Un grupo de madres y padres de estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de Salta instaron ayer al gobernador Gustavo Sáenz que se garantice la reapertura de las clases presenciales para el ciclo lectivo 2021. 

Anticipándose al nuevo período escolar solicitaron que se tomen las medidas para el inicio regular de las clases presenciales, con las adecuaciones necesarias por la emergencia sanitaria. En una nota remitida al gobernador afirmaron que el mandatario debe asegurar que se realizarán todas las gestiones y se analizarán todas las alternativas para que las clases presenciales se inicien en tiempo y forma.

El representante del grupo, el abogado y padre, Roque Rueda, contó a Salta/12 que la presentación surgió de la preocupación que tienen ante la ausencia de respuestas concretas sobre cómo va a continuar la educación en Salta. Aseguró que lo único que tienen es la continuidad de la enseñanza virtual, que "es remota", "no se cumple" y "no se acerca siquiera a suplir la educación presencial". 

Rueda destacó que la escuela, aparte de ser pedagógica, cumple un rol de socialización, contención social y detección temprana de problemas relacionados a la salud, la violencia intrafamiliar o el aprendizaje. "Es una serie de cuestiones que en los hechos son atendidas por la escuela presencial y si no está, no son atendidas por nadie", cuestionó. 

Por eso, padres y madres instaron a que todas las áreas involucradas en las decisiones, Educación, Salud, Trabajo o Transporte, tomen intervención amparados por las leyes, decretos, instrucciones operativas, protocolos y "demás normas que resulten pertinentes, y realizando todas las acciones de gobierno que sean necesarias para dicho propósito". 

Expresaron que desde hace ocho meses, en Salta los niños, niñas y adolescentes "han venido sufriendo en forma directa las consecuencias de una situación que nadie pudo prever y que tiene componentes de incertidumbre que hacen evidentemente muy difícil tomar decisiones". Sin embargo, sostuvieron que con el tiempo transcurrido es necesario que el gobierno provincial ya emita "seguridades" y "garantías" para que se haga efectivo el derecho a la educación. 

Rueda señaló que hay mucha desigualdad y diversidad entre las instituciones y las familias, algunas "tienen mayores oportunidades de suplir lo presencial con lo virtual". Hasta el momento, dijo que la "experiencia es de falencia y si nos atenemos a lo aprendido, nuestros hijos han aprendido mucho menos", destacó. 

Por eso, ya pasados estos ocho meses, se "exige la definición de alternativas superadoras" más allá de los cierres preventivos de los establecimientos educativos. "La clausura del servicio educativo no parece ser ya un ejercicio razonable del poder de policía del Estado", manifestaron. 

Rueda sostuvo que en el caso de la decisión sea continuar con la enseñanza virtual, debe haber una discusión sobre el presupuesto que se destinará a ese fin. "Nuestro sistema educativo no está pensado en la virtualidad", subrayó y entendió que por eso, antes de continuar, es indispensable una adecuación. 

Añadió que no sólo se trata de cuestiones de acceso a la conectividad o uso de dispositivos, sino que también está la cuestión de la disponibilidad de tiempo y formación que puedan tener los padres al momento de colaborar en la educación en casa. "Por más esfuerzo que hagan los docentes, ha sido una cosa durísima en donde incluso han obtenido resultados que los desalientan", dijo Rueda. 

Por eso, padres y madres indicaron en la nota que no se debe continuar con una inacción del Estado provincial que esté "a la espera de soluciones externas" como la producción y distribución de la vacuna para la covid-19.  "El Estado no puede seguir justificando la no prestación del servicio mediante la invocación sin más de la pandemia", sentenciaron y agregaron que de seguir en la misma modalidad se incurrirá en una clara violación de derechos constitucionales. 

Afirmaron que el gobierno de Sáenz no puede "ampararse dogmáticamente" a  disposiciones de emergencia que pueda emitir el gobierno nacional, u organismos de naturaleza intrafederal como el Consejo Federal de Educación (CFE) porque la Provincia tiene independencia para la toma de decisiones. 

Sin plan provincial 

En paralelo, cuestionaron que el gobierno provincial no elaboró, o no comunicó, el “Plan Jurisdiccional de Retorno a Clases Presenciales” que se concertó el 2 de julio en el Consejo Federal como paso previo a la reapertura. Y tampoco la cartera que dirige Matías Cánepa dio a conocer aún "cómo se ha venido avanzando para hacer posible algún día el retorno a clases presenciales". 

Padres y madres sostienen que no hay ninguna estrategia de la Provincia que permita saber la situación actual de los establecimientos, el aprovisionamiento de insumos sanitarios y elementos de protección, la capacitación del personal docente y de apoyo, la redacción de protocolos, el análisis de alternativas de calendario escolar y horarios. 

Entendieron que tampoco hay una articulación entre los establecimientos educativos con los dispositivos de atención primaria de la salud, y tampoco se sabe del acondicionamiento del sistema de salud a la reanudación de las tareas escolares o la definición de estrategias para el transporte público. 

El Ministerio de Educación de Salta informó semanas atrás que las clases presenciales no iban a iniciarse hasta que no mejore la situación epidemiológica en la provincia. Entre las acciones concretas comunicó que comenzará el Programa Acompañar, de revinculación educativa dirigida principalmente a estudiantes que no hayan podido establecer conexión con sus docentes, aunque se limita a cursantes de séptimo grado de primaria y quinto año de secundaria. 

El daño a los estudiantes 

En la nota, padres y madres aseguraron que es necesario realizar un "diagnóstico adecuado" sobre la situación de los estudiantes, no sólo en lo educativo, sino también en lo psicosocial y lo emotivo. 

Referenciados en una reciente publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría, destacaron que el rol fundamental de la escuela no sólo se da en la adquisición de conocimientos, sino también en el fortalecimiento y cuidado de aspectos emocionales, sociales, nutricionales y de la salud. 

"La escuela es un lugar de igualación de oportunidades, una herramienta de equidad social indispensable, particularmente, para los grupos más vulnerables", señalaron. Por eso consideraron que su prolongación en el cierre no hace más que agravar las desigualdades sociales. 

Indicaron que un proyecto de regreso a clases presenciales debe tener en cuenta el cuidado de la salud de los niños, niñas y adolescentes, del plantel docente y no docente. Además de que deben ser considerados como trabajadores esenciales. Y reiteraron que el Gobierno de Salta debe "realizar un diagnóstico serio de cuál ha sido la entidad del daño y el grado de afectación de nuestros hijos e hijas en cada una de las instituciones".