Militantes de derechos humanos y feministas denunciaron al diputado Ignacio Jarsún por una publicación en su perfil de Facebook y sus declaraciones a medios de prensa a favor del linchamiento de un sospechoso del femicidio de Rocío Abigail Riquel. La abogada Noelia Bonetto y el abogado Víctor Sarmiento son patrocinantes de la demanda judicial y acusaron al legislador de incitación a la violencia y apología del delito ante la fiscala penal Mónica Poma.
La denuncia fue realizada por una larga lista de personalidades, entre las que se cuentan las referentas de derechos humanos Nora Leonard, Blanca Lezcano, Elena Rivero y Bertha Lozano, las representantes de organizaciones feministas Isabel Soria e Irene Cari, el periodista Fernando Climent y el concejal Fernando Ruarte (FdT).
Jarsún es además vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia.
"Debe existir la pena de muerte para estas lacras. Violar y asesinar a una nena de 9 años, es lo único que merece. Los vecinos lo mataron con sus propias manos, a este delincuente, que 3 días antes de cometer el crimen había salido de la cárcel. Estoy muy triste por el final de Abigail, no es justo que ese sea su final, lo que si es justo es el final de esta lacra que cometió el delito", publicó Jarsún en su cuenta de facebook el 22 de octubre. Se refiere al linchamiento de vecinos de Tucumán a José Antonio Guaymás de 25 años, presunto asesino de Abigail.
Para las y los denunciantes, las manifestaciones del diputado "tienen carácter delictivo, no se tratan de meras opiniones vertidas bajo el amparo de la libertad de expresión". Sobre este punto, la denuncia cita como precedente un fallo de la Corte Suprema de justicia de la Nación que ha señalado "que el reconocimiento a la libertad de expresión no impide que el Estado reprima o castigue publicaciones que hacen apología del crimen".
En la denuncia se afirma que lo publicado por el diputado en Facebook es violatorio del artículo 212 del Código Penal que establece "prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación". Además se hace referencia al artículo 213, que prevee prisión "de un mes a un año", para quien "hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito".
Para los denunciantes, el "ofrecimiento de muerte" por parte el diputado encuadra en un delito, tiene que ver con el desprecio y la negación de los derechos humanos en general y de
las personas privadas de la libertad en particular, que nada tuvieron que ver con el
crimen de Abigail Riquel.
Fuera de lugar
Tras recordar que ya se habían pronunciado antes en repudio al proyecto de Jarsún para armar con pistolas Taser a la policía salteña, Elena Rivero sostuvo que "estas declaraciones últimas apoyando la justicia por mano propia nos parecen fuera de lugar, es atentar contra la administración de justicia en democracia".
Aseguró asimismo que la pena de muerte no es disuasiva como pretende Jarsún, y señaló, a modo de ejemplo, que los índices de criminalidad de Estados Unidos, que aplica la pena de muerte en algunos estados, no han bajado por ello.
Para la referenta, la posición del legislador es asimilable a la del presidente Jair Bolsonaro en Brasil. "Una derecha antiderechos, que no respeta los derechos humanos y tampoco los derechos democráticos, consagrados por la Constitución Nacional". Afirmó que Jarsún "debe renunciar a su banca".
Bonetto y Sarmiento anunciaron que remitirán la denuncia a un Juzgado de Violencia de Género, por entender que el legislador también incurrió en violencia contra las mujeres. Rivero señaló que el movimiento feminista no promueve la violencia y que a las políticas preventivas las tiene que llevar adelante el Estado. "Promover violencia institucional perjudica a los más débiles que son los sectores populares y las mujeres. Las organizaciones de derechos humanos no promueven la venganza", expresó.
Al no haber sido sometido a juicio, ni siquiera estaba probado que el joven asesinado en Tucumán fuera responsable del femicidio. "Basta con que alguien te señale para que una turba te golpee y llegue a matarte. La gente se potencia cuando está en grupo", dijo Rivero. Agregó que tanto el femicidio como el linchamiento están "fuera de toda razón" y que ésto último "no es justicia".
Por su parte, Leonard dijo a Salta/12 que la denuncia "es lo que corresponde, porque un legislador lo que debe hacer es respetar las leyes, no incitar a la pena de muerte". Añadió que lo de Jarsún es un menosprecio a la lucha de las organizaciones de derechos humanos a lo largo de la historia. "No tiene autoridad moral para ser vicepresidente de la Cámara, debería ser sacado de ese puesto", sostuvo.
Destacó en este sentido que pese a los delitos atroces que ha cometido al dictadura militar, las organizaciones de derechos humanos nunca han pedido justicia por mano propia. "Tengo compañeros que escucharon a los asesinos de sus familias declarar, jamás hubo justicia por mano propia", expresó. Dijo que esta posición ha implicado una cuestión de principios, por la defensa de los derechos humanos.
Lozano añadió que recurrieron a la justicia para "poner un poco de freno a las acciones del diputado que representa al pueblo en la Cámara". "No puede explayarse de la manera nefasta en que habla. Sigue atacando a los derechos humanos. Desde las organizaciones vamos a defender los derechos humanos de todos, no importa de quienes se encuentran vulnerados", aseveró y también ella consideró que "las Madres y las Abuelas (de Plaza de Mayo) han dado el ejemplo de lo que se debe hacer, siempre han buscado justicia. Nunca han salido a matar a un genocida".
El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, señaló que "con la justicia por mano propia hay que tener mucho cuidado al generar factores emocionales de ruptura o irrupción como lo que se advierte. La justicia por mano propia genera antesala de escenarios sin retorno", aseguró.
Cornejo planteó la necesidad de una reforma judicial para que la gente advierta que va a tener respuesta. Consideró el linchamiento en Tucumán como un serio llamado de atención que está indicando que deben hacer cambios. "La gente requiere respuestas rápido, tiene que haber una justicia más próxima, desacralizarla, salir de los despachos. Mario Juliano decía que la justicia va a mejorar cuando se acerque a la gente, no es demagogia sino escuchar lo que pasa y proceder en consecuencia", manifestó.
El procurador explicó también se posicionó contra las declaraciones de Jarsún referidas a la pena de muerte. "Jamás en la vida voy a estar a favor de la pena de muerte (...) está discutida en los poquísimos estados en que está implantada en el mundo, y en Argentina no se puede porque el país adhirió a la Convención Americana de los Derechos Humanos donde está expresamente prohibida".
Consultado por Salta/12, Jarsún dijo que aún no tiene conocimiento del contenido de la denuncia. "Si es que denunciaron apología al delito están siendo incoherentes porque están a favor del aborto en cualquier ocasión y se manifiestan pidiéndolo. Eso también sería apología al (sic) delito ya que hoy en la Argentina es un delito".
"Yo quisiera que para algunos casos muy puntuales se aplique la pena de muerte y lo sostengo aunque denuncien ellos todo lo que quieran", insistió Jarsún, aunque la denuncia no refiera a su postura sobre ese tema, sino a lo expresado a favor del linchamiento.
