El municipio de Rosario de Lerma es un infierno desde hace unos meses y no solo por el coronavirus, que no da tregua en aquella localidad, sino por los escándalos políticos primero generados en el Concejo Deliberante, con los mediáticos hermanos Galleguillos en el centro de la escena, quienes no quisieron entregar la presidencia pactada hasta finales de agosto y terminaron desencadenando la división, con dos concejos funcionando a la vez.

A esa situación de doble representación deliberativa se sumó una denuncia contra varios funcionarios del municipio y el mismo intendente Enrique Martínez, por asociación Ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, debido al incierto destino de los fondos obtenidos en el último Carnaval.

La denuncia, que ya se encuentra en manos del fiscal Leandro Flores, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, la realizó Mario Lamas, un ex chofer del área de Acción Social que en junio, según él, no aceptó la renovación de su contrato y hoy se dedica a la plomería.

En la presentación, Lamas apuntó principalmente contra el actual intendente, Enrique Martínez; el ex secretario de Gobierno y actual coordinador general de intendencia, Luciano Martínez; Liliana Pistán, directora general de Rentas Municipal y otros funcionarios municipales de segunda línea.

El ex empleado municipal explicó cómo la Comisión de Corsos de Carnaval de la ciudad, integrada por los funcionarios denunciados, “y actuando sin personería jurídica”, lo que violaría Ley 7.323 de Asociaciones civiles de la provincia de Salta, no solo dispuso "de dinero del erario público sin autorización y a discreción para los gastos que demandó organizar el evento”, sino que también se quedaron con lo recaudado.

En la denuncia se detalla que la asesora Legal y Técnica “no dudó en redactar” la resolución N° 016/2020, mediante la cual se autorizó una erogación de $ 2.900.000 para cubrir gastos, y que a su vez, la recaudación obtenida solo en la noche del desentierro del Carnaval, que superaría los $3.000.000, jamás fue depositada en la cuenta corriente que tiene el municipio en el Banco Macro. “Ni siquiera se dio ingreso en la Tesorería de la Municipalidad, sino que fue trasladada al domicilio particular del Intendente”, agregó el denunciante.

A su vez, contó que se llevaron el dinero en una Toyota Hilux oficial, conducida por el chofer Cristian Vázquez, “quien podrá aseverar lo sucedido en esa noche del día domingo 12 de enero del año 2020” durante el desentierro del Carnaval, indicó Lamas.

También sumó la falsificación de dos resoluciones municipales, 019/2020 y 016/2020. Por la primera, 019, la por entonces asesora Legal, María Lourdes Cardozo, autorizó gastos solo por $120.000, mientras que, siempre según Lamas, la resolución 016 se agregó con posterioridad y tras haber reemplazado a Cardozo por Victoria Rivero, allí se autorizaban los casi $3.000.000 para contratar grupos musicales, entre otros gastos utilizando las iniciales de Cardozo y no su firma.

El denunciante subrayó que recién en junio, y tras varios pedidos de rendición de cuentas por parte de los miembros del Concejo Deliberante, el Ejecutivo informó “a través de un Power Point sin documentación respaldatoria”, que la recaudación total no superó los $700.000 “cuando por versiones periodísticas la recaudación había superado los $10.000.000, considerando que al predio ingresaron más de 30 mil personas a razón de $200 por entrada”.

Por último, requirió a la Fiscalía, como medida cautelar, que allane las oficinas de Tesorería municipal, con el fin de suministrar todos los documentos, facturas, recibos, órdenes de pago y toda otra documentación vinculada al evento del desentierro del Carnaval.

En diálogo con Salta/12, Mario Lamas aseguró que él, que en ese momento estaba designado como seguridad del evento, era uno de los que cargaba, cada una de las noches de Carnaval, las bolsas que se depositaban en la camioneta municipal conducida por Cristian Vázquez y que terminaban en la casa del intendente. Subrayó que solo la primera noche cargaron tres bolsas de consorcio que contenían más de $3.000.000 de recaudación. “Esa noche, yo mismo me fui en otro vehículo hasta la Municipalidad, pensando que iban a dejar el dinero en Tesorería, pero Vázquez me comentó que la habían llevado a la casa de Martínez”, añadió.

A su vez, indicó que ADICAPIF o SADAIC pueden dar fe de las entradas vendidas, ya que el 12 de enero, él presenció como uno de los funcionarios de los gremios de la música solicitaba el pago de $35.000 por los boletos vendidos, “y arreglaron por $27.000”.

Por último, dijo que hay connivencia política entre el ex intendente y hoy diputado Ignacio Jarsú  y Ernesto Martínez, “para taparse entre ellos todas estas cosas”, y que por eso mismo el actual jefe comunal no avanzó con las denuncias que había anunciado al iniciar su mandato “como sí lo hizo (Carlos) Folloni” contra su antecesor Manuel Cornejo. “Mucha gente que estaba con Jarsún volvió a trabajar en el municipio en estos meses”, finalizó el denunciante.

Desde el Ejecutivo no quisieron hacer declaraciones argumentando que “ya todo está judicializado y se sabrá toda la verdad a través de la justicia”.

Un Concejo en llamas

El concejal por el Frente de Todos, Leonardo Rosas, confirmó a este medio que en la última sesión que pudo mantener ese Cuerpo deliberativo, el 27 de agosto, se decidió por unanimidad, remitir la denuncia que realizó Lamas a la Fiscalía, “por el tenor de lo que está declarando”.

“Nosotros pedimos muchas veces las rendiciones del Carnaval al municipio, y recién en junio la contadora Pistán nos presentó esos números pero en Power Point, sin documentación en ese momento”, indicó, aunque aclaró que tras su pedido la hicieron llegar “y es todo lo que remitimos a Fiscalía para su análisis”.

El concejal aseguró no saber qué motiva a Lamas, “que hasta hace dos días era integrante del municipio y tenía buen trato con el intendente” a realizar una denuncia de ese calibre, “pero no la podíamos desestimar por la gravedad que reviste”.

“O es verdad y hay que seguir investigando, o es mentira y este señor se tiene que hacer cargo de todo lo que dijo”, sostuvo.

Rosas contó que el problema que terminó por colapsar la vida institucional del Concejo Deliberante rosarino fue la negativa, por parte de Griselda Galleguillos, de dejar la presidencia tal y como estaba previsto desde su asunción. “Eso ya estaba estipulado, sin embargo, ella junto a su bloque, integrado por su hermano y dos concejales más, se negaron y a los gritos y de manera prepotente se quedaron en el edificio del Concejo”, sostuvo el edil.

Por eso ahora, una minoría de 4 concejales pertenecientes al Frente de Alfredo Olmedo, se reúne en el Concejo Deliberante y la mayoría, compuesta por los 5 restantes, lo hace en un punto digital ubicado en una Mediateca de aquella ciudad. Leonardo Rosas informó que el asesor legal de ese órgano representativo, les otorgó la validez “por ser mayoría y tener quórum legal”.