Ángela Beatriz Saravia, acusada de homicidio "agravado por la relación de pareja preexistente", prefirió no decir palabra en el primer día de audiencia del juicio oral que se sigue en su contra. Como había denunciado reiteradamente a su ex pareja por violencia de género, sus defensores, Martín Plaza y Josué Díaz Cueto, esperan conseguir la absolución por entender que la mujer actuó en defensa propia cuando era atacada por Luis Leonardo López. El Colectivo de Abogades Populares acompaña el pedido.
El debate se lleva a cabo ante los jueces de la Sala VII del Tribunal de Juicio, María Livia Carabajal (presidenta), Paola Marocco y Francisco Mascarello (vocales). En representación del Ministerio Público Fiscal interviene Ramiro Ramos Osorio.
Saravia está siendo juzgada en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial de Salta, tiene 35 años y es madre de tres hijos, había realizado varias denuncias por violencia de género contra su ex pareja y no obtuvo protección estatal. Plaza y Díaz Cueto indicaron que al menos dos de esas denuncias se tramitaban en Juzgados de Violencia de Género, y otras no habían sido remitidas desde la Policía. La mujer no contó con custodia policial, ni con botón antipánico. La ex pareja entró a su casa violando una perimetral, la atacó y la defensa asegura que Saravia actuó en defensa propia cuando hincó con un cuchillo a López.
En la primera jornada de juicio Saravia se abstuvo de declarar y sus abogados dijeron que lo hará hoy. Por la pandemia, la Corte de Justicia restringió la circulación de personas en la Ciudad Judicial, como también dentro de la sala de juicios, y de hecho ayer el debate se hizo de manera no publica, aunque hoy se permitirá el ingreso limitado de ocho personas, entre los interesados de parte de la familia de López y de Saravia.
La imputada llegó a juicio con prisión domiciliaria luego de que sus abogados consiguieran sacarla de la Unidad Carcelaria 4 por problemas de salud.
Ayer, luego de la lectura de la acusación fiscal, comenzaron los testimonios. Declararon el padre y la madre de López. Plaza contó que no reconocieron el concepto de violencia de género "pero sí hablaron de que (López y Saravia) tenían una relación tóxica. Reconocieron hechos de violencia".
Después declaron el sargento Néstor Dante Sierralta y el suboficial principal Dionisio Fernando Rosales, quienes actuaron durante la investigación. Díaz Cueto dijo a Salta/12 que le preguntaron a Sierralta si al llegar al lugar del hecho había en la escena algo que le hubiera hecho pensar que se trataba de un caso de violencia intrafamiliar. "Dijo que no, que la versión de Bety no coincidía con las pesquisas que se realizaron en el momento", contó el letrado.
Para los abogados el hecho de que la mujer estuviera "nerviosa, alterada, dando una versión de los hechos que no se condecía con la pericia debía haber hecho inferir que se trataba de violencia doméstica". Aseguraron que si la policía hubiera tenido perspectiva de género "podrían haber direccionado su investigación de otra manera".
También declaró Mariana Lambropulos, médica que se desempeña en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Detalló que López tenía una herida de arma blanca, "punzo penetrante que afectó el colon y parte del vaso en la parte intercostal izquierda".
"No se garantizó la publicidad"
Integrantes del Colectivo de Abogades Populares fueron a acompañar la primera jornada del juicio aunque no pudieron entrar a la sala por las restricciones impuestas por el Poder Judicial. La abogada Cecilia Jezieniecki dijo a Salta/12 que consideraron importante el acompañamiento como forma de darle publicidad a este juicio y de instancia de participación ciudadana.
"Lamentablemente no pudimos participar, el Tribunal dijo que recién a partir del martes se va a garantizar la presencialidad de 5 personas. Tampoco estaba habilitada la transmisión vía youtube que se había pedido. No se garantizó la publicidad que es algo que debe hacerse en todo juicio público", manifestó.
"Bety va a declarar este martes porque se siente más tranquila en la medida que haya publicidad y presencia de público. Es importante acompañar estos procesos desde los movimientos de mujeres. Desde el Colectivo de Abogades Populares pensamos que es una forma de visibilización. Bety es una víctima de violencia de género, que cuando se estaba defendiendo de una golpiza que le podría haber provocado la muerte hincó a su pareja con un cuchillo. Eso derivó en una herida que terminó siendo fatal ya que después falleció", afirmó la abogada.
Sostuvo que "la justicia no actuó a tiempo, porque no era el primer episodio de violencia para Bety". "Ella sufrió a lo largo de su vida muchos episodios y fueron denunciados a la justicia. Por un lado está la omisión y el accionar que provocó que la violencia de género derive en estas consecuencias que a Bety la tienen imputada y en arresto domiciliario y que ahora esté enfrentando un juicio oral y público porque se la acusa de homicidio", indicó.
La abogada cuestionó que la Justicia "responde con delitos penales sumamente graves como es el de homicidio cuando se estaba defendiendo. Desde el derecho penal se habla de legítima defensa, no de homicidio", precisó.
Para la letrada, la imputación a Bety como víctima de violencia de género es parte de "la justicia patriarcal porque todo esto deriva de la falta de accionar estatal en su momento para prevenir a las víctimas, de tener un rol de cuidarlas, no de desampararlas"
El 17 de diciembre del 2018, López, de 28 años, fue apuñalado. "Su pareja dijo que se encontraban los dos consumiendo bebidas alcohólicas en su domicilio, pero se ausentó para ir a la casa de su madre unos minutos, y al regresar vio que López se encontraba en el suelo sangrando. Al ver esto, lo llevó a la cama y llamó a la ambulancia. El hombre fue internado en el Hospital San Bernardo, donde ingresó en código rojo con una herida de arma blanca (...) En ese nosocomio falleció el 24 de febrero de 2019", detalló el Poder Judicial.
Jezieniecki dijo que buscan la absolución para Saravia y entendió que este proceso debe llevar a la reflexión "a todos", respecto a la necesidad de "garantías del Estado sobre la protección a las víctimas de violencia de género". Aseveró que "el daño es tremendo" y que "si la justicia y el Estado hubieran actuado a tiempo, la historia sería otra". "Esto debe llevar a reflexionar a funcionarios, a quienes tienen a cargo impartir justicia sobre lo que genera la inacción", manifestó la abogada.
