El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, postergó la reunión que estaba prevista para este miércoles con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La razón que se dio desde el despacho de Massa fue el debate por la ley de Presupuesto 2021. “En dos semanas nos suspendieron dos reuniones en la Cámara de Diputados. Hace 15 años que esperamos que se apruebe nuestro proyecto de derechos humanos. No podemos esperar más. Faltan pocos días para que venza el plazo para que las comisiones de esa Cámara puedan dictaminar”, se pronunció después de las 23 del martes la Campaña en un comunicado de prensa. El encuentro se pasó para el jueves 5 a las 12. Luego de reunirse con referentes de la Campaña, Massa tenía previsto un encuentro con una comitiva “celeste”, la “mesa de enlace pro vida” que también se pasó para la semana próxima.
Se espera para los próximos días el envío del proyecto de despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria de Embarazo del Gobierno, prometido tantas veces por el presidente Alberto Fernández, junto con el Plan de los 1000 días para acompañar a embarazadas en situación de vulnerabilidad que quieran continuar con la gestación. En el bloque oficialista esperan que sea cuánto antes. Los tiempos legislativos se acortan para sacar la media sanción en el 2020 y que pueda ser aprobado en el Senado. “A los celestes que lo votaron no los va a desilusionar porque lo anunció en la campaña electoral: consolida el voto de los propios verdes y nos acerca a los verdes opositores, es todo ganancia”, analizaba en diálogo con Página|12 una figura relevante en el armado de la estrategia parlamentaria para lograr la aprobación de la ley de IVE. “Si el argumento para demorar el envío es no profundizar la grieta, no entiendo por qué mandaron los proyectos de reforma judicial y de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas”, argumentaba la misma fuente.
La Campaña espera que una vez que llegue el proyecto del Ejecutivo a Diputados –por esa cámara estaría decidido que ingrese--, el tratamiento sea veloz, sin las extensas exposiciones que se dieron en 2018, cuando se llegó a la votación en el recinto después de 15 audiencias informativas en las que 738 oradores invitados defendieron sus posturas a favor y en contra. En la Presidencia de la Cámara coinciden con que el esquema debe ser rápido: plenario de las tres comisiones que se deben pronunciar –Salud, Mujeres y Diversidades y Legislación Penal (también podría incluirse Legislación General), todas encabezadas por verdes oficialistas—y votación en el recinto. Es decir, no habría debate con voces externas a la Cámara baja.
El encuentro con Massa fue pedido por la Campaña. Referentes de la marea verde ya se reunieron con la secretaria de Legal y Técnica --y coordinadora de la redacción del proyecto del Gobierno--, Vilma Ibarra y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. También con el presidente del bloque Máximo Kirchner, aunque esa reunión no se difundió.
El grupo de “las sororas”, que integran diputadas del oficialismo y la oposición “verdes” y que fue clave para lograr la media sanción del proyecto de IVE en 2018, sigue articulando transversalmente el armado de la estrategia legislativa. Reclaman por lo bajo que el Ejecutivo les comparta los lineamientos principales del proyecto para saber qué van a defender: por ahora el texto lo conocen muy pocas personas --pero guardan el secreto-- aunque desde el despacho de Vilma Ibarra se transmite que sigue los consensos que surgieron del debate del 2018 en el Congreso.
Con el envío de los dos proyecto en paralelo el Gobierno apunta a garantizar la libertad de opción en las mujeres y personas gestantes en un marco de salud pública: si queda embarazada y quiere tener un hijo o hija, el Estado la va a proteger –con el Plan de los 1000 días—y si no quiere, también se le va a garantizar el acceso a una IVE con la atención adecuada. La mayoría de los procedimientos se hacen actualmente con misoprostol, es decir, de forma ambulatoria y con un fármaco, de modo que no se ocupan camas de hospitales. En cambio, las casi 40 mil internaciones anuales por abortos inseguros, según estadísticas oficiales, son más costosas al sistema sanitario, tanto presupuestariamente como en ocupación de camas, incluso de terapia intensiva en los casos más graves.
Durante el primer semestre del 2020, ingresaron más de 7 mil llamados a la línea gratuita 0800 222 3444 de Salud Sexual y Reproductiva, y cerca de la mitad generaron pedidos de atención de una interrupción legal de embarazo (ILE). En los meses de mayo –junio de este año, los llamados fueron 3461, de los cuales 1.877 –54 por ciento-- correspondieron a pedidos de ILE y 89, de métodos anticonceptivos, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud. Un dato interesante es que 9 de cada 10 pedidos de ILE ingresó en el primer trimestre de gestación, con 12 semanas o menos.