La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó un pedido para reabrir la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y pasó a archivo la investigación que, en 2009, ya había cerrado el ex juez Norberto Oyarbide con un sobreseimiento.  

La causa se reabrió durante el gobierno macrista a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) y luego de que Oyarbide renunciara repentinamente a su cargo y lo oficializara en una reunión con el exministro de Justicia, Germán Garavano. Pero ya con la gestión de Alberto Fernández y con nuevas autoridades, la UIF desistió del pedido de reapertura, al argumentar que se trataba de "cosa juzgada írrita".

Al decidir el archivo de la causa, Capuchetti sostuvo que "teniendo en consideración la trascendencia que ha adquirido el pedido de nulidad del sobreseimiento resuelto en el año 2009, corresponde adelantar que lo tendré por desistido en atención a las recientes presentaciones realizadas por la UIF y el MPF". 

La jueza federal resaltó que ambos organismos señalaron que "no existen elementos que permitan conmover las sólidas bases sobre las cuales se asienta la cosa juzgada de aquella resolución". En su momento, Oyarbide había dictado el sobreseimiento basado en un informe del jefe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, Alfredo Peralta, según el cual la pareja presidencial logró justificar el aumento de un 158 por ciento que registró su riqueza en 2008.

"No existe impulso que permita el resurgimiento de la acción penal tal como originalmente se había requerido", concluyó Capuchetti, la histórica secretaria letrada del ex juez federal Sergio Torres, que llegó a ser nombrada jueza con los votos contrarios del kirchnerismo.  

La jueza contempló que la vicepresidenta está siendo juzgada en otros procesos "en los que se la acusa -entre otras cuestiones- de supuestos lucros indebidos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2015, es decir un período temporal que claramente abarca lo aquí denunciado". 

La vicepresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, serán juzgados por lavado de dinero en los casos Hotesur y Los Sauces por el Tribunal Oral Federal 5, que aún no fijó fecha, pero -según fuentes judiciales- se iniciará después de las elecciones de medio término del próximo año. Las dos causas se tramitaron por separado, pero se unificaron en un sólo Tribunal para realizar un único juicio.

Los Sauces es una investigación que se basa en el alquiler de viviendas particulares al empresario Lázaro Báez, en tanto que Hotesur estudia la misma operatoria, pero con la renta de plazas hoteleras.

Por el momento, no está incluida la etapa de presentación de prueba, previa a la realización del juicio, puesto que en el tramo Hotesur resta llevar a cabo un peritaje contable.

Una vez que se asiente la prueba, los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg establecerán la fecha de inicio del proceso, pero la misma será tras las elecciones de medio término del año próximo.