“Empezó con el viejo preocupado por el marido de Sandra, pero parece que a Mauricio le gustó el juguete”, le dijo Mariano Macri al periodista Santiago O’Donnell en su libro Hermano. El juguete eran las escuchas en su época de jefe de gobierno porteño o el espionaje al que presuntamente Mauricio Macri habría dado rienda suelta cuando llegó a la Presidencia. Después de esa publicación, dos damnificados por el espionaje en las cárceles pidieron al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé que cite a Mariano Macri y a O’Donnell a prestar declaración testimonial en la causa que tramita en su juzgado. El magistrado debe resolver en estos días el pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para volver a indagar a los jefes de la AFI y a las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante la era Cambiemos.

La solicitud de citar al hermano menor de Mauricio Macri fue realizada por el exfuncionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Rafael Resnick Brenner y por Jorge Chueco, abogado de Lázaro Báez. Los dos fueron incluidos por los fiscales Incardona y Eyherabide en la veintena de presos que fueron espiados en las cárceles federales por el macrismo. Según ellos, lo que describe el libro de O’Donnell muestra metodologías de conductas análogas a las que se investigan en Lomas de Zamora y remarcaron que la compulsión de Macri por echar mano a las redes de espionaje muestran que no hubo cuentapropismo, como ha venido sugiriendo el expresidente en sus últimas apariciones públicas.

Macri asumió en 2015 todavía procesado por la trama de escuchas ilegales que habían tenido lugar mientras gobernaba la Ciudad de Buenos Aires. La primera noticia de esas intervenciones telefónicas las tuvo Sergio Burstein, familiar de las víctimas del atentado a la AMIA. Si la vigilancia sobre Burstein podía atribuírsele a un interés de Jorge “Fino” Palacios, tras la noticia de que también era escuchado el cuñado del propio Macri quedaron pocas dudas de que el propio jefe de gobierno estaba implicado. Néstor Leonardo continuó como denunciante, pese a que, según contó Mariano Macri, Mauricio le reclamó a Sandra Macri que “desactivara” a su marido. El hermano menor incluso dice que la propia Juliana Awada se involucró porque temía que Mauricio fuera preso. Lo que siguió fue la ruptura del lazo familiar.

“Habrá operado con los servicios de inteligencia. Por algo puso a un amigo de la calaña del Negro (Gustavo Arribas), que por más afecto que le tenga es un tipo bien turbio: para continuar con las escuchas, los seguimientos, las carpetas”, le dijo Mariano Macri a O’Donnell.

El juez y los fiscales deberán evaluar la pertinencia del testimonio de Mariano Macri para la causa. Augé debería definir en los próximos días si amplía las indagatorias de Arribas, Silvia Majdalani y el grupo de los Super Mario Bros por el espionaje en las cárceles. También deberá decidir si convoca por primera vez a tres altos funcionarios de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos de la AFI y a otros altos integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), incluido su exdirector Emiliano Blanco. Los fiscales pidieron 25 indagatorias la semana pasada, que también incluyen a miembros del área de Operaciones Técnicas de Contrainteligencia, que habrían “cableado” la alcaidía provincial de Melchor Romero.

Se espera que Augé comunique su decisión en los próximos días y establezca un cronograma para avanzar con esas declaraciones. Como primera medida, el juez ya rechazó el planteo de recusación que había formulado el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que ya fue indagado. Se presume que, en cuanto termine la ronda de indagatorias pedida por los fiscales, ellos y Augé deberían resolver la situación procesal de Nieto, Arribas, Majdalani y la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, lo que podría llevar un par de semanas.

La pelea con Py

La principal apuesta del macrismo pasa por sustraer la causa de espionaje de la jurisdicción de Lomas. La semana pasada, llegó un tramo de la causa a la Cámara Federal de Casación para que se defina la competencia. El tramo en cuestión corresponde al espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en el departamento de Juncal y Uruguay, donde la AFI destinaba automóviles y agentes para controlar los movimientos de la entonces principal líder opositora a Macri. Por esos hechos ya están procesados Arribas, Majdalani, el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y Alan Ruiz, que oficiaba de director de Operaciones Especiales. Esos procesamientos están apelados en la Cámara de La Plata, pero Arribas maniobró en Comodoro Py para llevar la investigación hacia ese edificio tan propicio para el macrismo. El camarista Mariano Llorens le dio la razón y mandó el viernes pasado el expediente a la Sala I de Casación.

Arribas recusó a una de las camaristas que deben intervenir, Ana Figueroa, por haber denunciado las presiones de un funcionario macrista, Juan Bautista Mahiques (actual fiscal general de la Ciudad), que derivaron en una causa sobre el accionar de la mesa judicial de Cambiemos, a la cual se sentaba el propio Arribas --según correos que se encontraron en la AFI--. Los otros dos integrantes de la Sala, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, deben todavía resolver si Figueroa seguirá interviniendo en el expediente. En la Cámara Federal de La Plata, tribunal de alzada de Lomas de Zamora, esperan expectantes las definiciones del máximo tribunal penal.