Desde España

Pedro Sánchez lleva al frente del gobierno de España desde en junio de 2018, cuando logró desbancar a Mariano Rajoy gracias a una moción de censura. Desde entonces ha ganado dos elecciones generales y ha recabado los apoyos para ser investido presidente, pero todavía no ha conseguido el apoyo necesario para aprobar unos presupuestos generales, las cuentas que con rango de ley amparan toda la acción de gobierno. Por ese motivo, el gobierno formado por el PSOE y Unidas Podemos lleva gobernando desde su conformación con los presupuestos aprobados en 2018 cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy.

Esta situación anómala está a punto de terminar. Las dos formaciones que conforman el gobierno de coalición anunciaron este martes un acuerdo para presentar al Congreso unos nuevos presupuestos. La mitad del trabajo está hecho, pero resta lo más difícil, conseguir los apoyos parlamentarios para que salgan adelante.

El acuerdo fue presentado como un gran éxito por los secretarios generales de ambos partidos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en una comparecencia conjunta en la que se ha dado por finiquitada la era de la austeridad en España. “Tras el durísimo golpe de la pandemia, podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes o ponernos en pie y seguir adelante con energía", afirmó Sánchez. Iglesias fue más directo y optimista: “Inauguramos una nueva época, que deja atrás la etapa neoliberal y de recortes hacia una senda de recuperación de derechos sociales y laborales”.

Más que una declaración de intenciones, el proyecto supone todo un programa político: aumento de impuestos a las rentas más altas, gran inyección a la inversión pública, especialmente en sanidad, e impulso al Ingreso Mínimo Vital.

El PSOE y Podemos llevan semanas negociando el acuerdo, que sólo se ha alcanzado cuando los socialistas dieron su brazo a torcer y accedieron a una de las principales reivindicaciones del partido de Pablo Iglesias: el establecimiento de un control que ponga freno a los abusos en el precio de los alquileres que está expulsando a los extrarradios de las grandes ciudades a las familias con menos recursos. Podemos también reclamaba que se arbitraran medidas para facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital, lo que también ha conseguido.

En la presentación del acuerdo, Sánchez reivindicó el carácter progresista del proyecto de presupuestos, excepcionales porque deben dar respuesta a la crisis social y económica provocada por la pandemia, y que supondrán la mayor inversión en protección social de la historia de España.

Para ello cuenta con dos factores también excepcionales: los 27.000 millones de euros extra que se espera recibir de la Unión Europea en una primera etapa (España cuenta con percibir en total en los próximos años 140.000 millones de fondos europeos movilizados para hacer frente a la pandemia) y una reforma fiscal que se traducirá en un aumento de impuestos a las rentas más altas. Se subirá el Impuesto de Sociedades para grandes empresas; se incrementará en un punto el Impuesto de Patrimonio a grandes fortunas (superiores a los 10 millones de euros); habrá una subida en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas de tres puntos a las rentas del capital de más de 200.000 euros al año y de dos puntos a los sueldos que superan los 300.000 euros anuales. Esta medida, que afecta a menos del 0,1 por ciento de los contribuyentes, ya ha sido criticada por las fuerzas de la derecha.

También se reducirán las desgravaciones que se aplican a los planes de jubilaciones privadas y se establecerá una tributación mínima del 15% para las denominadas SOCIMIS, sociedades de inversión inmobiliaria con un capital mínimo de cinco millones de euros.

A ello se sumarán nuevos impuestos, como los que se aplicará a los envases de plástico, un aumento del 10 al 21 por ciento a las bebidas azucaradas, y la puesta en marcha de las tasas ‘Google’ (impuesto a las grandes multinacionales tecnológicas) y ‘Tobin’ (impuesto a las transacciones financieras).

Todas estas medidas, unidas a una nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, supondrán, según los cálculos del gobierno, un incremento en los ingresos del Estado de 33.447 millones de euros en 2021, cuando se espera alcanzar un récord de recaudación de 494.490 millones de euros. Ello permitirá, según Sánchez, sentar las bases para reconstruir todo lo que ha derrumbado la crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19, y también modernizar el sistema productivo español, muy asentado en el sector servicios, especialmente el turismo, al que el vendaval de la pandemia ha arrasado.

El presidente se refirió en especial al estado del bienestar y al sistema nacional de salud, que la crisis sanitaria ha demostrado “que tiene que ser más robusto”.

En relación con el establecimiento de una regulación para el mercado del alquiler, Iglesias subrayó que la política consiste en elegir qué intereses se defienden. "Este Gobierno toma partido en favor de quienes viven de sus salario y dependen del mismo para alquilar una vivienda”, subrayó.

El acuerdo sobre los alquileres no forma parte de la ley de presupuestos, pero el vicepresidente aseguró que antes de cuatro meses se aprobará una ley que permita la limitación y bajada del precio del alquiler en contratos nuevos y existentes. Esta norma, dijo, ”contribuirá a hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución”.

El acuerdo alcanzado por Sánchez e Iglesias es insuficiente. Ahora los dos partidos que conforman el gobierno tienen por delante la difícil tarea de recabar los apoyos necesarios para que los presupuestos salgan adelante en el Congreso. Para ello necesitarán convencer no sólo a las pequeñas formaciones situadas a su izquierda -como Más País, de Iñigo Errejón, o los nacionalistas valencianos o gallegos- sino también a fuerzas independentistas catalanas y vascas y al influyente Partido Nacionalista Vasco.