La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción en forma unánime a la prorroga por 180 días la declaración del estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, dispuesta por la Ley N° 8.185 y que de esta manera se extenderá hasta fines de abril. El proyecto fue remitido desde el Ejecutivo.

Si bien no hubo oposición a la extensión de la medida extraordinaria que se implementó en enero de este año ante las muertes por desnutrición que se dieron en esos tres departamentos, principalmente de menores de comunidades originarias, el debate fue largo y con cruces entre el oficialismo y la oposición.

Los principales testimonios llegaron de los diputados de la zona, que coincidieron en subrayar lo poco que se avanzó en soluciones para evitar que se repita el trágico panorama que se vivió este verano.

La diputada del PV, Jorgelina Juárez, consideró que el problema sigue igual e inclusive “se agudizó en la pandemia”, por lo que pidió que se destinen los recursos principalmente para solucionar los inconvenientes de escasez de agua.

En similar sentido se expresó su compañero de bancada, Iván MIzzau, que destacó que la mayoría de las obras que se hicieron fueron gestionadas y financiadas por Nación.

Ramón Villa se refirió al problema específico de las carencias en los hospitales de Rivadavia y expresó que los legisladores de la oposición se pusieron a disposición pero que en general no fueron escuchados.

La defensa a la gestión del Gobierno, llegó de parte de Javier Diez Villa (Salta tiene Futuro), que señaló que le llama la atención que no reconozcan las inversiones que se están haciendo en el norte y que la situación es producto de décadas de desinversión.

Nuevamente reclamó por el Fondo de Reparación Histórica del Norte, que “solamente tenía 14 obras para el sistema de salud”. Finalmente hizo un repaso de las obras que se llevan adelante en los departamentos afectados y se refirió especialmente al convenio con el organismo nacional Enohsa que prevé obras de agua.

En tanto Socorro Villamayor (STF) dijo no querer usar como excusa lo devastado que encontró esta gestión el sistema de salud y de la complicación que trajo la pandemia. Además se refirió particularmente a la inversión de 28 millones de dólares en el Hospital San Bernardo que reclamó Baltasar Lara Gros (PARES), por lo desequilibrado del gasto que se destina a capital con respecto al interior.

“No seamos ciegos de lo que se está haciendo. Todos los hospitales de cabecera están recibiendo obras”, señaló una de las referentes del oficialismo en la Legislatura, que también enumeró trabajos que se están ejecutando en los departamentos en cuestión.

Por ello, Franco Hernández (PV) dijo que “cualquiera que los escuche pensará que Rivadavia o San Martín son Las Vegas, pero lo cierto es que no hay agua”. A su turno, Gladys Paredes solicitó que se incorporen sociólogos y antropólogos a los equipos para tratar el tema de la interculturalidad, que es una de las raíces del conflicto con las comunidades. "Si no se los comprende toda medida que se tome va a ser ineficiente", expresó.

El diputado Carlos Zapata pidió que hagan llegar datos sobre lo que se está invirtiendo en el norte. “Sin información no podemos valorar nada”.

Finalmente Santiago Godoy (PJ) pidió esos datos a los diputados del departamento, "por lo menos que nos informen si se van ejecutando las obras". Además, solicitó que el Gobierno "no se enoje cuando los legisladores, que son del lugar digan que pasa en cada departamento".

El único que no votó en positivo fue Claudio Del Plá (PO) que solicitó abstenerse porque considera que la emergencia no es la solución, pero que tampoco se opone a que lleguen fondos extraordinarios a los tres departamentos. Tras lo cual atribuyó el problema a la economía de la zona, en la que se trabajan campos que cada vez necesitan menos mano de obra y “se convierte en una fábrica de pobres”.

Actualmente en la provincia rigen la emergencia económica desde hace 30 años, también está el estado de excepción por violencia contra la mujer desde hace 6 años, esta semana se decretó la emergencia por sequía para parte de la provincia, y en el marco de la pandemia siguen vigentes las emergencias sanitaria por el coronvirus y la turística.

Las disculpas de Jarsún

Apenas comenzó la sesión el vicepresidente primero del Cuerpo, Ignacio Jarsún, tomó la palabra para pedir disculpas "por si se entendió mal" su postura con respecto a la justicia por mano propia" y que le valió una denuncia penal de los organismos de los derechos humanos.

El diputado había escrito en sus redes sociales que la persona que murió en un linchamiento en Tucumán, tras ser señalado como sospechoso de la violación y asesinato de una niña, se merecía ese final. Aunque ahora dijo que no lo hizo con la intención de alentar esa situación y que se malinterpretaron sus palabras.

Sin embargo, luego de pedir disculpas, reivindicó su postura a favor de la pena de muerte.

Sin apoyo para las Taser

Para la sesión de ayer figuraba en el acta de labor el tratamiento de un proyecto para regular el uso de las pistolas electrónicas Taser en manos de la policía, tal como lo proponía el diputado Gustavo Orozco, ex miembro de esa fuerza.

Finalmente, ante los dictamen en negativo que obtuvo en las comisiones de Derechos Humanos y Legislación General, se decidió no tratarlo y seguir trabajando la iniciativa en las comisiones.

Igualmente, la adquisición de esas pistolas y aprovisionamiento a la policía no es una acción que necesite de la autorización de la Legislatura y es potestad del Ejecutivo si quiere armar con dicho elemento a la fuerza, así como también determinar la compra y la cantidad de unidades Taser, cuyo valor es de alrededor de mil dólares cada una.

En el debate previo la iniciativa había sumado los apoyos de la jefa de la Policía Norma Morales, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.