Militantes y activistas de diversas organizaciones y colectivos sindicales, políticos, estudiantiles y de derechos humanos juntaron firmas por el cierre de la causa penal que la justicia federal de San Martín mantiene abierta desde hace más de 6 años contra nueve manifestantes, tres de ellas mujeres, por entorpecimiento del tránsito, en el marco del conflicto laboral en la planta autopartista Lear sobre la Autopista Panamericana. La sala II de la Cámara Federal de San Martín ha revocado ya por quinta vez los sobreseimientos dictados por la jueza de instrucción Alicia Vence, en un planteo que fue calificado como "insistencia en la criminalización de la protesta de quienes se manifiestan en las calles".
Según explicó el abogado Matías Aufieri a Página/12, el último fundamento para ello ha sido que la causa no puede cerrarse mientras uno de los imputados sea trabajador contratado del Estado, equiparándolo así con un funcionario público que puede influir o estorbar en la investigación.
"Con este insólito antecedente, para los y las 4 millones de empleados públicos que hay en el país, las causas penales jamás se cerrarían hasta que se jubilen, sentando una peligrosa jurisprudencia para todos los trabajadores estatales y también para toda persona que eventualmente pudiera ser imputada junto a uno de ellos en alguna causa penal", indicó el letrado que pertenece al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), y quien junto a Myriam Bregman representan a les procesades.
Aufieri agregó que "en un expediente plagado de arbitrariedades, se llega al colmo de que cuatro personas permanecen imputadas y procesadas sin siquiera pruebas de haber interrumpido el tránsito, sino por el mero hecho de haberse presentado en la causa a denunciar las lesiones provocadas por el operativo represivo de la Gendarmería".
La búsqueda de adhesiones es para solicitar "el desprocesamiento y cierre de esta causa insostenible, iniciada en el marco del legítimo ejercicio del derecho a la protesta".
Entre las pruebas de la causa hay imágenes que muestran el "poder de lobby" de ese empleado público, mientras ya detenido y esposado es apaleado en el rostro. También puede verse que no fue detenido por cortar la ruta, sino por registrar la represión con su teléfono junto a periodistas. "Quien preside el tribunal es Alberto Lugones, un gran defensor del proyecto de reforma judicial pero, ¿qué reforma defenderá si con sus fallos defiende lo más persecutorio y lamentable de la justicia federal actual?", planteó Aufieri.
El principal testigo contra los que sí fueron detenidos en la represión es el famoso "gendarme carancho" que sería procesado en ese mismo conflicto por fraguar causas contra los manifestantes, simulando ser atropellado por ellos.
"Hasta hoy han ignorado esta denuncia, pero sí se concentraron en investigar dónde trabaja, entre qué fechas, todo apuntado a usar su condición de empleado estatal para impedir el cierre de la causa de los nueve procesados, cuando él ni debió ser detenido. Esta causa debiera estar cerrada hace años. Es un mero aleccionamiento", concluyó el letrado.
