“Te van a traicionar”, le dijeron a Control en la llamada telefónica. “Las cosas están bien con M (nombre de un hijo), pero mal con L (nombre de otro hijo)”. “Disculpame que te haya planteado esto (un tema sentimental), pero tenía que decírtelo”. “¿Cómo que no tenés papas?”. “Voy al Instituto Patria”. “Esta semana salí en Radio del Plata. El informe de Colman (sic) es impresionante”. Frases y conceptos como estos figuran en las 168 páginas de escuchas telefónicas que, en hojas que encabeza la palabra Secreto, le hicieron a los detenidos exfuncionarios y empresarios en el penal de Ezeiza. El material está incorporado a la causa conocida como Puf Puf, que instruyeron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. El objetivo era voltear la investigación sobre extorsiones, coacción y armado de declaraciones falsas que se había puesto en marcha en Dolores. Argumentaron que hubo un complot que se gestó en la cárcel, que desde el penal urdieron la denuncia de Dolores y por eso había que ver los diálogos, estudiar las visitas, analizar los problemas amorosos, las internas familiares y sus tácticas de defensa. Llegaron al punto de sumar al expediente un listado de los abogados, con la fecha y la hora en la que hablaban con cada uno de sus defendidos.

Tras la muerte de Bonadio, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que quedó a cargo del juzgado, evaluó que no existió tal complot y ordenó el archivo del expediente Puf Puf. El nombre devino de un diálogo entre el exembajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, y el exsecretario de Transporte, detenido, Juan Pablo Schiavi. El primero le dijo al segundo, por teléfono, que no se concretó algo que esperaba el fiscal Stornelli y fue publicado por el periodista Carlos Pagni: que declarara como arrepentido un exsecretario de los Kirchner, Isidro Boudine y acusara de delitos a Cristina Fernández de Kirchner. Como no se produjo, Valdés dijo “Stornelli, puf, puf”, se pinchó el globo.

La teoría del complot llegó a Comodoro Py por dos vías paralelas. Stornelli dijo que recibió las escuchas de forma anónima porque alguien las tiró por debajo de la puerta de su fiscalía, mientras que las diputadas de la Coalición Cívica hicieron lo propio, aunque nunca mostraron el anónimo que habría recibido Elisa Carrió. Lo concreto es que, como siempre, el aparato de Comodoro Py se las ingenió para que el juez a cargo fuera Bonadio. Y a partir de ese punto, empezó un show de ilegalidades y violaciones de derechos que consistieron en investigar y espiar tanto a los presos como a los que llamaban por teléfono.

Una teoría es que el complot se armó en un conocido spa de Entre Ríos donde casualmente coincidieron Valdés y Juan Ramos Padilla, padre del juez Alejo Ramos Padilla, instructor del expediente de Dolores. Por lo tanto, Bonadio le ordenó al spa Vida Sana, de Entre Ríos, que entregue la documentación sobre el alojamiento de Valdés y Ramos Padilla. En el expediente entonces se incorporaron las facturas por lo que pagó cada uno y hasta tuvo que declarar el director. Como es obvio, nada de eso constituye prueba de ningún complot. Por eso Martínez de Giorgi ordenó el archivo. Sin embargo, el abogado de Ramos Padilla padre, Adrián Albor, no acepta el archivo, quiere que el progenitor de Alejo Ramos Padilla sea sobreseído. No acepta medias tintas.

Uno de los aspectos más escandalosos del expediente es que Bonadío ordenó que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le entregue un listado completo de los abogados de los detenidos y cuándo fueron de visita. Semejante medida es una clara violación al derecho de defensa, según le dijeron a este diario varios profesores de Derecho consultados.

No menos escandalosas son las 168 páginas de transcripciones de escuchas que están en el expediente. Tienen el rótulo de Secreto. Se argumentaba que la intervención de los teléfonos del penal se hizo porque en el pabellón estaba el narco Mario Segovia, pero no hay una sola palabra relacionada con narcotráfico. Todo el espionaje está orientado a buscar elementos para luego quebrar al detenido y obligarlo a “arrepentirse”.

Por ejemplo, hay numerosas transcripciones de las internas de la familia de Lázaro Báez, a quien en paralelo la Agencia Federal de Inteligencia le había infiltrado la defensa. Es que uno de los grandes objetivos era que Báez declare como “imputado colaborador” y que dijera que era testaferro de Néstor o Cristina Kirchner. Varias veces los diarios vinculados al macrismo anunciaron que el quiebre de Báez era inminente. No es casual que lo hayan dejado cuatro años en prisión preventiva.

Otro objetivo fue Roberto Baratta que estaba en Ezeiza y hablaba con los detenidos del otro penal, el de Marcos Paz, entre ellos Claudio Minicelli. En especial les interesó que alguien de afuera le dijo: “te van a traicionar”. Pero, además, hay diálogos sobre sus respectivas defensas, hablan sobre los precios del gas licuado por millón de BTU, de cómo responder acusaciones en el caso de las novelas de Andrea Del Boca, el análisis de una declaración del arrepentido Leonardo Fariña y de la ampliación de la denuncia contra el perito preferido de Bonadío, David Cohen, hoy procesado por falso testimonio agravado. O sea que la AFI sabía qué pasos iban a dar.

En forma permanente los detenidos mencionan -como es lógico- las idas y vueltas con sus defensores y las quejas por las declaraciones o falta de declaraciones de los dirigentes del peronismo. Son más insumos para la AFI en la presión para que declaren como arrepentidos. Y a partir de determinado momento los internos toman conciencia de que los están escuchando y hablan en clave, por lo que pasa a ser difícil entender los diálogos. Incluso queda confuso quiénes son los que hablan: Chala, Pato, Loro, Mono y un largo listado de seudónimos.