Con el objetivo de conocer bajo qué condiciones se desarrolla el aislamiento y distanciamiento social obligatorio en los barrios y cómo impacta en las condiciones de vida de los hogares del Conurbano, el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) presentó el “El Conurbano en cuarentena III”. La discontinuidad laboral y el acceso a alimentación y productos básicos fueron las dos principales problemáticas que se agravaron durante la cuarentena.
Los resultados de este tercer relevamiento, realizado entre el 8 y el 28 julio de 2020, se basó en 221 entrevistas a referentes territoriales y barriales del campo de la salud y sindicales, que residen o participan en 22 de los 24 partidos del Conurbano Bonaerense- con excepción de San Isidro y Vicente López- y en otros municipios de la Área Metropolitana, Escobar, Pilar, General Rodríguez, Luján, Zárate, San Vicente y Presidente Perón. El equipo de investigadores y docentes de los Institutos del Conurbano (ICO) y de Ciencias (ICI) había presentado el primer relevamiento en marzo, mientras que el segundo informe fue difundido a principios de mayo, en base a entrevistas realizadas entre el 22 y el 26 de abril.
“Sin desmedro del reanudamiento de actividades productivas y de servicios en el AMBA, la centralidad de la preocupación por la discontinuidad de ingresos laborales se corresponde con las características de la estructura socio-ocupacional de barrios donde priman las inserciones en el cuentapropismo, ya sea de oficio o changuista, y el trabajo asalariado no registrado”, sostuvo el tercer informe coordinado por Verónica Maceira y Gonzalo Vázquez, investigadores docentes del ICO.
Respecto a este último punto, más de la tercera parte de los referentes mencionaron de manera espontánea la dificultad para acceder a alimentos y productos básicos. En esa línea, el documento indicó que, a diferencia de los primeros meses de cuarentana, las preocupaciones no estuvieron relacionadas al desabastecimiento o al aumento de precios sino a la posibilidad de garantizar el acceso mínimo a la alimentación.
“Ciertamente, en todo el período se han implementado respuestas tales como medidas desde los distintos niveles de gestión estatal y estrategias comunitarias y de la sociedad civil en general. Sin embargo, se expresa con fuerza en el relevamiento, la precariedad de la vida en la que se encuentran los barrios populares que dependen de tales medidas y estrategias”, explicó el informe difundido por la casa de estudios.
En diálogo con Página 12, Maceira diferenció las modalidades de asistencia en los barrios: “Aparecen por un lado las transferencias sociales directas y la asistencia alimentaria directa. La primera tiene un canal mucho más homogéneo por la base de datos de Anses, mientras que la segunda tiene otra logística”. En esa línea, detalló: “La asistencia vía Ministerio de Desarrollo Social es recibida por comedores, a través de las organizaciones sociales, y luego los municipios gestionan los recursos en el territorio”.
Asimismo, la investigadora sostuvo que detectaron diferencias en los mecanismos de articulación que aplicaron los municipios con las organizaciones sociales. En torno a esta cuestión, Maceira puntualizó: “Hubo lugares donde los vecinos debían buscar dónde podían obtener asistencia alimentaria directa. En cambio, otras intendencias planificaron todo, censaron con gestión territorial descentralizada y sabían qué dificultad presentaba cada hogar”.
En este contexto, adquirió centralidad la reactivación laboral a través de rebusques y emprendimientos. Entre estas actividades se destacaron la producción de panificados y comidas elaboradas para la venta, confecciones, delivery, carpintería, instalación de kiosco o pequeño almacén, pero también reparación y reventa de objetos producto de cartoneo, y producción y venta de leña a partir de durmientes. Según señaló el informe, el Ingreso Familiar de Emergencia ganó relevancia como pequeño capital para iniciar una actividad.
En el momento en el que se realizó el relevamiento, se registraban casos confirmados de COVID-19 en el 91 por ciento de los barrios relevados. Ante ese panorama, seis de cada diez referentes consideró que la presencia estatal en la atención de la enfermedad era fuerte o muy fuerte.
Por otra parte, el 70 por ciento de las encuestadas reconocieron situaciones de violencia de género en sus territorios y establecieron una correlación entre la degradación de las condiciones materiales de vida y el incremento hacia la hostilidad. El informe destacó que “de las 94 referentes que dijeron tener conocimiento, 54 referentes (64 por ciento) dijeron haber realizado diferentes tipo de acciones para abordar este flagelo”.
Por último, el equipo de investigadores remarcó que la relación con las fuerzas de seguridad fue otra problemática. De hecho, uno de cada cuatro referentes mencionó hostigamiento de distinta intensidad por parte de las fuerzas de seguridad ya sea en el propio barrio o, en menor medida, en los barrios vecinos.
“Al inicio de la cuarentena hubo abusos, detenciones arbitrarias, homicidios, y fue posible porque las fuerzas eran responsables del cumplimiento del asilamiento, por lo que se encontraban dentro de los barrios”, expresó Maceira a este medio. Aún así, la docente aclaró: “En la medida que las fuerzas se fueron desplazando hacia las arterias principales de los municipios, la ocasión para el hostigamiento se redujo”.
