La explosiva cadena de fuegos con epicentros en los humedales del Delta del Paraná y del Nordeste –90.000 hectáreas en el Delta, 110.000 en Chaco, Corrientes y Formosa– alcanzó uno de sus puntos más críticos en Córdoba. Como en el Litoral, el desastre ambiental fue producto de la rapacidad financiera ligada al agronegocio y a la especulación inmobiliaria, con la connivencia disimulada o dolosa de las autoridades.
En paralelo con otros lugares del mundo, nuestro país transita un proceso de naturalización de la prepotencia de algunos dueños de la tierra, quienes se arrogan el derecho feudal de arrasar con bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales para acrecentar miserable e irresponsablemente sus ganancias. Es por ello que a las recientes denuncias públicas agregamos aquí un llamado extra de alerta.
La foto de esta columna fue enviada por la doctora Josefina Piana, asesora de la Comisión Nacional de Monumentos y una de las expertas internacionales más relevantes en patrimonio jesuítico. Ahí se puede ver una perspectiva adicional del problema, la destrucción de los bienes culturales. En el sector izquierdo de la imagen pueden verse los patios de Oficios, de la Cocina y de la Ranchería, así como el Traspatio, quemados junto al Tajamar y el sistema hidráulico de batán y molino de la Estancia Jesuítica de La Candelaria, Monumento Histórico Nacional y parte del conjunto distinguido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La capilla de los siglos XVII y XVIII y la imaginería colonial atesorada en ella, estuvieron a escasos metros de ser devoradas por el fuego.
Nuestra esperanza está puesta en una determinante iniciativa de la Cámara de Diputados de la Nación, que toma el toro por las astas mediante un proyecto de ley destinado a proteger los ecosistemas arrasados por los incendios, prohibiendo toda modificación que suponga cambios a futuro en las actividades que la superficie afectada tuviese al momento del inicio del fuego. Esta prohibición sería de sesenta años para el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y de treinta años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales y matorrales.
El fundamento basal de este proyecto se emparenta visiblemente con la defensa de esa “Casa Común” a la que alude el papa Francisco en su encíclica Laudato Si, donde reivindica una relación respetuosa con la “tierra que nos precede”, de la que no somos dueños sino meros administradores y custodios, pues “el mandato bíblico de cultivar y custodiar la creación significa hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo para que sea un lugar habitable para todos”.
Lamentablemente, estas sabias y justas exhortaciones no harán mella alguna en la piel coriácea de una ralea desatada de sociópatas para quienes el actual papa no es más que un cripto-comunista, lo que en su concepto prehistórico equivale a la encarnación del Anticristo. Surge entonces la urgente búsqueda de un remedio ante la barbarie de un ecocidio perpetrado a vista y paciencia del pueblo argentino.
En tanto la cuestión nos interpela como ciudadanos antes que como patrimonialistas, estimamos que el perfil más elogiable del proyecto legislativo es su determinación draconiana de imponer penas que tornarían inútiles los futuros beneficios emanados de las quemas. Esgrimir argumentaciones éticas ante quienes sólo hablan el idioma del latrocinio es desperdiciar tiempo y energía, pues a la caterva de los especuladores sólo les preocupa su bolsillo. Que sea entonces la ley el instrumento para poner coto a su codicia, haciendo tronar de una buena vez el escarmiento.
*Profesor Consulto de la UBA. Vicepresidente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
