecido. A ello se suma que la misma semana en que Campos se enteró de que la Fiscalía Penal de Pichanal le atribuía haber usurpado su propio territorio, el jefe de los fiscales había mantenido un encuentro virtual con la diputada nacional Verónica Caliva para conformar mesas de diálogo con el propósito de buscar resolución a los conflictos que involucren el tema de las tierras.

Al derivar la causa a la mediación penal como una de las posibilidades de aplicar un medio alternativo de solución de conflictos, la fiscala también solicitó dar intervención a la mediadora oficial del Ministerio Público Fiscal, María Florencia Guerrero. En el escrito pidió que se fije fecha de audiencia para iniciar la mediación “con la premura que el caso lo requiere”.

Este lunes en un acto que se realizó en San Lorenzo, municipio del departamento Capital, el procurador general se refirió a las situaciones que involucran los conflictos por la ocupación de tierras. El funcionario expresó que la pandemia deja muchas enseñanzas, una de ellas, que “la solución no pasa por arreglar algunos problemas pensando con espíritu represivo”. Recordó que el Ministerio Público Fiscal alienta a la conformación de una Mesa de Concertación para el uso de la Tierra y la Emergencia Habitacional, para alentar “la amistad social, convivencia y diálogo fructíferos y de esa forma, evitar que todo termine en la Justicia”.

Por ahora los integrantes de El Algarrobal continúan haciendo uso de la tierra pero esperan todavía una respuesta de un reclamo realizado desde principios de año, y que tiene que ver con el tratamiento del agua corriente que les llega. Sucede que el líquido tiene olor a desechos cloacales y por lo tanto, entienden que no es apta para consumo humano. Ante esta situación, se proveen a través de una manguera que está conectada a la última calle del pueblo de Pichanal, y que a veces lleva agua pero con poca presión.