El conflicto comenzó a principios de agosto, cuando el brote de la covid-19 golpeó con fuerza en todo el departamento Orán y llegó hasta Pichanal, donde la empresa Bermejo tiene su frigorífico y contrata a 350 trabajadores de esa ciudad.

En ese momento, cuatro empleados comenzaron a reclamar mejores condiciones laborales y de bioseguridad, “porque veíamos que varios tenían síntomas”, dijo a Salta/12 Fernando Palma, uno de los ocho que hoy están virtualmente despedidos.

“Como nosotros le pedimos que intervenga al intendente, que fue a hablar, generó más enojo de la gerencia”, añadió el trabajador. Palma sostuvo que pedían que les realicen testeos masivos, “pero solo nos mandaron un médico que nos preguntó por los síntomas y nos tomaban la temperatura a la entrada, al que tenía algo no lo dejaban entrar y lo mandaban a su casa sin más”, contó.

Y añadió que “en esa volteada caí yo”. Lo mandaron a aislarse, pero sin un test que confirmara la enfermedad. “Cuando terminé la cuarentena, me fui a hacer el hisopado por mi cuenta, porque ni el COE pasó por mi casa, y en ese momento me dio positivo”, y tuvo que pasar otros 14 días en su casa.

Además, muchos compañeros de Palma contrajeron el virus, “porque salía de ahí, de los camioneros que entran y salen, que vienen de Brasil, Buenos Aires y otros puntos”, afirmó quien hoy es el representante legal de los trabajadores, Hernán Mascietti. Según los trabajadores, unos 60 se contagiaron por esos días. 

El abogado explicó cómo tanto a Palma como a otros tres empleados que habían tomado una licencia por la covid-19, y que justamente eran quienes habían realizado los reclamos a la patronal, “no los dejaron entrar nunca más (a sus lugares de trabajo) y sin siquiera decirles formalmente por qué”.

Cuando tras cumplir sus respectivos aislamientos, los trabajadores se aprestaron a regresar a sus tareas a principios de octubre, personal del áreas de seguridad les impidió el ingreso bajo la excusa de que habían tenido el virus y no querían que contagiaran a los demás, por lo que decidieron enviar telegramas a la empresa pidiendo su reincorporación, “y la única respuesta que obtuvimos fue que éramos unos maliciosos”.

El siguiente paso fue ir hasta la puerta del frigorífico con el juez de Paz de Pichanal, quien constató lo que estaba sucediendo y hasta labró un acta, “pero nunca nos contestaron legalmente cuál era la situación”. Los trabajadores, junto a su abogado, suponen que lo único que buscaba la firma era que “nos cansemos, dejemos de ir y despedirnos por abandono de trabajo”.

Pero justamente eso no sucedió, sino que muchos de sus compañeros se solidarizaron con su situación y a mediados de octubre, en asamblea, 90 de ellos decidieron comenzar un paro por tiempo indeterminado y apostarse en las puertas de la planta. Esa actitud generó aún más enojo en los directivos del establecimiento, que los acusó de impedir el ingreso y egreso de camiones, “algo que nunca pasó, pero sí bajó su producción porque tenía 90 empleados menos”, sostuvo Mascietti.

Tras lo sucedido, otros cuatro trabajadores pasaron por la misma metodología, sin informarles nada comenzaron a impedirles el ingreso por el solo hecho de realizar el paro.

El abogado contó que ya mantuvieron tres encuentros con la Secretaría de Trabajo de la provincia, “pero ahí los representantes legales de la empresa, o no se presentan o dicen que quieren arreglar, cuando en realidad su único objetivo es despedirlos y sin indemnizarlos”. Los ocho cuentan con más de 10 años prestando sus servicios para esa firma.

Según Mascietti, quienes manejan la firma no quieren dar marcha atrás como una forma de disciplinamiento, “por eso sumaron a los otros cuatro, para que los demás abandonen el paro y vuelvan a sus tareas”. Desde la Secretaría de Trabajo no quieren tomar el caso como una demanda colectiva, aduciendo que son problemas de particulares, en donde sólo un grupo reclama los despidos.

Actualmente rige el decreto 624/2020 que impide los despidos durante la emergencia por la pandemia hasta noviembre, algo que hasta el momento no fue invocado desde la Secretaría laboral para exigir la reincorporación de los ocho empleados relegados. 

“El gremio y la Federación se borraron”

Tanto Hernán Mascietti como Fernando Palma acusaron al Sindicato del Personal de la Industria de la Carne y a la Federación Gremial del personal de la Industria de la Carne y sus Derivados de no representarlos y de connivencia con la patronal. “Se borraron olímpicamente”, aseguró el abogado, quien en su presentación a la cartera de Trabajo solicitó que se los cite a audiencia.

Otro trabajador, Elías Fortunato, acusó a los delegados gremiales, “que, sin embargo, nos hacen todos los descuentos, les pagamos miles de pesos para que nunca den la cara por nosotros”.

Tanto Fortunato como Palma aseguraron que irán hasta las últimas consecuencias, y que no se moverán del acampe en las puertas del frigorífico “hasta que no nos reincorporen o nos paguen cada unos de los ítems que nos adeudan”.

Los cuatro apartados en primer lugar agregaron que solo cobraron hasta agosto, mientras que de septiembre, cuando estaban de licencia por la covid-19, no recibieron remuneración, “me desaparecieron, cuando dejé 15 años de mi vida ahí”, culminó Palma.