Confirmaron el procesamiento del dueño y los directores médicos del Centro de Salud Norte de Villa Adelina por su responsabilidad en un brote de covid-19 que el pasado mes de abril alcanzó a 36 personas en esa clínica. La confirmación llegó por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que ratificó la imputación por "propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas", pero revocó la de "asociación ilícita" que había sido determinada en junio por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.  

Benjamín José Teitelbaum, dueño de Rophe S.A -empresa a la que pertenecen tanto el Centro Norte como el Mariano Pelliza, que en junio también fue clausurado-, Jorge Gustavo Pinzetta Martínez, director médico, Ana Lorena Bellusci, coordinadora médica y Diego Galindo, gerente operativo, son las cuatro personas procesadas por su responsabilidad en el brote de covid-19 que se propagó en la clínica de Villa Adelina. 

La investigación judicial se había iniciado luego de que Fátima Cellini, de 65 años, falleciera tras presentar síntomas de covid-19 en el Centro de Salud Norte, clínica que recibe pacientes de PAMI. De inmediato, su familia radicó una denuncia en la Justicia en la que advirtieron que a la mujer nunca se le había hecho el hisopado correspondiente y que en el centro de salud no cumplían con los protocolos de prevención. A raíz de la denuncia, el Cuerpo Médico Forense realizó un estudio sobre el cadáver que terminó por confirmar que Cellini había muerto por covid-19, por lo que el 17 de abril se decidió clausurar el lugar y detener a quienes finalmente fueron procesados. 

"Por haber constituido un caso sospechoso, o bien, por exhibir síntomas de infección respiratoria, debieron observarse las normas y protocolos que existían para la época y, opuestamente a ello, nada se hizo", señalaron ahora los camaristas Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández en el fallo que ratificó el procesamiento. Además, allí se lee que la omisión del hisopado "generó un acto idóneo para transmitir el virus a otros".

"El peligro generado se extendió cuando, una vez fallecida Cellini, accedieron a sus restos el personal de la clínica, de traslados y de la casa de sepelios Menini", detallaron los camaristas. En total, los contagios derivados del Centro Norte llegaron a 36 personas: 23 trabajadores de la clínica, cuatro familiares de Cellini, tres pacientes, tres familiares de trabajadores y tres empleados de la casa de sepelios que se llevó el cadáver de la mujer. 

Es que, según se explica en el fallo, al no haber recibido diagnóstico de covid-19, el traslado del cuerpo de Cellini se realizó "sin contar con los elementos de protección personal adecuados, ni estar envuelto el cadáver, cuanto menos, en una bolsa plástica de alta densidad, impermeable y con cierre hermético, debidamente identificada como material infectocontagioso". Por esta razón, los jueces confirmaron el procesamiento por "propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas", que se encuadra en el artículo 202 del Código Penal y que establece una pena de entre tres y quince años de prisión. 

Sin embargo, los camaristas decidieron revocar la otra imputación que recaía sobre los cuatro procesados. El pasado 12 de junio, cuando Arroyo Salgado dispuso el procesamiento, consideró también que los acusados conformaban una "asociación ilícita" que lucraba con la salud con el fin de aumentar sus ganancias.

El fiscal federal Fernando Domínguez, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de San Isidro, que estuvo a cargo de la instrucción, ya había señalado que las pruebas recolectadas daban cuenta de “una trama de irregularidades en torno al funcionamiento histórico de este centro de salud y el incumplimiento sistemático de elementales normas de salud, protocolos sanitarios y de bioseguridad”. 

Además, el fiscal detalló que el lugar presentaba "graves condiciones edilicias, déficits en las condiciones necesarias para su habilitación legal municipal, con altas deudas por tributos y multas impagas”, y que, a sabiendas de esta situación, en medio de la pandemia los dueños del lugar no adoptaron "medida eficaz alguna, debiendo hacerlo para evitar la propagación". 

Según la fiscalía, recién el 29 de abril, es decir, varias semanas después del fallecimiento de la mujer y a más de un mes de decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina, "Teitelbaum se comunicó por teléfono con una persona para ver si podía adquirir 12 mil barbijos quirúrgicos y una serie de camisolines especiales".  

Los camaristas consideraron ahora que "por el momento" las pruebas "no reúnen los presupuestos necesarios para adecuar sus conductas a la figura de asociación ilícita", por lo que ordenaron a la jueza que profundice la investigación en ese sentido.