Más de 1000 científicos del Conicet y de 30 universidad públicas nacionales se expresaron en rechazo al trigo transgénico HB4, creado por la bioquímica Raquel Chan y la empresa Bioceres-Indear. En una carta abierta al gobierno nacional, académicos de todo el país cuestionaron la nueva semilla, que impactará directamente en la mesa de los argentinos, porque el trigo es la base del pan. El Gobierno también autorizó, en el mismo trigo, el peligroso agrotóxico glufosinato de amonio.

El 9 de octubre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 41/2020 del Ministerio de Agricultura. Informa la aprobación de la “semilla, de los productos y subproductos derivados provenientes del trigo IND-ØØ412-7” solicitada por el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (Indear S.A.). Indear pertenece a Bioceres, empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York y que tiene como accionistas más conocidos a los millonarios Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman.

“Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”, comienza el escrito, firmado por Alicia Massarini, Particia Kandus, Rafael Lajmanovich, Walter Pengue, Haydée Norma Pizarro, Elena María Abraham, Matías Blaustein, Damián Marino, Patricia Puntos, Guillermo Folguera, Maristella Svampa, Juan Wahren y Damián Verzeñassi, entre otros.

La carta remarca que ya existen numerosas evidencias de las consecuencias negativas que producen los modos y los paquetes tecnológicos usados actualmente en la producción agrícola en Argentina, en Latinoamérica y en países centrales, especialmente en Estados Unidos. “Cientos de investigaciones sobre daños ambientales y sanitarios han sido publicadas en revistas científicas internacionales y muchos más testimonios y denuncias han sido impulsadas de manera sostenida por comunidades, trabajadores de la salud y movimientos sociales de nuestra región. Es indudable que el actual modelo productivo hegemónico de la agroindustria concentra capital, profundiza la desigualdad económica y social, genera el deterioro de la salud de las comunidades y de los ecosistemas y acelera la pérdida de biodiversidad, amenazando la seguridad alimentaria y dejando a su paso territorios devastados ambiental y socialmente”, afirman.

Además de cientos de firmas del Conicet, figuran investigadores de casi todas las universidades públicas de Argentina: del Litoral (UNL), de Buenos Aires (UBA), La Plata (UNLP), Rosario, Río Cuarto, Córdoba, Comahue, San Martín, Luján, San Juan Bosco, del Centro (Unicen), de Tucumán, de Quilmes, de General Sarmiento y de Cuyo, entre otras. También firmaron investigadores del INTA. 

En contraposición, solo se expidieron a favor del trigo transgénico Raquel Chan (que trabaja con Bioceres-Indear); el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza; y la presidenta del Conicet, Ana Franchi.

Los científicos cuestionan el uso masivo de agrotóxicos del actual modelo agropecuario y precisaron que el glufosinato de amonio, que se usará con el nuevo trigo, “es un herbicida 15 veces más tóxico que el glifosato, ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su toxicidad aguda y sus efectos neurotóxicos, genotóxicos y alteradores de la colinesterasa". El compuesto "es letal para organismos que contribuyen naturalmente a mantener la dinámica de los agroecosistemas, deteriora enormemente la calidad del agua dulce acelerando procesos de eutrofización y penetra hacia napas subterráneas”.

Recordaron que el trigo es la base de la alimentación de los argentinos, ya que con él se elabora el pan y gran parte de los alimentos a base de harina. “A partir de esta autorización, el trigo HB4 tendrá residuos de glufosinato al igual que las harinas y sus derivados, es decir, habrá glufosinato en alimentos básicos de consumo diario. Dado que en Argentina no hay ley de etiquetado de transgénicos, toda la población estaría expuesta a su ingesta en la dieta diaria”, cuestionaron los más de 1000 científicos.

Afirmaron que este tipo de semillas tiene relación directa con los desmontes masivos, los desalojos de campesinos y pueblos originarios, la destrucción de humedales y los incendios. “Los transgénicos agrícolas, a pesar del enorme esfuerzo propagandístico en pos de presentarlos como una innovación virtuosa para ‘alimentar al mundo’ sólo han servido para generar lucro para unos pocos. Los organismos transgénicos no son necesarios para garantizar ningún derecho del pueblo, por el contrario, atentan contra la salud socioambiental y amenazan la soberanía alimentaria”, aseguran los científicos.

En la carta abierta, que será enviada tanto a Presidencia como las autoridades de Ciencia, se preguntan quiénes y por qué deciden el avance de estos transgénicos y agrotóxicos. “¿Es aceptable que este tipo de decisiones que nos afectan a todes y comprometen el futuro de todas las generaciones, sean tomadas por un pequeño grupo de funcionarios y especialistas, muchas veces ligados a corporaciones? ¿Es aceptable el desarrollo y la aprobación de nuevos cultivos transgénicos que profundizarán los daños y el despojo de nuestro pueblo y nuestros territorios?”, señalan.

Consideran que la aprobación del trigo transgénico es una medida “que sólo puede explicarse por el avance de intereses corporativos por sobre el interés común, la salud pública, la defensa de la vida y de la casa común”. Solicitan al gobierno nacional que de marcha atrás con la aprobación del trigo transgénico e instaron a un debate democrático sobre el modelo de producción, la necesidad de un cambio transformador y “la promoción de una ciencia independiente” que investigue los impactos de las empresas de los agronegocios en lo sanitario, en lo ambiental y en lo económico, “una ciencia que escuche las voces de transformación y que conduzca hacia la soberanía alimentaria”.

Un trámite iniciado en 2016

El trigo transgénico había recibido el visto bueno, en 2016, del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) y, en 2018, de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). Ambos organismos son denunciados por organizaciones socioambientales y científicos independientes por su alianza con las empresas transgénicas. Ni Senasa ni Conabia realizan estudios propios sobre transgénicos y agrotóxicos, solo validan los presentados por las compañías que los comercializan. Otro elemento cuestionado: los informes de aprobación de transgénicos son confidenciales.

El último paso que restaba era la firma de la Subsecretaría de Mercados (del Ministerio de Agricultura). Mauricio Macri estuvo a punto de dar luz verde a fines de 2018, pero no lo hizo por los riesgos comerciales: Brasil, principal comprador del cereal, no aprobó el transgénico y se puede perder ese mercado.