La fiscalía y las querellas de la familia y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acudieron ante la Cámara Federal de Bahía Blanca "en queja" porque la jueza federal Gabriela Marrón volvió a rechazar "por inadmisible" el planteo para que se realicen medidas de prueba en la causa, y cuestionó duramente a los fiscales para que sean "proactivos" y que se "ajusten a la ley". 

En el escrito al que accedió Página/12, y que lleva a firma de los abogados de Cristina Castro, Adolfo Pérez Esquivel, Margarita Jarque, Carla Ocampo Pilla y Roberto Cipriano García, la CPM aseguró que la magistrada hizo un "impertinente y falaz razonamiento". Eso, señala el texto, "se verifica un intento de clausura de toda medida probatoria que no refiera estrictamente a la muerte", y por la defensa "corporativa que (la jueza) hizo de los miembros de la policía sospechados" en la causa. 

Cristina Castro, madre de Facundo, cuestionó a Marrón al señalar que "lo único que quiere es encubrir a los policías". Castro consideró "nefasto" el fallo mediante el cual la magistrada rechazó casi todas las medidas de prueba solicitadas por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin que intervienen en el caso. Una de esas medidas pedía el allanamiento del destacamento policial de Teniente Origone en busca de rastros, y otra que apuntaba al secuestro de unos 50 teléfonos de efectivos de la bonaerense, en busca de establecer las responsabilidades más allá de los cuatro uniformados ya identificados. 

"El rechazo de la jueza surge de una interpretación sesgada de las constancias de la causa, por lo cual coarta el proceso investigativo que se encuentra en cabeza de los fiscales y produce un gravamen irreparable", dijo la CPM. 

"Denegar las medidas nos impide avanzar sobre la realidad de lo que sucedió el 30 de abril y a posteriori con Facundo. No hay hoy una teoría acabada de lo sucedido, por lo que no es posible descartar la hipótesis más robustecida hasta el momento: la hipótesis policial; menos aún mediante conclusiones que parten de premisas falsas", indicaron los querellantes. 

Se refirieron así a la "valoración que realizó la jueza respecto de la utilidad y pertinencia de las medidas solicitadas que parten de un análisis soslayado y parcial, que torna arbitraria a la resolución: sólo se han tomado en consideración aquellas constancias que se condecían con la interpretación que la Jueza tiene de la causa, no haciendo referencia – para aceptar o descartar – todas aquellas constancias que contrarían a las primeras: las sospechas fundadas que pesan sobre el personal policial".

¿Por qué apelaron?

La CPM advirtió que "si no se concretan las medidas se volverán irreproducibles por el paso del tiempo", como el allanamiento a la comisaría de Origone para revisar partes no exploradas y aplicar técnicas aún no utilizadas. "La resolución que se ha intentado impugnar lejos está de argumentar acabadamente la inutilidad o impertinencia de las medidas propuestas, ya que la Jueza ha desconocido gran parte de la prueba objetiva que sustenta el pedido", dijeron Jarque, Ocampo Pilla, García, Pérez Esquivel y Luciano Peretto. Para la CPM, esas pruebas serían varias

* Las vinculaciones entre los agentes policiales.

* La inexistencia de error en el sistema de geolocalización de un móvil policial de Bahía Blanca ubicado cerca del hallazgo del cuerpo de Facundo sin motivación alguna.

* El fracaso en el intento de descalificar la capacidad técnica del perito de parte que se desarticuló frente a los antecedentes respecto de la capacidad de hallar rastros biológicos en circunstancias similares a las de esta causa que poseen los canes intervinientes. "Se identifica a una persona que había estado 5 meses desaparecida a partir de la búsqueda de 'olores testigos humanos'".

* Los resultados aportados por el Cuerpo Médico de la Corte que vinculan genéticamente a Facundo con el móvil policial perteneciente al Puesto de Vigilancia de Teniente Origone, por un cabello hallado allí.

* "La comprobada vinculación que existe en el caso entre los agentes policiales de Villarino, Bahía Blanca y sus respectivas cúpulas, aunque no escapa a estas partes que la enunciación de los titulares de los celulares requeridos en secuestro expuestos en la resolución de la señora jueza puso en grave peligro la obtención de la información". 

Justicia internacional

"El objeto de la presente causa es la desaparición forzada de Facundo José Astudillo Castro ahora agravada por muerte; cuyas circunstancias de tiempo, modo, lugar y eventual autoría no han quedado despejadas al momento de requerir la prueba vital para proseguir la investigación que la Magistrada actuante ha denegado", señaló la CPM. 

Por eso la entidad recordó que hay expedientes abiertos en los organismos internacionales, ONU y CIDH, ante los cuales el Estado argentino está comprometido. Para la querella de la CPM, Marrón "ha desconocido en su totalidad este marco en un resolutorio infundado e irrazonable, negador de las evidencias probatorias e indicios vehementes (como los hallados en sendos patrulleros, los legajos policiales, las declaraciones de autos, la letra estricta del relevante informe de autopsia, la conclusión infundada y 'como al pasar' sobre la declaración de los testigos de identidad reservada concluyendo sin argumentos válidos que dicha circunstancia no ocurrió donde los mismo señalaron en sus varios y contestes testimonios han declarado sino donde ella cree que debió suceder, debe alertar a los Señores Jueces de la Alzada sobre el obstinado interés en negar la prueba que se requiere a 'cualquier costo'".