En el medio del debate nacional en torno a las ocupaciones de tierras y el destino de las mismas, una jueza rosarina ordenó el desalojo de más de 500 familias del barrio La Cariñosa, ubicado en la margen oeste de Avellaneda y Avenida Circunvalación. Sin embargo, en este caso no se trata de una usurpación ilegal de terrenos sino de un barrio popular en el que viven personas desde hace más de 40 años. Ayer hubo un encuentro entre vecinos y hoy por la mañana se llevará a cabo una reunión en la que se solicitará la intervención de la Legislatura y del Ejecutivo Provincial.

El conflicto tuvo su origen en 2020, cuando el terreno fue comprado por el empresario Armin Juan Reutemann pero con la particularidad de que en el lugar ya había numerosas familias viviendo desde antes de que se hiciera el negocio inmobiliario. Con los años, la cantidad de habitantes fue creciendo hasta superar las 500 familias. De ese total, 131 son defendidas legalmente por los abogados del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular desde el 2005 cuando llegó la primera notificación judicial. 

Posteriormente, debieron volver a intervenir en  2011, 2015, 2019 y ahora, con la sorpresiva orden desalojo dictada por la jueza Camaño el pasado 5 de octubre, con la idea de retirar por la fuerza a las familias del lugar. Además, la magistrada convocó a una reunión entre las partes para el próximo lunes 2 de noviembre a las 10. Para ese día los vecinos ya están organizando una movilización masiva hacia tribunales.

"De ninguna manera se puede desalojar a las familias, es necesario encontrar una salida acordada en este tema. Este es un barrio que también está registrado en el Registro Nacional de Barrios Populares, no es una caso de toma de tierras ni de usurpación. La parte actora aprovecha el momento como si fuera un mismo problema cuando en realidad acá no hay más que un negocio inmobiliario de un privado que compró tierra que estaba en un terreno consolidado como un barrio de muchos años de existencia”, explicó a Rosario/12 Nire Roldán,  de Concejalía Popular.

El dirigente destacó que existe sobre el predio un conflicto de tierras ferroviarias, públicas -nacionales, provinciales y municipales- y privadas: "No puede ser que la justicia actué de manera tan intempestiva sin siquiera hacer allí un relevamiento exhaustivo", sentenció. Adelantó que en la audiencia del próximo lunes le van a pedir a la jueza que les entregue la información necesaria para ver si se hicieron los censos que solicitaron en su momento. 

Hoy a las 10 se va a llevar a cabo una reunión en la Cooperativa Parilla del Centro, en Santa Fe 1280, con el objetivo de entregarles a legisladores provinciales un pedido formal y solicitarle al gobierno provincial que intervenga "lo más rápido posible" para evitar cualquier tipo de desalojo.