La mayoría de los dirigentes gremiales que fueron este miércoles a una reunión con funcionarios del Ejecutivo Municipal para discutir salarios, sabían o tenían indicios previos del porcentaje de incremento que iba a ofrecer el gobierno municipal.

Desde un principio, la reunión no tuvo la característica de una negociación paritaria. Fue convocada de modo informal, como quien llama “a conversar”,  y de ese modo fue organizada por el abogado Javier Masafra con al menos el 80% de los que fueron al convite.

Masafra no tiene cargo, no está designado en la administración municipal, es un antiguo mando medio del por entonces novedoso Ministerio de la Producción que comandaba Gilberto Oviedo, en el primer gobierno de Juan Carlos Romero.

Algunos dirigentes gremiales lo definen como un “facilitador”, el equivalente a un operador menos expuesto, pero de total y absoluta confianza de la intendenta Bettina Romero.

La representación del Ejecutivo Municipal estuvo a cargo del Procurador, Ramiro Angulo, y del secretario de Economía y Hacienda, Daniel Amador, y después de mucho tiempo los trabajadores municipales se sentaron a la mesa para analizar la cuestión salarial, pero el contexto no fue de negociación paritaria, sino de anuncio.

“Estamos trabajando en una situación complicada, con caída de la recaudación, presupuesto muy ajustado; con pandemia de por medio, tuvimos que afrontar numerosos costos y nuestra posibilidad es un 6% de aumento con el sueldo de octubre, no podemos más”, dijo el secretario de Economía.

Los gremialistas tenían la expectativa de recuperar el 10% de incremento retroactivo a julio.

La Municipalidad inicialmente se ajustó al incremento salarial del 20% otorgado por la provincia a principios de año, en tres tramos: 8% en febrero, 8% en marzo y un 4% en junio. Los gremios afirman que este último incremento se otorgo a partir de mayo, pero que la Municipalidad lo pagó recién en junio.

En julio la Provincia añadió un 10% de incremento, con lo cual, los haberes de los empleados públicos provinciales tendrán un 30% de incremento para todo el año. La Municipalidad de Salta no acompañó ese incremento, hasta que en la reunión se anunció que no se puede más que el 6% de incremento.

La reacción de los dirigentes no fue buena, incluyó algunos tramos de tensión, pero del encuentro salió el compromiso que, de ahora en adelante, cada semana habrá una mesa de trabajo para analizar cómo la partes se pueden acercar a porcentajes justos para empleados y Estado municipal.

La UTM fue, pero se retiró

El secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM), Pedro Serrudo, fue a la reunión, pero se retiró al advertir que iban a participar sectores gremiales que no tienen personería gremial, sino solo inscripción y por lo tanto no están habilitados a mantener negociaciones paritarias.

La UTM tiene además declarado un estado de alerta y movilización desde el 20 de octubre, medida que fue comunicada tanto a la Municipalidad como al Ministerio de Trabajo.

Sus reclamos incluyen, además de los salarial con pedido de paritaria el 3 de setiembre, el pronto despacho de unos 300 expedientes con pedido de adicional por título, retenidos en la coordinación Jurídica y Legal, pedidos de adicionales por función y el pago de los doce sueldos que corresponden a jubilados.

La UTM no opinó acerca de la reunión con los demás gremios de la que se autoexcluyó, pero algunos miembros de la conducción dijeron que no están de acuerdo con el 6% de incremento y, de paso, recomendaron observar la lista de sueldos que publicó la Municipalidad en su web, para ver que de acuerdo al costo de la canasta familiar y los datos el Indec, casi el 70% de los trabajadores municipales está bajo la línea pobreza.

El estado de alerta y movilización habilita a la UTM a tomar medidas de fuerza, es probable algún anuncio en ese sentido, lo que seguramente abrirá una nueva instancia de conciliación. Además, en la reunión tampoco participaron el SOEM y ATE municipal.